DEREHOS HUMANOS EN MÉXICO

DEREHOS HUMANOS EN MÉXICO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple en el presente año tres décadas de existencia, toda vez que fue creada por un decreto del Ejecutivo del 5 de junio de 1990, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Basada su raíz y naturaleza jurídica en el Ombudsman sueco, la CNDH constituyó una alternativa para proteger los derechos fundamentales y reducir la brecha entre gobernantes y gobernados.

Su actuación institucional se basó en atender las quejas de los gobernados por violaciones a los derechos humanos y emitir recomendaciones a las autoridades responsables de tales transgresiones, lo que le ha hecho cobrar a lo largo de su existencia una profunda raigambre social.

No obstante, desde su creación, el Ombudsman mexicano, además de las funciones mencionadas, tuvo a su cargo la de promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos y cómo hacerlos valer. Por ello, en el ejercicio de este compromiso institucional, una vez más la CNDH pone al alcance del público lector la revista Derechos Humanos.

México, vehículo que cuatrimestralmente recopila el esfuerzo académico del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, materializado en los trabajos de sus investigadores y otros estudiosos de la materia. En esta tesitura, el número 38 de la revista Derechos Humanos. México aborda tópicos relevantes y de actualidad, como contribución al debate sobre los derechos humanos y en mérito de la pluralidad que la distingue.

En un primer plano, el lector puede hallar tres artículos de sumo interés: en el primero de ellos, intitulado “Análisis sobre la interacción entre los Comités de Derechos Humanos de la ONU y el Estado mexicano respecto de la figura del arraigo”, Darina García Toledo enfoca, precisamente, la figura del arraigo a partir de la iniciativa de la reforma penal de 2007, en vigor dese 2008, y cómo ésta ha determinado las relaciones entre el Estado mexicano y los Comités de Naciones Unidas, tomando en cuenta las obligaciones internacionales de nuestro país al ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del 23 de enero de 1986, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 23 de marzo de 1981.

En el segundo de estos artículos, “Los Derechos Humanos de la Familia”, María Elena Orta advierte en la familia una institución social y un ente natural que, por transmitir una serie de valores ideológicos, sociales y culturales, resulta necesario para la conformación de los Estados. Además, observa la necesidad de que el Estado la proteja como titular de derechos humanos colectivos, tomando en cuenta la diversidad que ofrece en su integración. Asimismo, enfatiza el reconocimiento de los organismos internacionales para con la familia y sus integrantes, traducido en los diversos acuerdos que surten el sustento jurídico para demandar cualquier violación de los derechos humanos de la persona moral colectiva, instrumentos ratificados por México y que repercuten en la modificación del alcance y contenido de diversas figuras jurídicas como la de la patria potestad.

El tercer y último artículo, “El derecho humano a la no autoincriminación”, escrito por Geovanni de Jesús Durán Muñoz, distingue a las torturas física y psicológica, como los instrumentos del enjuiciamiento criminal y la imposición de las penas en el Estado absolutista, que fueron por mucho tiempo utilizadas en desdoro de la dignidad humana por su alto grado inculpatorio. Ante tales prácticas, el derecho humano a la no autoincriminación surge para señalar y combatir los abusos de las formas verticales del poder despótico. Asimismo, sostiene que, como parte del conjunto de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente a las personas, el derecho a no autoincriminarse implica preservar la dignidad humana y robustecer la seguridad jurídica, en oposición a la actuación extralimitada del Estado en sus funciones de investigación y persecución de los delitos.

Este número también comprende tres comentarios de diversa naturaleza: en primer término, uno legislativo, en el que Alfredo Acuña Pacheco hace mención del “Pacto Mundial para la Migración segura ordenada y regular de las Naciones Unidas”, el cual debe ser visto como una carta de navegación adoptada y dirigida a los Estados para abordar y atender los efectos de la migración internacional bajo un enfoque multidimensional.

Entre los diversos aspectos comprendidos por el mencionado instrumento, destaca el mecanismo de “creación de capacidad”; dicho órgano tiene entre sus múltiples facultades apoyar a las partes involucradas para cumplir con sus compromisos y, de ese modo, garantizar la eficacia del Pacto Mundial. Además de esta importante función, previene que el referido mecanismo estará a cargo del seguimiento y examen, y servirá de apoyo al Secretario General de la ONU para que, en periodos bianuales, éste informe a la Asamblea General del organismo sobre su aplicación. El autor del comentario añade que, en consonancia con este mecanismo, el seguimiento y examen del Pacto Mundial habrá de realizarse con la apertura de un espacio deliberativo denominado Foro de Examen de la Migración Internacional, cada cuatro años a partir de 2022.

