COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO DE LA CONSULTA INDÍGENA EN MÉXICO: ENFOQUE DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE MEGAPROYECTOS

COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO DE LA CONSULTA INDÍGENA EN MÉXICO: ENFOQUE DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE MEGAPROYECTOS

PRSENTACIÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha conocido casos ocurridos en distintas zonas geográficas del país en los que se ha omitido la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas en el diseño, planeación, ejecución y operación de proyectos de gran escala o que se han implementado sin cumplir con estándares nacionales e internacionales. Frecuentemente, los pueblos indígenas se encuentran en una posición vulnerable frente a las actividades empresariales.

En ocasiones, la ausencia de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada ha implicado el despojo de estos pueblos y comunidades de sus territorios, desplazamientos internos de la comunidad, desabastecimiento, deterioro, contaminación o inaccesibilidad a recursos naturales (como el agua), afectaciones al medio ambiente en la zona en la que viven, la división entre integrantes de comunidades y conflictos internos; así como la criminalización de líderes indígenas, sociales y personas defensoras de derechos humanos u opositores al desarrollo de proyectos.

Esto ha significado, en ocasiones, el abandono del Estado de estos colectivos minoritarios y en situación de vulnerabilidad. La Comisión Nacional advierte que en torno a la consulta indígena confluyen intereses y derechos de distintos actores.

El Estado es el principal obligado en impulsar el desarrollo sustentable del país y de propiciar las condiciones necesarias para que se genere la infraestructura necesaria que satisfaga las demandas de la población, incluidas las personas indígenas. Las empresas, como inversoras y desarrolladoras, tienen un interés económico y un derecho a la libertad del comercio, pero también un deber de respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.

La Comisión Nacional está convencida de que, las empresas al participar y colaborar con los pueblos indígenas, generan relaciones virtuosas de confianza que son benéficas para los colectivos indígenas, y para el éxito y crecimiento sostenible de las actividades de las empresas, puesto que estas relaciones de confianza se traducen en ausencia de conflictos y la denominada “licencia social” para operar y desarrollar los proyectos sin pérdidas. Se evita la suspensión de trabajos, los retrasos en los proyectos, los litigios, las negativas gubernamentales de otorgar permisos y autorizaciones, lo que redunda en mala reputación empresarial.

Confluye el interés de las comunidades y pueblos indígenas por sus intereses de índole cultural, religioso, étnico y socio-económico y derechos a la consulta, a la libre autodeterminación, a la tierra y el territorio, así como recursos naturales, a la preservación de su medio ambiente, a la libertad de tránsito, a ser indemnizados por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las actividades económicas empresariales y estatales y, a participar en los beneficios que reporten tales actividades.

La conjugación de intereses en juego, obliga a buscar un ejercicio de ponderación de derechos como fórmula para resolver casos en los que haya colisión de derechos entre la autodeterminación indígena y la libertad empresarial de comercio.

En este escenario de complejidad social, cultural y económica se presentan importantes desafíos, resumidos en una interrogante: ¿cómo incluir a los pueblos y comunidades indígenas en el desarrollo económico del país, sin vulnerar sus derechos humanos? Sin duda, puede haber alternativas de respuesta, pero una es incuestionable, a través de la implementación de la consulta indígena conforme con los más altos estándares en la materia.

En México, uno de los grandes problemas en torno a la consulta previa es que se cuenta con el estándar internacional, pero no contamos con una ley que regule la consulta a nivel general, que sea aplicable a todo el territorio mexicano. No se desconocen los diversos esfuerzos que se han hecho para generar guías, protocolos, jurisprudencia y manuales con diversas consideraciones; en su mayoría estos documentos son meramente orientadores y no vinculantes. Esto ha provocado que se generen múltiples disposiciones e instrumentos de diversas fuentes, lo que ha provocado un difícil acceso, búsqueda, interpretación, aplicación y su observancia.

La Comisión Nacional ante la vulneración del derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas por medidas administrativas y la participación de las empresas públicas y privadas en proyectos de gran escala; ante la importancia de inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en el desarrollo del país y ante la multiplicidad de documentos normativos, algunos no vinculantes, relacionados con la consulta indígena, considera necesario que un aporte inicial y básico para encarar la problemática es conocer el marco jurídico existente; por esa razón presenta la Compilación y análisis del marco jurídico de la consulta indígena en México: Enfoque de empresas y derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la planeación y desarrollo de megaproyectos.

La Comisión Nacional hace hincapié en que la observancia del derecho a la consulta resulta necesaria en la aprobación de medidas legislativas y administrativas cuando son susceptibles de causar afectaciones a los pueblos y comunidades indígenas. El presente documento se orienta a las medidas administrativas en el contexto de proyectos de gran escala o megaproyectos bajo un enfoque de empresas y derechos humanos.

El documento incluye los estándares nacionales e internacionales aplicables en materia de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada en México, de naturaleza vinculante y no vinculante. El objetivo de la compilación es facilitar su accesibilidad y conocimiento para quienes toman decisiones en los entes públicos y privados, es decir, en dependencias e instituciones de gobierno y en empresas públicas que desarrollan, impulsan o financian proyectos, así como en las empresas privadas. Con esto se coadyuva a que las autoridades cuenten con los elementos normativos para cumplir la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando vayan a ser afectados y que las empresas privadas tengan mayor claridad respecto de su responsabilidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas y la factibilidad de hacerlos compatibles con sus actividades empresariales. Por otra parte, la compilación precisa los estándares y requisitos a incluir en toda ley que regule de forma vinculante la consulta.

La Comisión Nacional, en la Recomendación General 27/2016 publicada el 11 de julio de 2016, señaló que se requiere una legislación nacional especial en la materia. Esta regulación permitiría certeza jurídica a las comunidades susceptibles de ser afectadas por medidas administrativas y a los particulares sobre el alcance de sus actuaciones y haría posible contener en un solo documento legal vinculante normativa para que los proyectos se diseñen, planeen, supervisen y ejecuten bajo modelos de desarrollo sustentable y conforme con un enfoque de derechos humanos, que incluya la participación de los pueblos y comunidades indígenas susceptibles de ser afectados.

Finalmente, este documento pretende incidir en la promoción de la cultura de respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La Comisión Nacional considera necesario que, en México, todos los sectores, estatales, políticos, empresariales y sociales asuman la obligación y la responsabilidad frente a los pueblos y comunidades indígenas, y que el proceso de consulta deje de ser visto como un mero trámite u obstáculo y se contemple como un verdadero mecanismo de participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones que pudiesen afectar sus derechos y un elemento indispensable en el desarrollo sustentable.

Igualmente, como una forma de que las personas indígenas, en lo individual y en lo colectivo, sean artífices de su propio desarrollo y puedan determinar sus propias prioridades. Los tres actores, Estado, empresas y comunidades indígenas juegan y jugarán un papel clave para la transformación en esta materia.

Mtro. Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Compilacion_Analisis_MEGAPROYECTOS2.pdf

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