La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

La desaparición forzada de personas es una de las violaciones a derechos humanos que mayor atención han atraído en el derecho internacional en los últimos 30 años, debido a las nefastas consecuencias que ocasiona a las víctimas y sus familiares, en especial cuando es una práctica sistemática.

Al respecto, no cabe duda que en torno al tema se han desarrollado complejos procesos de creación de normas e instituciones que han tenido como ­n, desde hace varios lustros, explicar este fenómeno, que ha estado presente en nuestro continente desde larga data.

Así, la dinámica del derecho internacional de los derechos humanos ha llevado a que por medio de la interacción entre los sistemas de derechos humanos de Naciones Unidas (llamado comúnmente “universal”) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se haya construido en un tiempo relativamente corto todo un nuevo paradigma jurídico en torno a esta problemática, que incluso ha llegado a impactar la forma de concebir al derecho penal en los niveles nacional e internacional.

Un paso decisivo dentro de estos procesos normativos ha sido la reciente adopción, por parte de la Asamblea General de la ONU, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el 20 de diciembre de 2006.

En el presente trabajo se intentarán destacar los aspectos más importantes de este nuevo instrumento internacional que México apenas ratifi­có el 18 de marzo de 2008. La persona que lea esta investigación se encontrará con la particularidad de que la mayoría de los contenidos se encuentran fundamentados, principalmente, en la interpretación y el desarrollo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho de diversas disposiciones y tratados relacionados con la desaparición forzada de personas.

Es importante aclarar que ésta no es una casualidad o coincidencia, como sucesivamente podrá constatar el lector, ya que dichos desarrollos jurisprudenciales, ya sean de la jurisprudencia de la Corte IDH, de otros órganos internacionales o incluso nacionales, terminan formando parte de un corpus juris internacional en materia de desaparición forzada de personas, el cual, lejos de ser estático, es sumamente dinámico, no lineal, horizontal, internacionalizado y, en última instancia, transnacional.

El ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio A. Cançado Trindade, explica que al volverse a los imperativos de protección del ser humano, los órganos de supervisión internacional —tales como los dos tribunales regionales (las Cortes Europea e Interamericana de Derechos Humanos) y los órganos convencionales establecidos por los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, en el plano global— han constituido una jurisprudencia convergente en cuando a la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos y las implicaciones y consecuencias de ahí derivadas.

Esto se ha debido, en gran parte, a la identidad predominante del objeto y propósito de estos tratados, factor decisivo en la consolidación de la autonomía del derecho internacional de los derechos humanos. La interacción interpretativa de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ha contribuido para asegurar la propia interpretación uniforme del derecho internacional de los derechos humanos.

El resultado de la opinión común de los órganos de protección internacional —señala el jurista brasileño— ha sido precisamente esta interpretación uniforme do corpus juris que conforma el derecho internacional de los derechos humanos, la cual en nada amenaza la unidad del derecho internacional; al contrario, ha contribuido signifi­cativamente al desenvolvimiento de la aptitud de este último para, a partir del necesario reconocimiento de la especifi­cidad de los tratados de derechos humanos, asegurar el cumplimiento de las obligaciones convencionales de protección de los Estados.

Esto da como resultado que con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos sea el propio derecho internacional el que justi­ca, legitima y se enriquece al a­rmar principios, conceptos y categorías jurídicas propios del presente dominio de protección, asentados en premisas fundamentalmente distintas de las que han orientado la aplicación de sus postulados en el plano de las relaciones puramente interestatales. En la práctica, esto redunda en la importancia de la recepción del derecho internacional a nivel nacional.

De esta forma, si bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de competencia material para aplicar otros tratados sobre derechos humanos e instrumentos del derecho internacional humanitario, esto no ha impedido que los utilice como referencia, cuando ha resultado pertinente, a la hora de aplicar las normas que la propia Corte está llamada a interpretar.

Igualmente, lo mismo ocurre en la práctica en otras jurisdicciones internacionales e incluso nacionales respecto de la jurisprudencia interamericana. La recién creada Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y los desarrollos que pueda lograr a través del Comité de Desapariciones Forzadas (su órgano de vigilancia recién instalado) sin duda partirán de estos desarrollos jurisprudenciales que han marcado el debate actual y que incluso han decididamente influenciado el contenido del tratado.

Como podrá ir advirtiendo la persona que lea este documento, esto incide en que la concepción de los derechos, en palabras del también ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, se circunscriba en la pretensión de universalidad de los derechos.

DESCARGAR:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSUPDH11-1aReimpr.pdf

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