DERECHO INTERNACIONAL. NACIONALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA EN EL EXTRANJERO

DERECHO INTERNACIONAL. NACIONALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA EN EL EXTRANJERO

Un honor es siempre escribir el prólogo de un libro. Más lo es, cuando es el caso de un buen libro, fruto de una profunda y rigurosa investigación jurídica. Más aún, cuando lo es de un discípulo. Y siéndolo, cuando se sabe con certeza del esfuerzo que el autor ha llevado a cabo y de los trabajos, incluso sufrimientos, que hubo de superar, hasta llegar a concluir su obra. Todos ellos han sido bien empleados a la vista del resultado.

La obra del doctor Daniel Eugenio Fuentes Navarro es el resultado de su tesis doctoral, brillantemente defendida en la Universidad de Burgos, España, y que obtuvo la máxima calificación del tribunal que la juzgó. El honor y también el orgullo es doble, por haber dirigido esa tesis doctoral y por permitírseme, ahora, prologar su publicación.

Puedo afirmar, también, que la Universidad de Burgos se siente orgullosa de que esta tesis doctoral se haya presentado y defendido en su seno y que ahora, su valía, ya reconocida por el Tribunal que la juzgó, se vea también recompensada con su publicación. Lo está porque es el resultado de un trabajo riguroso, de indudable valor científico, que realiza destacables aportaciones a la ciencia jurídica. Lo está, también, porque esas aportaciones se hacen recogiendo las aportaciones en la materia existentes a nivel general y al mismo tiempo, sabe traer al trabajo las aportaciones de la doctrina y la práctica iberoamericanas y de México en particular.

Pero lo está, no menos, porque la visión sobre las distintas cuestiones que se abordan en ella no siempre es bien conocida ni entendida en Europa. La Universidad de Burgos ha contribuido a su introducción, a su conocimiento y a su entendimiento en Europa y por la doctrina europea. La Universidad de Burgos tiene motivos sobrados para sentirse orgullosa de contar con don Daniel Eugenio Fuentes Navarro entre sus doctores. Orgullo que, legítimamente, tengo la certeza que sentirán en su patria.

Por todas las razones señaladas y además, porque a ambos, a su universidad y a su patria, dejó en elevado lugar allí donde fue. Y de gran importancia humana, jurídica y práctica, porque se preocupó por transmitir y defender, en otras tierras, la visión que en la suya existe sobre instituciones jurídicas que se manejan en el trabajo. Porque lo hizo desde y con el trabajo riguroso. Dando, además a sus aportaciones, una dimensión práctica que, estoy convencido, habrá de ser de utilidad para su país.

La protección diplomática ha sido, desde hace largo tiempo, un procedimiento fundamental para que el Estado protegiera a sus ciudadanos frente a los hechos internacionalmente ilícitos de otros Estados. Tal vez, el más importante desde una perspectiva de su utilización histórica y de la articulación jurídica de los derechos e intereses individuales. Particularmente claro, esto último, en tiempos en los que el individuo carecía de toda oportunidad de reclamación por sí mismo, el que el Derecho internacional contemporáneo recoja la posibilidad de reclamaciones individuales no ha hecho, ni mucho menos, que la protección diplomática haya desmerecido en su papel como institución protectora de los derechos de los nacionales, ni como procedimiento para reclamar responsabilidad internacional al Estado que vulnera esos derechos.

La nacionalidad del Estado reclamante ha sido y es, uno de los requisitos para el ejercicio de la protección diplomática. Simultáneamente, la protección diplomática es un derecho del Estado. A través de ella, en realidad, el Estado protege sus propios derechos. Pero simultáneamente, los derechos que se entienden vulnerados, de manera inmediata, de una persona física o jurídica. La protección diplomática se convierte, así, en un derecho del Estado, mediante cuyo ejercicio se protegen derechos individuales. Eso sí, sólo puede hacerlo respecto de sus propios nacionales.

La nacionalidad se convierte, de este modo, no sólo en un requisito para el ejercicio de la protección diplomática, sino también, en un concepto y en una cuestión central, en ese ejercicio. Por ello, las cuestiones sobre atribución de la nacionalidad y sobre todo, la efectividad de la nacionalidad, siguen siendo una cuestión abierta al debate y es necesario centrarlas adecuadamente en cualquier análisis jurídico sobre protección diplomática.

