EL PODER LEGISLATIVO MEXICANO TOMO I

EL PODER LEGISLATIVO MEXICANO TOMO I

Desde antiguo, las comunidades sedentarias, el hombre en sociedad, ha buscado afanosamente la manera de organizarse, en la que el poder le sirva, que le permita realizarse y ser feliz. Dejando atrás las visiones teocráticas y absolutistas, se aprovechó la idea del Estado, no como entelequia, sino como creación intelectual, para sostener que el poder político, legítimamente constituido, debía asociarse a conceptos como soberanía, división de poderes y representación política; esto es, paulatinamente, el mundo occidental solidificó la tesis de que el ejercicio del poder debía sustentarse en la legitimidad del mandato popular y, por ello, el hombre, en tanto ciudadano, parte del pueblo, es la fuente del poder.

Son los seres humanos quienes construyen el Estado, crean sus instituciones y leyes, y ejercen su mandato a través de sus representantes. De esa suerte, los diques y los cauces de ese inmenso poder creador, se consignan en la Constitución, cuyo continente es pacto político y social, y cuyo contenido son derechos variopintos y una organización pública -gubernamental y social- al servicio de las personas.

El constitucionalismo mexicano nunca ha sido igual. En nuestros casi 200 años de vida independiente, hemos ensayado formas de estado –federalismo y centralismo-, formas de gobierno –república y monarquía- y ha habido tiempos en los que el Congreso se ha impuesto al Presidente y, los más, en los que este último ha predominado respecto de aquél. Sin embargo, en el nuevo tiempo mexicano, las expectativas ciudadanas respecto del poder público que fue instituido para su servicio, demandan más y mejores resultados del aparato gubernamental, el ensanchamiento de sus derechos y los mecanismos para asegurar su cabal ejercicio.

Los principios y valores que constituyen el hilo conductor de la historia constitucional, son propios de nuestra evolucionada cultura jurídica; los derechos indiscutibles a la libertad y a la igualdad puestos al día, correlativos al deber jurídico de las autoridades, de ofrecer seguridad en, al menos, dos acepciones: la seguridad jurídica que da certeza a las relaciones de toda naturaleza, especialmente las derivadas de la actuación pública, y la seguridad humana, la protectora de la integridad física de las personas y de su patrimonio, principalmente.

En otras palabras, la existencia plena del Estado de derecho, el apercibimiento de que todos, empezando por quienes la elaboran, estamos sometidos al imperio de la ley. Y a esta expresión convertida en un credo cívico, habrá que agregar el adjetivo “democrático”; esto es, que lo democrático debe convertirse en un modo de ser colectivo, no sólo un vehículo para acceder al poder público, sino una manera de ejercerlo. Desde la perspectiva del Estado democrático de derecho, el poder se genera de la periferia al centro, de abajo hacia arriba y se ejerce horizontal y no verticalmente; se transparenta su ejercicio y se rinden cuentas permanentemente a los mandantes, a la comunidad, a los ciudadanos, a los representados, y es aquí, exactamente, donde cobra relevancia la función legislativa.

Por su composición plural y su integración colegiada, es el poder popular por antonomasia, depósito singular de la soberanía. Es la mejor expresión de la democracia, de la sociedad de las muchas voces, donde el ejercicio del poder mediante la representación ciudadana está encauzado y regulado por la Constitución y la ley, mediante controles jurídicos y políticos, generadores de equilibrio, al interior del Legislativo, y en la relación de éste con otras manifestaciones del poder público.

Su fuerza e importancia se basan en que, en la concepción moderna del Estado, todos somos iguales y, en consecuencia, a todos corresponde hacerse cargo de las preocupaciones públicas; no obstante, ante la imposibilidad material de participar en la discusión y resolución de los innumerables asuntos de interés general, se ha solidificado la vía del mandato popular, de la representación política, las decisiones tomadas a nombre de la comunidad, convertidas en leyes, que deben ser convenientes y justas.

De ahí la importancia de la presente obra. Su evolución histórica, la modernización del quehacer parlamentario a la luz de un nuevo constitucionalismo requiere una revisión a fondo, de modo que lo acerque a los ciudadanos; que cubra sus expectativas y satisfaga sus necesidades e introduzca los mecanismos necesarios para establecer una relación clara, fluida y eficaz.

Reconocer las condiciones en las que se ha ejercido la responsabilidad legislativa, a lo largo de dos siglos de existencia como Nación independiente, es el objetivo de esta obra; lo es también advertir sus grandes cambios, así como los desafíos enfrentados, convertidos en oportunidades, que han permitido que México salga adelante con un cuerpo normativo robusto, apegado al texto y al espíritu de la Constitución. Esa trascendencia se percibe a lo largo de estas páginas que muestran un camino andado con altibajos, pero siempre colmado de esfuerzo y patriotismo.

Por ello, estoy convencido de que siendo el vínculo más cercano entre ciudadanos y gobierno, el Poder Legislativo debe ser protagonista de la política mexicana contemporánea, en aras de consolidar los valores de la democracia del siglo XXI.

Para conseguirlo es necesaria una reingeniería del poder público y un rediseño institucional del Congreso, asegurando que la democracia cotidiana sea útil; que tienda más hacia la construcción de consensos que a la exclusión de lo distinto, lo cual requiere, también, de una transparencia absoluta y una rendición de cuentas permanente y, por supuesto, que entregue muchos y muy buenos resultados a la ciudadanía. Debe ser tarea de los actores políticos, desde cualquier ámbito en el que se desempeñen, contribuir a que los ciudadanos valoren y respeten sus instituciones, pero también asuman como propio lo que se resuelva en su nombre.

Tratándose de las adoptadas en las cámaras, éstas deben reflejar tanto la voluntad de la mayoría como la visión de las minorías, expresión de la rica diversidad de nuestra sociedad, más allá de la coyuntura y de las visiones dogmáticas.

Esto sólo se puede lograr si nos hacemos cargo de la trascendencia social, política y económica de las decisiones del Legislativo. Para todos es evidente lo arduo y complejo del trabajo parlamentario, con tendencia siempre creciente. Este poder tiene claro su cometido: construir, a partir de la pluralidad, nuevas instituciones y normas que mantengan a la persona humana en el centro del interés público; que favorezcan una participación ciudadana más activa en la toma de decisiones públicas y en todos los aspectos de la vida cotidiana; que posibiliten el ejercicio pleno de los más amplios derechos, con gobiernos respetables por su correcto desempeño.

Con esta obra quiero contribuir a que se reflexione y pondere el papel crucial del Poder Legislativo en México, pues la función parlamentaria no ha sido, y cada vez será menos, una tarea sencilla. Se trata de la alta responsabilidad de ser representantes de la abigarrada sociedad nacional; de que el activo de lo diverso transite de la tolerancia al respeto y, de éste, a la colaboración, para contribuir, cotidianamente, a la consolidación de nuestro sistema democrático; en la acepción mexicana de democracia: un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Sin lugar a dudas, éste es el ámbito de la vida pública nacional donde sigue elaborándose, con convicción patriótica y visión popular, el fino tejido normativo en el que se entrelazan los elementos indispensables para consolidar nuestra gran Nación: la libertad, la justicia y la paz.

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http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiii/pod_leg_mexI.pdf

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