DERECHOS Y POLÍTICAS SOCIALES

DERECHOS Y POLÍTICAS SOCIALES

Un escenario en el cual “los derechos humanos sean pisoteados, el imperio de la ley menospreciado y las opiniones y necesidades de los ciudadanos ignoradas por gobiernos insensibles y nada representativos”, fue advertido por Kofi Annan como un obstáculo formidable que puede impedir el proceso de desarrollo (K. A., Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos, ONU, Doc. A/59/2005). Por incómodo que pueda resultar, este escenario describe un importante segmento de la realidad de México.

Desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización  de las Naciones Unidas, incluyó no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. En su artículo 25 establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Durante casi un cuarto de siglo de perseverante aplicación en México, el modelo económico neoliberal ha traído consigo no sólo una tremenda regresión en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mayorías nacionales —incluidos los derechos expresamente establecidos en nuestra Constitución General—, sino también la parálisis del crecimiento del PIB

per cápita, verificándose así la relación de causalidad advertida por Kofi Annan: la sistemática negación de los derechos económicos y sociales de amplios segmentos poblacionales, así como la ignorancia de las opiniones y necesidades de la ciudadanía por gobiernos que sólo parecen representar los intereses de poderosos grupos económicos, han provocado en México la detención del proceso de desarrollo. Estamos por concluir cuatro sexenios perdidos para el crecimiento económico, en los cuales el PIB per cápita apenas se ha incrementado a una tasa media de 0.6% anual (durante el periodo 1983-2005); en este lapso, los salarios mínimos han perdido 67.9% de su poder de compra; veinte millones de mexicanos han caído en la pobreza y la indigencia; y más de siete millones de mexicanos han emigrado allende la frontera norte en busca de empleos que no encuentran en nuestra patria. Así, el menosprecio de los derechos humanos (económicos y sociales), ha venido de la mano con la ineficiencia de una estrategia económica incapaz de acrecentar la riqueza nacional percápita, aunque beneficie a ciertos intereses especiales.

El paradigma ideológico y el programa operativo que sirvieron para justificar e instrumentar esta estrategia económica ineficiente e inequitativa vinieron de fuera: el modelo teórico-económico que el profesor Joseph Stiglitz denomina “fundamentalismo de mercado” y su derivado decálogo de “reformas estructurales” y “disciplinas macroeconómicas” del consenso de Washington.

Sin embargo, algo nuevo hay bajo el sol: el análisis de la problemática del desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos, promovido destacadamente en el ámbito internacional por la Organización de las Naciones Unidas (especialmente desde la Cumbre del Milenio realizada en septiembre de 2000), se ha convertido en una importante corriente de aire fresco en el pensamiento económico que hoy emerge del  postconsenso de Washington. El renovado énfasis en el análisis de la relación entre el desarrollo y la equidad —que en las sociedades modernas significa, precisamente, ejercicio de los derechos humanos—, es hoy asumido incluso por el Banco Mundial.

Después de constatar las profundas desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales existentes al interior de numerosos países (y entre países), el Banco Mundial —en su acuciosa indagación sobre “Equidad y Desarrollo”, que integra su Informe sobre el desarrollo mundial 2006 — señala dos razones para atemperar tales desigualdades. “La primera razón es que, por sus interconexiones y sus resistencias, esas desigualdades hacen que algunos grupos tengan oportunidades —económicas, sociales y políticas— sistemáticamente inferiores a las de los demás ciudadanos. La mayoría de personas consideran que esas disparidades palmarias violan su sentido de la justicia”, lo cual “coincide con las enseñanzas de la mayoría de las filosofías políticas y con el sistema internacional de derechos humanos”.

