La responsabilidad internacional de los Estados derivada de la conducta de particulares o NON-STATE ACTORS conforme al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

La responsabilidad internacional de los Estados derivada de la conducta de particulares o NON-STATE ACTORS conforme al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

Conforme al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (en adelante “Sistema Interamericano”), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana” o “CIDH”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” o la “Corte Interamericana”) sólo pueden responsabilizar a los Estados por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en violación de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, sin que puedan responsabilizar directamente a los particulares o non-State actors cuando éstos los lesionen.

Sin embargo, lo anterior no implica que los Estados no puedan ser responsabilizados conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana”) o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “Declaración Americana”)3 por incumplir sus obligaciones internacionales con motivo, en última instancia, de la conducta de particulares o non-State actors.

Al contrario, tanto la Corte IDH como la CIDH han respon sabilizado a los Estados en diversos casos donde los particulares o non-State actors fueron los que lesionaron directamente los derechos humanos de terceros.

El presente trabajo tiene el objetivo de hacer un repaso muy general sobre algunos casos resueltos dentro del Sistema Interamericano en los que los Estados fueron responsabilizados internacionalmente por violaciones a derechos humanos causadas, en última instancia, por non-State actors.

Asimismo, este trabajo hace un breve recorrido sobre el debate actual acerca de la posibilidad de responsabilizar internacionalmente a una clase de non-State actors por violaciones a derechos humanos: las empresas.

En el primer apartado describiremos algunos casos en los que, conforme a la jurisprudencia de la CIDH o de la Corte IDH, los Estados han sido responsabilizados con motivo de la conducta de non-State actors, es decir, sin que directamente ellos hubiesen violado los derechos humanos de las víctimas.

Los casos analizados en este apartado son relevantes dentro del contexto mexicano si consideramos que los criterios tanto de la CIDH como de la Corte IDH podrían ser aplicados a algunos casos en los que empresas o miembros del crimen organizado lesionen los derechos humanos de las personas y el Estado mexicano omita proteger o prevenir de forma diligente dichas violaciones o, por ejemplo, en caso de que las autoridades mexicanas hubiesen actuado con complicidad o aquiescencia en los ilícitos cometidos por estos actores.

La discusión sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano derivada del incumplimiento de su obligación, por ejemplo, de prevenir diligentemente lesiones a los derechos humanos perpetradas por non-State actors es de suma importancia y actualidad si consideramos que: i) el Estado mexicano ha reconocido la desaparición en su territorio de más de 26,000 personas entre 2006 y 20124 y de la ejecución de 47,515 personas dentro del contexto de la “guerra contra el narcotráfico” entre 2006 y 2011,5 sin que a la fecha pueda determinarse en qué porcentaje estas desapariciones o ejecuciones son atribuibles de forma directa al crimen organizado, a otros actores privados o al Estado; ii) muchas personas, sobre todo centroamericanos en movimiento, han sido masacradas o desaparecidas en las entidades federativas a lo largo de su tránsito a los Estados Unidos de América principalmente a manos de organizaciones criminales, sin que aparentemente las autoridades hubiesen adoptado medidas efectivas para prevenir esta situación; iii) conforme a diversas fuentes, muchas de las empresas internacionales o trasnacionales que operan en México, debido a la creciente inversión extranjera, han lesionado o contribuido a lesionar los derechos humanos de las personas dentro de un contexto de impunidad, o iv) ha sido reconocida la exis tencia de grupos paramilitares en México8 y que, por ejemplo, debido a los efectos de la lucha contra el narcotráfico y a la ausencia de un sólido Estado de derecho, a cifras de 2010 en México existirían cerca de 8,000 compañías de seguridad privada de las cuales sólo alrededor de 650 habrían sido registradas por el gobierno federal de acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, de forma que muchos de estos grupos o fuerzas armadas estarían utilizando la fuerza ilegalmente y afectando los derechos humanos de las personas.

En el segundo apartado nos referiremos a algunos estándares o principios internacionales orientados a evitar que las empresas —una clase de non-State actors— afecten o lesiones directamente derechos humanos, principalmente las trasnacionales o multinacionales.

La mayoría de dichos estándares y principios son relevantes en México en la medida en que las empresas voluntariamente se comprometan a cumplirlos o en la medida en que el Estado mexicano regule mecanismos nacionales de evaluación, de rendición de cuentas, de investigación o verificación, y, en su caso, mecanismos de sanción y reparación en caso de afectaciones a los derechos humanos causadas por estos actores.

Si tomamos en cuenta que conforme a la jurisprudencia del Sistema Interamericano las empresas no pueden ser responsabilizadas internacionalmente de forma directa, es apremiante que adquieran un compromiso voluntario que las obligue a respetar y garantizar los derechos humanos, no sólo respecto de sus trabajadores y consumidores o usuarios de sus productos o servicios, sino también respecto de sectores o grupos dentro de la sociedad que pudieran resultar afectados en sus derechos humanos como consecuencia de las actividades que éstas desarrollen.

Para que ello suceda, el Estado mexicano debe promover que las empresas —nacionales, internacionales o trasnacionales— adquieran estos compromisos y se autorregulen de forma vinculante.

Pero no sólo eso, el Estado mexicano debería crear legislación que obligue a las empresas a respetar y garantizar los derechos humanos y que faculte a sus autoridades a evaluar y verificar el cumplimiento de sus obligaciones para que rindan cuentas y, en todo caso, puedan ser responsabilizadas y sancionadas en caso de afectar o lesionar los derechos humanos de las personas y sean obligadas a reparar integralmente los daños causados a las víctimas.

DESCARGAR:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSIDH_ResponsabilidadInternacionalEstados-1aReimpr.pdf

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