La participación ciudadana en la democracia

La participación ciudadana en la democracia

Ha corrido mucha agua desde que se publicó la primera edición de este opúsculo y, sin embargo, está vigente.

La teoría que revisa para entender la participación ciudadana en la democracia nos sigue hablando al oído. Y quizá es esta afirmación la que ha de ser subrayada para esta brevísima introducción, con el ánimo de reconocer la distancia que media entre nuestra obsesión por seguir los hechos que van poblando la historia y nuestra limitada capacidad para comprenderlos. No quiero traicionar aquellas reflexiones originales haciendo una suerte de glosa sobre sus contenidos.

Lo que me interesa es invitar al lector a reconocer las tensiones inevitables entre las dos piezas centrales del régimen democrático: la representación y la participación, que se reclaman recíprocamente y que, a despecho de las mudanzas que ha vivido el régimen político mexicano desde los años noventa del siglo anterior, siguen marcando el trayecto y las modalidades de nuestra vida política. Algunas de esas tensiones pueden leerse como anomalías de un proceso que las profundizó; pero hay otras que forman parte inevitable de la democracia.

En estas páginas intentaré distinguir entre unas y otras, a la luz de la oferta teórica que nos propone el Cuaderno de Divulgación que escribí hace más de dos décadas.

Hay otra forma de interpretar los dos conceptos que nos interesan: de un lado, la representación atañe a la distribución democrática del poder; de otro, la participación alude al control democrático de la autoridad otorgada. Ambos componen, a un tiempo, los rasgos principales del régimen y definen su propia capacidad de respuesta y renovación. Son, por así decir, las dos piernas que le permiten al cuerpo democrático su locomoción. Si un régimen se concentra en la integración del poder y olvida la consolidación de los medios para garantizar la participación, el resultado tiende a ser la atrofia de la legitimidad, debido a la captura creciente de todos los espacios políticos por parte de los aparatos que gobiernan.

Un régimen que solamente se ocupa de distribuir el poder y que abandona el propósito de crear medios institucionales para controlar el ejercicio cotidiano de la autoridad, cojea de una pierna y, tarde o temprano, acaba tropezando.

En contraposición, un régimen que sobredimensiona la participación ciudadana en todas y cada una de sus decisiones, pero pone en entredicho la garantía de distribuir el poder de manera libre e informada, cojea de la otra pierna. La ecuación democrática requiere, para sobrevivir y consolidarse, del equilibrio dinámico entre las dos variables: la más absoluta certeza de que los cargos públicos serán asignados a quienes los ciudadanos decidan con conciencia y, a la vez, la más inequívoca garantía de que sus derechos seguirán siendo respetados y de que habrá medios para vigilar y contrapesar las decisiones tomadas por el poder.

Entre esa ecuación ideal y los procesos que llevan a construirla en los hechos hay, por supuesto, diferencias importantes. En nuestro caso, saltan a la vista dos que han marcado la historia reciente del país: de un lado, la obsesión electoral de la clase política que desembocó en lo que el lenguaje popular denominó como partidocracia; y de otro, la ausencia de un proyecto deliberado para darle sentido a la participación ciudadana que, en cambio, quiso suplirse mediante el diseño de órganos autónomos de Estado.

Dicho de otra manera, el debate sobre la distribución política del poder acaparó la atención de la clase política, hasta el punto en que la competencia entre partidos se volvió el eje casi único de nuestra transición del autoritarismo al pluralismo. Y si bien el régimen político mexicano se modificó radicalmente, lo cierto es que durante ese proceso los partidos capturaron prácticamente todos los espacios de decisión y acción política. La disputa por la representación se impuso, dominante y definitiva, sobre la participación. Sería larga la enumeración de los argumentos que utilizaron los partidos políticos para minar y capturar otras formas de participación ciudadana en la hechura de la democracia, más allá de los votos. Pero no hay duda de que el difícil equilibrio que hay –como se afirma en este texto– “entre las razones que animan a la gente a participar y sus posibilidades reales de hacerlo”, así como “entre el ambiente que les rodea y su voluntad de intervenir de manera activa en los asuntos públicos”, se decantó en los cinco lustros recientes a favor de las vías exclusivamente partidarias.