La segunda razón para atemperar las desigualdades consiste en “la relación instrumental que existe entre la equidad y el desarrollo”. “Si los mercados son imperfectos, las desigualdades de poder y de riqueza se traducen en desigualdad de oportunidades, lo cual genera una pérdida de potencial productivo y una asignación ineficiente de los recursos”. Además, “un nivel elevado de desigualdad económica y política suele crear instituciones económicas y sociales que favorecen sistemáticamente los intereses de quienes tienen más influencia”, de manera que muchas imperfecciones que se observan en los mercados probablemente “no se produzcan por accidente, sino porque tienen el efecto de distribuir los ingresos y el poder de manera determinada”.

Ahora bien, puesto que las instituciones determinan las reglas del juego y los incentivos para las actividades económicas, cuando son sustantivamente inequitativas —favoreciendo intereses especiales—, resultan perjudiciales para la mayor parte de los agentes económicos —empresarios, asalariados y trabajadores por su cuenta—, de manera que afectan negativamente el desarrollo de la economía nacional en su conjunto. Esto es también reconocido por el Banco Mundial: “La desigualdad de poder conduce al establecimiento de instituciones que perpetúan las desigualdades en cuanto a poder, condición social y riqueza, y suelen ser perjudiciales para la inversión, la innovación y la voluntad de asumir riesgos en que se basa el crecimiento a largo plazo”. Contrario sensu, “un aumento de la equidad llevará consigo un funcionamiento más eficiente de la economía, una reducción de los conflictos, un aumento de la confianza y un mejoramiento de las instituciones, con los consiguientes beneficios dinámicos sobre la inversión y el crecimiento”.

En consecuencia, para escapar del binomio perverso de la desigualdad y la ineficiencia económica, donde el PIB per cápita no crece pero se redistribuye en favor de los que más tienen, una de las directrices primordiales de una estrategia eficiente de desarrollo consiste en cumplir los compromisos que México adquirió en la Cumbre  del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre 2000, la Declaración del Milenio establece el compromiso de las naciones de “respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos”, logrando “la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas en todos nuestros países”. Cinco años después, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en un informe de resultados de la Cumbre del Milenio, señaló: “Los países bien gobernados y que respetan los derechos humanos de sus ciudadanos están en mejor situación para superar los obstáculos del desarrollo”.

Por el contrario, si México se mantiene aferrado a los dogmas del Consenso de Washington, cuya aplicación ha traído consigo el binomio perverso de ineficiencia e inequidad, con la consiguiente regresión en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mayorías nacionales, jamás encontrará el camino del desarrollo. Bajo un escenario de apego a la ortodoxia neoliberal, en el cual la economía mexicana mantenga la tasa media de crecimiento económico observada durante los veintitrés años de su perseverante instrumentación (2.38% anual durante el periodo 1983-2005), al término del primer cuarto del siglo veintiuno México continuará siendo un país subdesarrollado. Nuestro PIB por habitante en 2025 será de 9 900 dólares anuales (a precios de 2005), inferior a los 10 000 dólares per cápita que marcan la frontera entre los países industrializados —o de altos ingresos— y los países subdesarrollados.

Por fortuna existe otra opción: si México se atreve a sacudirse los dogmas del Consenso de Washington, diseñando endógenamente su propia estrategia de desarrollo e inserción eficiente en la economía global, es factible —como lo muestran las evidencias empíricas internacionales de las economías exitosas, herejes al consenso de Washington, así como nuestra propia experiencia histórica— que nuestra nación reencuentre el camino del crecimiento económico sostenido, por lo menos a una tasa media similar a la observada bajo el modelo económico precedente al neoliberal (6.1% anual durante el periodo 1934-1982). En este escenario, México alcanzará un PIB per cápita de 20 213 dólares en 2025, dejando atrás el subdesarrollo para incorporarse al selecto club de países industrializados o de altos ingresos.

