DERECHOS INDÍGENAS EN MÉXICO 2001-2019

DERECHOS INDÍGENAS EN MÉXICO 2001-2019

INTRODUCCIÓN

Tras un debate nacional que duro varios años,1 el 14 de agosto de 2001 el Diario Oficial de la Federación publicaba las reformas constitucionales a los artículos 1o., 2o., 18 y 115, que reconocieron derechos a los pueblos y comunidades indígenas de México.

Dicho proceso fue una consecuencia del movimiento armado que, en los albores de 1994, había iniciado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el sureste del país. Aunque criticada por sus limitaciones, al no alcanzar todos los compromisos que se habían establecido en los Acuerdos de San Andrés entre la representación del EZLN y el gobierno, como una forma de resolver pacíficamente el conflicto armado que había estallado en el estado de Chiapas en enero de 1994, dentro de ellos el de reconocer la personalidad jurídica a pueen los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

De lo que podría desprenderse que, aunque no estén establecidos expresamente en nuestro precepto mayor, los derechos que los pueblos indígenas tienen en convenios internacionales signados por México, son ley suprema en el país al igual que aquella.

Esto se reafirma más cuando el segundo párrafo del mencionado artículo dispone que las normas relativas a los derechos humanos deban ser interpretadas de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y en el siguiente se ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 ¿A más de tres lustros de la reforma indígena y más de cinco años de la reforma en derechos humanos, realmente esto ya es así en la práctica de la justicia mexicana y en la realidad concreta de la vida de los pueblos indígenas? Sin duda alguna, al no poder echar abajo la reforma indígena de 2001 por parte de los simpatizantes del EZLN, las personas y pueblos indígenas empezaron a retomarla en sus reclamos frente a los distintos niveles del gobierno, tanto en lo que corresponde a la solicitud de recursos para el desarrollo previstos en el apartado B del artículo 2o., como en sus litigios relacionados tanto con la elección de autoridades y la definición del alcance de la autonomía y autodeterminación, pero también en importantes juicios que tenían que ver con la afectación de sus territorios, tierras y hábitat por parte de proyectos de desarrollo como los casos de las empresas mineras, acueductos, presas, sistemas de generación de energía eléctrica, etcétera.

De cara a lo anterior, el propósito central de este trabajo seminal es revisar los criterios contenidos en algunas resoluciones emitidas por algunos de los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) en casos llevados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por su trascendencia fueron atraídos por dicho órgano, que nos sirvan de termómetro para saber cómo interpretaban los alcances de la reforma indígena en la primera década de su implementación (de 2001 a principios de 2011), y como lo hacen hoy, en esta segunda década (del 10 de junio de 2011 a la fecha), considerando los actuales contenidos del artículo 1o. y de las reformas que se dieron a los artículos 94, 103, 104 y 107 en el año mencionado antes. Pensamos que la Corte ha evolucionado en relación a la problemática de los pueblos indígenas de un primero a un tercer nivel.

En el primero, no asumir a plenitud las reformas, para irlas retomando y hacer interpretaciones más acordes con el ámbito de los convenios internacionales signados por México en materia de derechos humanos y en particular lo que tiene que ver con los derechos indígenas.

El primer nivel lo asumiría durante la primera década. Un segundo nivel se daría al terminar ésta e iniciar la segunda década, y un tercer nivel a partir del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano relacionada con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un campesino luchador social del Estado de Guerrero que fue desaparecido por el ejército.

Se trató del Expediente Varios 912/2010 resuelto el 14 de julio de 2011 y de la resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011, emitida el 3 de septiembre de 2013. Ésta es la época en la que vivimos actualmente, en la que el Poder Judicial de la Federación asume con mayor fortaleza la presencia del derecho internacional de los derechos humanos en concordancia con la Constitución, haciendo más amplia la interpretación del artículo 2o. constitucional y de otros relacionados con casos presentados por pueblos y comunidades indígenas. Para ello, compararemos algunas tesis elaboradas a partir de ejecutorias en que se han visto involucradas personas y comunidades indígenas a partir de la entrada el vigor de la reforma indígena (2001) y veremos cuánto han cambiado éstas a partir de 2011, después de las reformas sobre impartición de justicia, amparo y sobre derechos humanos. Podremos así también saber si los criterios de interpretación del control de convencionalidad y el de supremacía constitucional han cambiado de 2001 a la fecha, hasta dónde lo han hecho o cómo serán en el futuro inmediato.