Los distintos sistemas nacionales sobre atribución de la nacionalidad para las personas físicas y jurídicas, incluso aquellos que permiten disponer de más de una nacionalidad y ejercer más de una, propician serias dificultades de interpretación y aplicación del requisito de la nacionalidad. Las cuestiones que plantea la nacionalidad se diversifican y a ello contribuye en notable medida, la que plantea la de las personas jurídicas, desarrollada en los últimos tiempos al compás de las tecnologías y la interdependencia económica.

A todo lo anterior se suman casos especiales, en los que la doctrina y la práctica reconocen la posibilidad del ejercicio de la protección diplomática y en los que el requisito de la nacionalidad adquiere nuevas dimensiones. Piénsese en el caso de los apátridas, los refugiados, o aquellos en los que el Estado de la nacionalidad del buque es distinto del de la nacionalidad de la tripulación. Todas estas cuestiones precisan de respuestas mediante las que, respetando la regla general de la efectividad de la nacionalidad, se pueda determinar cuándo y con qué criterios puede ejercerse la protección diplomática.

La configuración de la responsabilidad internacional, en la que la protección diplomática se enmarca, obliga a que sea el Estado de la nacionalidad, o aquel con el que el perjudicado mantiene un vínculo genuino, quien pueda reclamar por la violación de la obligación primaria. Esta última, la obligación primaria, se corresponde con un derecho del Estado y por tanto, el Estado puede reclamar frente a su vulneración. Pero, siendo un derecho del Estado, plantea también la cuestión de la discrecionalidad en su ejercicio y de la posibilidad y la validez de su renuncia, porque en última instancia, el derecho del Estado procede del derecho de su nacional y la protección de aquel se lleva a cabo a consecuencia del derecho de éste.

Aparece aquí una cuestión abierta a la discusión, seguramente porque es de una gran profundidad teórica. La de la naturaleza de la protección diplomática. Modo de protección de los derechos del Estado, o modo de protección de los derechos de los particulares. Desde una perspectiva clásica, es un modo de protección de los derechos del Estado. El Estado asume como propios, se endosa los perjuicios causados a sus nacionales. Y sólo desde ese instante cabe entender que se han vulnerado derechos del Estado, que encuentran un cauce de protección en la institución de protección diplomática.

Así, esta perspectiva no puede considerarse abandonada, sino por el contrario, vigente. Sin perjuicio de las correcciones y matizaciones que el desarrollo de la institución y la práctica de los Estados han introducido en las que, aparentemente, serían las consecuencias más absolutas de esta concepción. Si la protección diplomática se entiende como cauce para la protección de los derechos del Estado, el Estado es libre para decidir si la ejerce o no y en su caso, en qué momento y de qué modo. El individuo no dispone de ningún derecho subjetivo a que el Estado de su nacionalidad ejerza la protección diplomática en su favor. Igualmente, no es válida la renuncia de un particular a pedir al Estado de su nacionalidad que no ejerza la protección diplomática con ocasión de los daños que le haya causado la acción u omisión ilícita de otro Estado.

Evidentemente, las consecuencias, en un caso y en otro, serían distintas si la protección diplomática se configura como un derecho del particular. Podría exigir del Estado de su nacionalidad que le protegiera y podría renunciar, válidamente, a la protección diplomática. El Derecho internacional no ha llegado a esta última configuración. Al menos, no como regla general. Sin embargo, existen correcciones y matizaciones que actúan sobre ambas situaciones. A lo primero, a ejercer protección diplomática por el Estado a favor de sus nacionales no obliga el Derecho internacional, pero pueden existir disposiciones de Derecho interno que bien obliguen a hacerlo, u obliguen al Estado de la nacionalidad a reparar al particular los perjuicios causados por no hacerlo. O bien, que una cosa u otra resulte, si no de las disposiciones expresas del ordenamiento interno, sí de su interpretación, o de su aplicación judicial.

Pero esta es, en todo caso, una cuestión de Derecho interno, que no altera la naturaleza de la protección diplomática como cauce para la protección de los derechos del Estado. Si bien, las reglas del Estado de derecho juegan, a nivel interno, a favor de la protección de los derechos de sus nacionales por el Estado y en consecuencia, de la estatalización de los daños sufridos por los particulares como consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito cometido por otro Estado y de la utilización de la protección diplomática como cauce mediato de protección de los derechos de los particulares.