La clave consiste en atreverse a cambiar. De otro modo, la historia de nuestro pasado reciente —casi un cuarto de siglo perdido para el desarrollo— será el espejo de nuestro futuro. Causas iguales producen efectos iguales: durante veintitrés años, la estrategia neoliberal ha traído consigo —debido a su fundamentalismo macroeconómico centrado en la inflación y no en la economía real— los repetidos ciclos de freno y arranque, que han originado un volátil y exiguo crecimiento agregado del PIB per cápita, de la inversión productiva y del empleo; además, a causa de su aperturismo comercial a ultranza, combinado con repetidos procesos de sobrevaluación de nuestra moneda y con la supresión o achicamiento de las políticas de fomento económico general y sectorial, esta estrategia ha profundizado la desarticulación interna y la desigualdad tecnológica y de productividad entre los distintos sectores y ramas de la economía, con un escaso crecimiento del empleo formal y un creciente desempleo encubierto en el sector informal (de baja tecnología y productividad); y ha provocado, en consecuencia, el ensanchamiento de las desigualdades en la distribución del ingreso y el incremento de la pobreza.

Para escapar del extravío neoliberal es necesario realizar un magno esfuerzo de buena fe e inteligencia ciudadana a fin de diseñar e instrumentar una nueva estrategia económica que realmente nos conduzca hacia el camino de la prosperidad y que, en consecuencia, asegure a cada mexicano de opción certera de una existencia digna, es decir el ejercicio pleno de sus derechos humanos, incluyendo los económicos y sociales.

En esta perspectiva, una estrategia consistente de desarrollo con equidad debe comprender —según lo muestran las evidencias empíricas internacionales de los países exitosos, reflejadas en los consensos básicos de la mayoría de los economistas del desarrollo—, por lo menos los siguientes cursos de acción (ampliamente argumentados y detallados en la colección de libros

Agenda para el Desarrollo) Primero, políticas macroeconómicas contracíclicas para minimizar la volatilidad en el crecimiento económico, que no sólo genera una grave subutilización promedio de la capacidad productiva instalada, afectando la productividad agregada y las utilidades empresariales; sino que reduce las tasas medias de crecimiento de la inversión y, en consecuencia, de generación de nuevos empleos. Segundo, políticas de fomento económico  general y sectorial que amplíen y mejor en la infraestructura, impulsen el desarrollo de las ramas productivas estratégicas y estimulen los encadenamientos productivos, con énfasis en la generación de mayor valor agregado y en la más alta generación de empleos. Tercero, políticas educativas, de desarrollo científico-técnico, capacitación laboral e inducción de la innovación, que contribuyan a la elevación general de la productividad y favorezcan, en particular, la creación y desarrollo de “industrias del conocimiento”. Cuarto, políticas sociales de cobertura universal (además de un sistema eficiente de educación pública, sistemas eficaces de salud, seguridad social, alimentación, vivienda digna, etc.), combinadas con una estrategia claramente orientada a mejorar gradualmente la distribución del ingreso, a fin de lograr un México más equitativo e incluyente, con un robusto mercado interno. Quinto, programas específicamente orientados a la atención de los grupos sociales más vulnerables y rezagados (ergo, marginados), a fin de romper los círculos viciosos de pobreza a través del acceso —con la celeridad de un programa emergente— a los satisfactores básicos de alimentación, vestido y vivienda, así como a los servicios de salud, educación, infraestructura (agua potable, caminos, etc.), y a través de programas microeconómicos y microrregionales que impulsen la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos locales.

No hay que olvidarlo: una nación que por el desempleo, el subempleo o la marginación, sólo está aprovechando la mitad de sus recursos humanos, está desperdiciando la mitad de sus posibilidades de generar riqueza. Contrario sensu, la plena incorporación de todos los segmentos sociales a las tareas y los beneficios del desarrollo es palanca fundamental del crecimiento económico sostenido con equidad; pero la garantía de su permanencia en el largo plazo está asociada —como se muestra con rigor analítico y propositivo en este libro— al desarrollo de nuestro sistema jurídico y político a fin de asegurar el cabal ejercicio y la efectiva exigibilidad de todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) de los mexicanos.

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