Todo ello en relación a la problemática indígena. El telón de fondo de este material es la necesidad de consolidar y avanzar en el respeto a sus derechos humanos individuales y colectivos de este importante sector de mexicanos.

Como este material no es exclusivo para abogados, y el propio autor no lo es, en un primer apartado comentaremos el significado de las tesis y la jurisprudencia para la aplicación de justicia en nuestro país. Un segundo apartado estudia las controversias constitucionales que los pueblos indígenas presentaron como respuesta a las ausencias que tuvo la reforma en materia indígena en temas como la consulta y la personalidad jurídica de pueblos y comunidades. En un tercer momento, se comenta una controversia constitucional en contra de la emisión de las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión resuelto en 2007. Enseguida otra Controversia en contra el reglamento de la Ley de Bioseguridad relacionada con cultivos transgénicos resuelta en enero de 2011.

El quinto apartado analiza una controversia de municipios indígenas en contra de reformas a la constitución oaxaqueña en donde se percibe un avance en la interpretación del artículo 2o. por parte de la corte. En el sexto punto de este material describimos los alcances de las tesis aisladas en materia indígena emitidas de 2001 a 2013, que eran referentes para las disputas legales de los pueblos indígenas ante la ausencia de jurisprudencia que los protegiera en sus derechos. En el séptimo apartado abordamos el momento en que la Corte empieza a tomar mayor atención al tema indígena con la emisión de varias jurisprudencias pronunciadas en 2013 relacionadas con los derechos lingüísticos y culturales de presos y procesados indígenas. El octavo apartado nos coloca ya en la nueva época de interpretación de la Constitución y los tratados internacionales, ampliándose el criterio de la Corte en casos paradigmáticos de demandas indígenas como lo son el relacionado con el derecho a la personalidad jurídica del pueblo indígena de Cherán y el interés legítimo de indígenas mayas de Campeche en contra de la diseminación de soya transgénica en sus territorios.

Es tal la importancia que la problemática de las personas y pueblos indígenas ha otorgado la Corte en la actualidad, que incluso ha incorporado 87 sentencias relevantes en la materia en una sección especial de su página web. Para apoyar esta tarea el 15 de abril de 2013, la SCJN presentó el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas que sin duda alguna ha sido de gran utilidad en esta tarea.

Para cerrar las reflexiones vertidas en este estudio, hacemos unas consideraciones finales de este recorrido de más de tres lustros desde que se reformara la Constitución en materia indígena, luego en materia de derechos humanos, para llevar a la Corte a resolver el Expediente Varios 912/2010 y la Contradicción de Tesis 293/2011, que marcaría nuevos tiempos en las luchas legales de los pueblos indígenas. Los avances que ha tenido el poder judicial en los últimos años en litigios levantados por personas, pueblos y comunidades indígenas, sin duda alguna contribuyen con su grano de arena al el objetivo 16 de la Agenda 2030: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, ante la ausencia de disposiciones directas sobre los pueblos indígenas en esa enorme tarea que se ha propuesto la comunidad internacional para el año mencionado.

Agradezco a la doctora Elia Avendaño Villafuerte, Asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, quien me proporcionó acceso a las sentencias más relevantes y recientes en materia indígena emitidas por el Alto Tribunal.

Este material resultó sumamente relevante para abrir mi perspectiva sobre los avances que en años recientes ha tenido la Corte en los juicios, controversias y amparos relacionados con las luchas jurídicas y sociales de los pueblos indígenas en contra de las grandes corporaciones y gobiernos locales, que atentan contra sus territorios, sus vidas, sus recursos naturales, su trabajo y a la posibilidad de lograr un desarrollo sustentable en sus regiones, que hereden para las generaciones futuras.

También agradezco al Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y a la Directora General del CENADEH, Julieta Morales Sánchez, por darme la oportunidad de que estas reflexiones sean publicadas. De las omisiones y carencias, que no deben ser pocas, soy el único responsable.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Derechos-Indigenas-Mexico-2001-2019.pdf

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