EL PODER LEGISLATIVO MEXICANO TOMO II

EL PODER LEGISLATIVO MEXICANO TOMO II

Un fuerte movimiento constitucionalista comenzó en el mundo a fines del siglo xviii, con la independencia de las 13 colonias norteamericanas y la expedición de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, hecho trascendental en el mundo occidental, al que sucedió la revolución francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; y todo ello influyó en la situación política de muchas colonias ultramarinas.

Por supuesto que las demandas de mayor libertad e igualdad de esas posesiones no eran nuevas, pero no tenían alguna otra alternativa para lograr un cambio, más que las concesiones que las monarquías absolutistas “graciosamente” les otorgaran. Cuando las nuevas ideas políticas sobre el estado, la soberanía, el gobierno y el control del poder abrevaron de la experiencia de los Estados Unidos y Francia, donde se acreditó que un cambio total del “viejo régimen” era posible si se basaba en la elección de representantes de la sociedad y se creaban constituciones que rigieran para todos y brindaran garantías a sus habitantes.

Con estos antecedentes no tardaron en germinar esas pretensiones políticas en las colonias españolas a principios del siglo xix –y la francesa, que es el caso de Haití en la última década del siglo xviii– en América. Naturalmente que el camino seguido por las naciones americanas tras los acontecimientos derivados de la invasión napoleónica a España en 1808 y los sucesos que devinieron en las primeras experiencias constitucionalistas (el Estatuto de Bayona de 1808 y la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812), no fue sencillo, ni mucho menos, similar al que habían recorrido las 13 colonias. Su lucha por la independencia contra las autoridades virreinales se prolongó por años, y a pesar de que todas ellas atendieron las convocatorias para elegir a sus representantes a las Cortes y en la elaboración de la constitución gaditana, poco se pudo hacer por esta vía.

Lo más importante es que conocieron y adoptaron las reglas y el ejercicio de la función legislativa que -más tarde, y luego de obtenida la independencia-, fueron la base sobre la cual se edificaron las nuevas naciones. En el mismo sentido, cada país libre comenzó su propia historia política y legislativa, no sin tropiezos y con adecuaciones a la Constitución que comenzó a regir sus destinos.

En el caso de nuestro país, las difíciles condiciones que existieron durante todo el siglo xix por los conflictos entre los diversos actores políticos –partidarios de la monarquía contra los de la república, federalistas contra centralistas, liberales contra conservadores, entre otros–, así como la intervención de otros países, no permitieron consolidar el proyecto que los primeros constituyentes y partidarios del sistema federal habían planeado, pues, como han señalado notables especialistas sobre la historia del México decimonónico, se trató de reproducir el modelo que los Estados Unidos habían creado para ellos, prácticamente sin mayores discusiones ni cambios, pese a los antecedentes políticos del país, como fue su pasado colonial y las diversas regiones que lo componían, así como la organización política y administrativa derivada de la Constitución de Cádiz.

 No debemos olvidar que tras la independencia, México poseía más de cinco millones de kilómetros cuadrados de extensión y abarcaba desde los actuales estados norteamericanos de California, Nuevo México, Arizona y Texas en el norte, hasta lo que hoy forma parte de Nicaragua y Costa Rica en el sur –cuando las Provincias Unidas de Centroamérica se unieron, de manera libre a México, entre 1822 y 1823–, con una amplia diversidad poblacional y cultural, y ya existían asentamientos de colonos norteamericanos en la Provincia de Coahuila y Texas2 –lo que más tarde dio origen a la independencia de Texas y su anexión a los Estados Unidos, motivo de la guerra entre ambos países y que tendrá como consecuencia la pérdida de más de la mitad del territorio en 1848.

En menos de 50 años, nuestro país padeció los ataques de los partidarios del sistema monárquico, entre 1821 y 1823, y de 1863 a 1867, lo cual vulneró al incipiente Poder Legislativo que había logrado establecerse como expresión de la división de poderes, una de las decisiones primigenias del Estado y gobierno mexicano.

En no pocas ocasiones, los conflictos internos fueron de tal magnitud, aunque de breve duración, que significaron cambiar de régimen: de una república federal a una de carácter unitario aunque su vigencia no fue más allá de 11 años, para regresar al federalismo en 1847. Pese a la brevedad del centralismo, durante este periodo fueron convocados tres congresos constituyentes y se expidieron dos constituciones, y en ese mismo lapso el país sufrió dos intervenciones, una de Francia –llamada “Guerra de los Pasteles”– en 1838 y otra con los Estados Unidos –la “Guerra de 1847”– entre 1846 y 1848. Fue justamente el congreso constituyente federalista que promulgó el Acta constitutiva y de reformas de 1847 el que devolvió la fortaleza al Poder Legislativo cerca de la mitad del siglo antepasado y restableció el sistema federal, pese a estarse viviendo el momento más difícil de la guerra con los Estados Unidos, y los integrantes del congreso debieron salir de la capital del país y establecerse en Querétaro, capital provisional de la Nación.

Dentro del propio Poder Legislativo hubo cambios que afectaron su desarrollo, como la supresión de la Cámara de Senadores en 1857; pero al evaluar sus funciones –y tras el triunfo de los liberales una vez finalizado el Segundo Imperio-, la institución senatorial se restableció en 1874.

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