DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD

DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD

La democracia es mucho más que un sistema de elecciones libres, equitativas y transparentes. Significa participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas,  entre las cuales figuran las políticas económicas, que inciden sobre el empleo y el ingreso, pero también las políticas de salud, educación, seguridad social, infraestructura pública, desarrollo regional, etcétera. Es la participación de la ciudadanía en la deliberación de estos asuntos —directamente o a través de sus representantes— el contenido sustantivo de la democracia.

Para el México de hoy, cuya pobreza institucional es dramática, no sólo se trata del pasaje a la democracia real, donde efectivamente se escuchen y tomen en cuenta las aspiraciones y las necesidades de los mexicanos. Se trata, además, de forjar una gobernabilidad para el desarrollo, porque la democracia —como parte de su valor intrínseco— constituye también una poderosa palanca para construir una economía moderna, dinámica y competitiva, así como una sociedad más equitativa y cohesionada.

Hace dos décadas, el brillante economista latinoamericano Carlos Díaz-Alejandro en su trascendente artículo Goodbye Financial Repression, Hello Financial Crash  (1985), considerado un clásico de la literatura financiera, escribió: “La democracia, cualesquiera que sean sus virtudes más fundamentales, es un importante insumo técnico para un sistema financiero interno sano”.  El desaparecido colega consideraba —como obra factible de la democracia— la creación de un marco jurídico e institucional para la sana regulación del sistema financiero, resguardando los intereses generales de la economía nacional —en vez de proteger sólo los intereses especiales de los banqueros—, además de la realización de una efectiva supervisión del Congreso sobre las agencias reguladoras, desde luego bajo un régimen de independencia real entre los poderes del Estado.

Dos décadas después, en una acuciosa investigación sobre  ”Equidad y desarrollo”, que integra su Informe sobre el desarrollo mundial 2006, el Banco Mundial encuentra que la democracia es factor determinante de una economía eficiente y dinámica. ”Para prosperar —señala— una sociedad debe crear incentivos que hagan que la gran mayoría de la población opte por la inversión y la innovación.

Sin embargo, un conjunto equitativo de instituciones económicas sólo aparecer· cuando la distribución del poder no sea altamente desigual y en situaciones en que haya limitaciones al ejercicio del poder por parte de quienes ocupan cargos políticos”. De esta manera, la democracia es reconocida también por su relevancia para el desarrollo económico.

Contrario sensu, como ocurre en México y muchos países de América Latina, ”un nivel elevado de desigualdad económica y política suele crear instituciones económicas y mecanismos sociales que favorecen sistemáticamente los intereses de quienes tienen más influencia”, observa también el Banco Mundial. Y estas instituciones inequitativas traen consigo costos económicos, al generar distorsiones o fallas de mercado que obstruyen la asignación eficiente de los recursos productivos. De hecho, el Banco Mundial encuentra que ”los mercados de los países en desarrollo presentan muchas deficiencias” y considera probable que tales deficiencias ”no se produzcan por accidente, sino porque tienen el efecto de distribuir los ingresos o el poder de manera determinada”.

Ahora bien, puesto que las instituciones determinan las reglas del juego y los incentivos para las  actividades económicas, cuando son sustantivamente inequitativas —favoreciendo intereses especiales—, resultan perjudiciales para la mayor parte de los agentes económicos —empresarios, asalariados y trabajadores por su cuenta—, de manera que afectan negativamente el desarrollo de la economía nacional en su conjunto. Esto es también reconocido por el Banco Mundial, en singular y notorio tránsito hacia el posconsenso de Washington: ”La desigualdad de poder conduce al establecimiento de instituciones que perpetúan las desigualdades en cuanto a poder, condición social y riqueza, y suelen ser perjudiciales para la inversión, la innovación y la voluntad de asumir riesgos en que se basa el crecimiento a largo plazo”. En consecuencia, se genera un binomio perverso de ineficiencia económica e inequidad, donde la cobija de la riqueza nacional (el   per cápita) no crece, pero se jala PIB para un sólo lado (es decir, la distribución del ingreso se modifica en favor de los que más tienen), como ha ocurrido en México bajo el modelo neoliberal.

Para escapar de este binomio perverso define ciencia e inequidad y encontrar los caminos del crecimiento económico sostenido con equidad, la construcción de una institucionalidad democrática es factor esencial, porque en economía no existen fórmulas únicas, sino disyuntivas de políticas públicas que afectan desigualmente a las ramas de la economía, a los grupos sociales y al desempeño general del sistema económico. De allí la importancia de contar con instituciones que realmente encarnen los intereses generales de la nación y no sólo sirvan a intereses especiales.

Desde una perspectiva general, la noción de complementariedad y equilibrio entre el mercado y el Estado arranca del reconocimiento dual de que si bien los mercados presentan fallas que deben ser atemperadas o corregidas por el Estado; la intervención gubernamental presenta también fallas que deben ser atemperadas o corregidas mediante reformas que eleven la e? ciencia de las instituciones públicas.

En los países subdesarrollados ambos tipos de fallas suelen ser considerablemente mayores que en los países industrializados: tenemos mercados incompletos e imperfectos (es decir, segmentados, oligopólicos, con información deficiente y asimétrica); y tenemos instituciones públicas igualmente incompletas e imperfectas. ”Muchos de los países en vías de desarrollo —escribió el economista ortodoxo Deepak Lal (The Poverty of Development Economics, Londres, IEA, H. Paperback 16, 1983, citado por R. Wade El mercado dirigido, México, 1999)— se asemejan más, en su funcionamiento oficial, FCE a las rapaces deficientes naciones-estados de la Europa de los siglos XVII  y XVIII, gobernadas para el enriquecimiento personal de sus gobernantes”. Tres décadas antes, el reconocido fundador de la teoría del desarrollo y premio Nobel de Economía 1979, Arthur Lewis había escrito: ”En la mayoría de los países, ya sean los funcionarios civiles, los políticos, o ambos, se consideran con derecho a hacer fortunas mediante el cohecho, el peculado, el nepotismo o mediante contratos que los favorezcan”.

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