Tanto, que cuesta descubrir qué espacios quedaron libres de la influencia de esas organizaciones, ya sea para su operación o para su integración, y que incluso hoy se discuta en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre si el derecho electoral debe proteger a las organizaciones de la sociedad civil que no aspiran a ser partidos, pero buscan participar formalmente en la vida política del país, con el criterio de que ese derecho corresponde solamente al oligopolio que forman los partidos.

En el pecado llevaron ya la penitencia. Absortos en la búsqueda de medios para ensanchar sus espacios de dominación, los partidos que forjaron aquella transición fueron derrotados abrumadoramente por la misma vía que privilegiaron, durante la rebelión electoral del 1° de julio de 2018. Nunca sabremos con precisión cuántos ciudadanos votaron por el programa que propuso el partido vencedor de esos comicios –o para decirlo con mayor claridad, su candidato a la Presidencia– y cuántos emitieron más bien un voto de castigo en contra de los errores, las desviaciones, las promesas no cumplidas y la corrupción que encarnaba la complicidad del régimen de partidos.

Lo cierto es que la ecuación aquí planteada se quebró a través de la única opción que estaba disponible: en ausencia de alternativas eficaces para ejercer el control democrático de la autoridad, los partidos tradicionales fueron derrotados por la oposición que se enfrentó franca y directamente al régimen. Seguramente no será para siempre. La misma teoría en la que se apoya la redacción original de este texto nos anuncia que las preferencias son volubles, y más aún cuando en vez de asentarse en ideologías bien definidas se apoyan en la crítica al pasado inmediato.

La razón es que esa propuesta acaba tropezando con la misma piedra de la que se duele: la dificultad de ofrecer resultados contundentes e incontestables ante los problemas públicos acumulados. De aquí la enorme importancia de volver al equilibrio entre una representación política capaz de responder a las expectativas viables y una participación autónoma, activa, informada y vigilante del ejercicio del poder, cada quien en su trinchera, como se sostiene en este texto. Pero mientras baja la espuma, el desequilibrio de la ecuación se acentúa por la acumulación de expectativas que, por lo demás y por su propia naturaleza contestataria, tienden a confundir la participación con la movilización.

En estas afirmaciones no hay pronósticos fatales ni, mucho menos, simpatías o inclinaciones previas: hay ciencia política. Es decir, conocimiento histórico y comparado sobre los desafíos que plantea la emergencia y la consolidación de un régimen democrático, en el entorno de un Estado nacional limitado por la garantía de los derechos fundamentales, por las capacidades fiscales y regulatorias del gobierno y por el diseño de las instituciones que han de afrontar la solución de los problemas públicos.

Régimen democrático, subrayo, no autoritario ni dictatorial, cuyos rasgos distintivos responden a criterios diferentes de los que se utilizan en el cuerpo de este texto. Aunque no sobra señalar –como lo hizo ya la literatura sobre las transiciones a la democracia desde hace medio siglo− que las democracias sobrecargadas de expectativas sociales imposibles de cumplir, con partidos desleales al sistema democrático, polarización política irreductible a principios constitucionales compartidos e instituciones capturadas, también pueden quebrar la vigencia de las democracias.

Por supuesto, sería deseable que el cambio producido en las urnas sirviera para retomar el camino de la consolidación y que cada uno de los riesgos señalados fuera conjurado.

Pero eso no sucederá mientras el desequilibrio entre representación y participación esté vigente o mientras la segunda siga sometida a los medios que emplea el Estado para imponer su autoridad. Como se dice en este texto:

un gobierno democrático tiene que ser un gobierno responsable, en el doble sentido del término. Pero no puede llegar a serlo, paradójicamente, si los ciudadanos a su vez no logran establecer y utilizar los cauces de participación indispensables para asegurar esa responsabilidad.

Camino de doble vuelta, la representación política y la participación ciudadana suponen también una doble obligación: de los gobiernos hacia la sociedad que les ha otorgado el poder, y de los ciudadanos hacia los valores sobre los que descansa la democracia: hacia los cimientos de su propia convivencia civilizada.

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