La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Los compromisos que el Estado mexicano ha asumido en los últimos años han generado la necesidad de sintonizar la Constitución con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En este sentido, la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 hace explícito en el artículo 1o., párrafo primero, que los derechos de los que gozamos las personas no se agotan en los 136 artículos de la Constitución, sino que deben complementarse con los reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Esta nueva redacción trae consigo el reconocimiento de un abundante cuerpo jurídico de origen internacional y, principalmente, una forma de concebir la relación entre el Estado y las personas, orientada a ampliar su ámbito de protección.

De conformidad con esta disposición, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes: los derechos humanos reconocidos en la Constitución y todos aquellos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En consecuencia, las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Lo anterior fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la contradicción de tesis registrada bajo el número 293/2011, en donde se determinó que los derechos humanos de fuente internacional en materia de derechos humanos tienen la misma e­ficacia normativa, en tanto protectores de los mismos, siempre y cuando brinden mayor protección que la Constitución.

En este sentido, los tratados internacionales pueden ser utilizados para completar la perspectiva del elenco de derechos reconocidos en la Constitución, existiendo la posibilidad de integrar un “bloque de constitucionalidad”, como se le conoce en algunos países, compuesto por los derechos asegurados por la Carta Magna y por los tratados internacionales que se hayan rati­ficado, lo que genera una retroalimentación recíproca entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.

Por su parte, el artículo 1o., segundo párrafo, diseña un orden constitucional fundado en la dinámica propia de los derechos humanos, al incluir la interpretación conforme, principio por el que las autoridades del Estado, muy especialmente los jueces, se obligan, en la interpretación de una norma de derechos humanos, a observar que la misma esté no sólo de acuerdo con la Constitución, sino también con los instrumentos internacionales.

Respecto a este tema, la SCJN resolvió que todos los juzgadores, con independencia de su materia y de su jurisdicción, están obligados a verifi­car en los asuntos que conozcan que las leyes que aplican se ajusten a la Constitución Federal y a los tratados internacionales ­firmados por México sobre derechos humanos, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate; es decir, todos los juzgadores están obligados a realizar un control de convencionalidad dentro de un modelo de control difuso de constitucionalidad, con la ­finalidad de no aplicar normas ni validar actos u omisiones que contravengan tanto la Constitución como los tratados internacionales.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSUPDH10-1aReimpr.pdf

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