La segunda cuestión, la de la renuncia por el particular a que el Estado de su nacionalidad ejerza protección diplomática en su favor parece resuelta desde la perspectiva del principio, según el cual, nadie puede renunciar a lo que no tiene. Desde esta perspectiva, si el derecho es del Estado, el particular no puede renunciar a él puesto que no le pertenece. Sin embargo, así como lo parece, ha recibido contestaciones desde distintos ámbitos regionales. En particular, desde el iberoamericano.

La doctrina Calvo es buena muestra de ello. Manifiesta un modo de entender aspectos de la naturaleza de la protección diplomática que no se corresponde exactamente con el entendimiento que se tiene de ella en Europa. La distinta situación económica, en términos de poder estructural y relacional, entre Estados de unos ámbitos geográficos y de otros, sirve también para explicar estos modos diversos de entender algunos aspectos de la naturaleza de la protección diplomática.

Lo cierto es que esos diversos entendimientos existen. También, que la obra del doctor Fuentes Navarro contribuye a su conocimiento y al de la visión iberoamericana fuera de Iberoamérica. Desde la perspectiva de la estructura normativa del Derecho internacional público, a que nos hayamos de plantear si estamos en presencia de una costumbre particular de ámbito regional. Más aún, la doctrina Calvo se configura, como lo señala el doctor Fuentes Navarro, como un medio de protección de los intereses estatales. Desde esta perspectiva constituye una importante matización a la utilización, por otros Estados, de la protección diplomática como cauce de protección de los intereses estatales.

El derecho es la garantía del débil. El derecho proporciona, debe proporcionarlo, un trato de igualdad a quienes materialmente no son iguales, tienen diferente posición de poder estructural y relacional. Somete, también, a criterios de racionalidad las relaciones de poder. La existencia de medios de protección de los derechos del Estado contenidos en el ordenamiento internacional responde a estas finalidades. Y lo hace en la medida en la que los Estados menos poderosos pueden utilizarlos en las mismas condiciones y en la misma medida que Estados más poderosos. En la medida, también, en la que como reglas y procedimientos jurídicos son capaces de sustituir a procedimientos irracionales, o incluso, incivilizados para conseguir los mismos objetivos.

La protección diplomática es un cauce para conseguir estos objetivos. También lo es para que el Estado proteja, desde estas premisas, sus derechos y los de sus nacionales. También y a ello puede contribuir la doctrina Calvo, tal como la configura el estudio del doctor Fuentes Navarro, a conseguirlo desde el punto de vista del equilibrio de los derechos de un Estado y los de los nacionales de otro. Más aún y más profundamente, la protección diplomática es instrumento útil para proteger los derechos de los Estados, no sólo poderosos o desarrollados, sino de todos ellos, en particular de los menos poderosos. Justifica las relaciones entre Estados y contribuye a conducirlas por caminos de razón. Su configuración como instrumento protector de los derechos del Estado contribuye a todo lo anterior.

Pero aún más, al propio Estado, bien porque así resulte de su ordenamiento interno, bien de una línea de decisión política continuada decide asumir y proteger los derechos de sus nacionales en el extranjero. En este caso, la protección de los derechos del Estado lo será de los de sus propios nacionales. El estudio, la reflexión y las conclusiones que se aportan en esta obra pueden ayudar a alcanzar este último objetivo. Constituyen, en fin, una aportación doctrinal y al tiempo práctica al hacer de los Estados y en singular medida de México. El estudio y la reflexión sobre la más reciente práctica mexicana en la materia es buena muestra de ello.

No menos lo es, de cómo una obra científica puede aportar criterios y orientaciones a la práctica del Estado. En este caso, de su propio Estado, para mejor proteger los derechos del propio Estado y los de todos sus ciudadanos en el extranjero. Tiempo es ya de concluir estas líneas, con las que al permitirme escribirlas, el autor honra a un amigo como se honra a un maestro. Sólo su esfuerzo, su tesón y su valía, han hecho posible este libro y con él, este prólogo. El honor que me cabe lo es por haber compartido y animado aquel esfuerzo. Hoy, por estas líneas que lo culminan. Y siempre, por haber tenido la oportunidad de escribirlas.

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