LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PERIODISMO EN MÉXICO

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PERIODISMO EN MÉXICO

Michel Forst, relator especial de la onu sobre la situación de los defensores de derechos humanos, declaró durante su visita a México a inicios de 2017, que nuestro país “se había convertido en uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo”.

Desde entonces, la situación ha empeorado considerablemente con 42 casos más de asesinatos de periodistas, según el informe de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, de abril de 2018. La mayor parte de las veces, estos homicidios se realizan a plena luz del día como ocurrió con Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, o Miroslava Breach en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tan sólo en los primeros cinco meses de 2018, cuatro periodistas ejecutados más han engrosado la lista. El deterioro constante en las condiciones de trabajo de periodistas e informadores en nuestro país ha despertado la atención internacional.

Entre 2013 y 2014, Freedom House e International Center for Journalists documentaron, en su Mapa de periodistas en riesgo, más de dos centenares de casos de agresiones de todo tipo: físicas, psicológicas, digitales o legales, contra periodistas e informadores en diferentes regiones del país. La mayoría de estas acciones provinieron de las fuerzas de seguridad de todos los niveles, así como de alcaldes, funcionarios de gobierno e incluso de legisladores. Con frecuencia, las organizaciones delictivas cometen estos ataques letales, homicidios, secuestros y atentados a las instalaciones de los medios, la mayoría de los cuales se mantienen en la impunidad, y la tendencia, lejos de disminuir, se ha mantenido.

A raíz del asesinato de Javier Valdez en mayo de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ante el Comité de Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, a dar prioridad a la protección de periodistas y defensores. Pero en realidad poco se ha avanzado en el tema, y la violencia continúa.

La situación de los comunicadores debe comprenderse a la luz de la impunidad y la falta de confianza en las instituciones de seguridad y justicia prevalecientes. El reciente diagnóstico de World Justice Project sobre el Estado de Derecho en México, sitúa al país en uno de los lugares más bajos del mundo en su índice global, con una puntuación menor que la de Sri Lanka o Filipinas. En México, menos del 5 por ciento de los delitos graves han resultado en una consignación. De acuerdo con el International Crisis Group, en los primeros cuatro meses de 2017 —el año con el mayor número de homicidios dolosos registrados en varias décadas— se perpetró un promedio de tres homicidios por hora.

Vastas regiones del país están dominadas por organizaciones criminales que han logrado aprisionar a las instituciones de seguridad y justicia en los tres niveles de gobierno, garantizando así su impunidad.

En 2010, los mecanismos especiales para proteger la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron su primera visita conjunta para examinar el estado de la libertad de expresión en México. El resultado fue un duro informe lleno de recomendaciones, muchas de ellas incumplidas o cumplidas a medias, retomadas por varios Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la onu cuando en 2013 México rindió su Examen Periódico Universal ante este organismo.

A finales de 2017, se repitió la visita de escrutinio de los relatores, y volvieron a insistir en la necesidad de atender la grave inseguridad de los periodistas a lo largo y ancho del país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, ha emitido tres recomendaciones generales sobre la situación que guarda la libertad de prensa, y una específica sobre el empleo de la publicidad oficial en los medios de comunicación. Las últimas dos administraciones —la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto— no han sido del todo indiferentes a la presión.

Como respuesta a la visita de los relatores y a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, en 2010 se creó un mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, que en realidad comenzó a funcionar dos años después, a partir de la promulgación de la Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A la fecha, este mecanismo ha brindado algún tipo de protección a más de medio centenar de personas, entre periodistas y defensores de derechos humanos.

De la misma manera, las facultades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (feadp), establecida durante el gobierno de Felipe Calderón, se expandieron para dar lugar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (feadle), a la que se le otorgó, además, la facultad de atracción de delitos contra periodistas perpetrados en las entidades federativas. Lamentablemente, la eficacia de estas respuestas institucionales deja mucho que desear, y el problema de fondo, la impunidad estructural y la captura de las instituciones, permanece intocado.

Si bien el gobierno no ha logrado proteger plenamente a los periodistas e informadores de los ataques a los que están expuestos, es también el causante de un número alarmante de éstos. El informe de Forst, refiere cómo las detenciones arbitrarias se emplean para silenciar a la disidencia y controlar a los movimientos sociales.

La Ciudad de México se distingue por el empleo de esta práctica, pero no es la única entidad en donde se reportan ataques a la prensa en el contexto de movilizaciones sociales y actos de protesta. Los códigos penales de un buen número de estados todavía castigan la difamación y la calumnia con penas privativas de la libertad, lo cual se utiliza como un eficaz disuasivo para el ejercicio de la libertad de prensa, así como un poderoso incentivo para el ejercicio de la autocensura.

Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Comunicación Social, por medio de la cual se legaliza la asignación discrecional de recursos para contratar publicidad gubernamental, sin establecer un control de gastos de publicidad oficial ni topes a los mismos. La Secretaría de Gobernación —o su equiparable a nivel local— asigna la publicidad oficial sin ningún criterio preestablecido, lo que deja a los medios a merced de su relación con las autoridades. Con la promulgación de esta ley, se incentivó el control de los medios y la práctica de la autocensura dentro de los mismos, además de que no cumple con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de amparo, que dio lugar a la discusión de la misma en el Congreso.

La ley contraviene la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 señala: La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.

Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. La Encuesta Nacional 2016 sobre libertad de expresión y ejercicio del periodismo en México, elaborada por Parametría, la Universidad Iberoamericana, Freedom House México y la Fundación Este País, que conforma la columna vertebral de este libro, da cuenta cabal de lo anterior.

Las presiones internas y externas a las que están sometidos los periodistas e informadores en nuestro país son múltiples y poderosas. Lejos de modificarse, se fortalecen, ya sea por la omisión de las acciones del Estado, o por la institucionalización de prácticas autoritarias, como las descritas brevemente.

Periodistas e informadores laboran en condiciones difíciles y precarias. Los datos de la encuesta lo señalan con elocuencia: un número alarmante de los entrevistados opinó que la censura se ejerce desde el interior de los medios de comunicación, y un número casi equivalente opina que también se ejerce por elementos o agentes externos. No sorprende entonces que, por séptimo año consecutivo, se nos califique como un país no libre en materia de libertad de expresión.

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http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiii/lib_exp_permex.pdf

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