El segundo comentario, de corte jurisprudencial, es de la autoría de Mónica Cruz Espinosa y se denomina “La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Alvarado y Otros vs. México”. En dicho trabajo se aborda una resolución de la CIDH, del 28 de noviembre de 2018, en la que el Estado mexicano resulta responsable de la desaparición forzada de tres personas, quienes el 29 de diciembre de 2009, en el Ejido Benito Juárez, de Chihuahua, fueron privadas de su libertad por un grupo que portaba atuendo militar, sin que a la fecha se conozca su paradero, ni se haya identificado ni sancionado a los responsables.

Tal resolución incide en el intenso debate acerca del papel de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública en México y, entre otros aspectos, destaca el que la Corte Interamericana, a petición de los representantes de las víctimas, haya requerido del Estado mexicano la adecuación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para identificar los casos que corresponden a desapariciones forzadas.

Como tercer comentario, se encuentra el denominado “Tendencias de violación a derechos humanos con la estrategia del populismo”, en el que Maria Elena Lugo Garfias, con base en la obra “¿Qué es el populismo?”, de Jan Werner Müller, observa, que, entre otros aspectos, los presupuestos jurídicos reflejados en la Constitución de un país obligan a cumplir con el Estado de Derecho, y que en el caso de los derechos humanos la obligación es respecto de los bloques de constitucionalidad o, como se denomina en México, del “Parámetro de control de regularidad constitucional”.

Además, concluye que la evolución política y jurídica de un país puede sufrir regresiones, debido a prácticas riesgosas como el populismo, y que deben hacerse evaluaciones de ganancias contra pérdidas, antes de causar afectaciones mayores en una situación de interés de un gobierno populista.

No obstante, a los anteriores comentarios se suman los planteados por Arturo G. Larios Díaz, respecto de dos interesantes filmes: uno de ellos se titula “Dawson, Isla 10. Vulneración a los derechos humanos de los miembros de la Unidad Popular de Chile, tras el golpe militar que depuso al gobierno del presidente Salvador Allende, en 1973”, y versa sobre una cinta rodada por Miguel Littin en 2009, y que refleja cómo la dictadura militar privó de la libertad en dicho lugar a varios de los más destacados miembros del régimen derrocado, afectando sus derechos fundamentales.

El otro comentario es sobre una película mexicana realizada en los sesenta: “Tarahumara (Cada vez más lejos)”, de Luis Alcoriza, la cual constituyó por esos años una novedad estética de alcance social, por el enfoque hasta entonces inédito acerca de los pueblos originarios y de sus derechos.

Por último, la presente entrega se cierra con tres reseñas bibliográficas: la primera de ellas, de Carlos Brokmann Haro, es sobre una obra colectiva coordinada por Jesús de la Fuente Rodríguez y Alejandro Carlos Espinosa, intitulada “Función policial y Derechos Humanos.

Misión de la Policía Federal en el modelo de Justicia Penal Adversarial”, en la cual se sostiene que un modelo de seguridad digno va más allá del aspecto legislativo o jurídico, además de puntualizar, entre otras cosas, que se debe reivindicar a las corporaciones policiacas y militares a partir de sus funciones sociales y, al mismo tiempo, hacer que la sociedad las reconozca como base para proteger, defender y fortalecer sus derechos humanos.

La segunda reseña, desarrollada por Jaime Bailón Corres, es acerca del fascículo de Adalberto Méndez López, Mauricio Melgar Álvarez, María Sirvent Bravo Ahuja y Diana Sheinbaum Lerner, “Impartición de justicia en México, a la luz de las recomendaciones del comité de expertos de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, en la que se subraya el hecho de que la CNDH y la Organización de la Sociedad Civil, Documenta, hubieran elaborado en conjunto este estudio para fortalecer y difundir las acciones a implementar para que las personas con discapacidad en México accedan a la justicia y disfruten los derechos humanos que reconocen nuestra Constitución y los tratados internacionales signados por México en la materia, como cualquier otra persona en el país.

Llama la atención sobre un dato de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS-2010), según el cual, 70 de cada 100 habitantes perciben que no se respetan o sólo se respetan parcialmente los derechos de las personas con discapacidad en este país.

Por lo que hace a la tercer y última reseña, escrita también por Carlos Bokmann Haro, ésta se refiere al libro “Drug violence in México”, de Laura Calderón, Octavio Rodríguez Ferreria y David Shirk, obra a la cual considera fundamental para comprender el fenómeno de la violencia en nuestro país, por utilizar datos, fuentes de información, opiniones e ideas de origen muy diverso, además de su constante actualización.

Cabe agregar que la reconoce como consulta obligada tanto en México como en Estados Unidos, pues viene a salvar la brecha entre las variadas fuentes de información, además de servir como plataforma para el análisis de la interrelación que presenta la violencia con la seguridad pública, con los derechos humanos y con la formulación de posibles soluciones y políticas públicas para enfrentar este flagelo.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Revista_38.pdf

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