Partidos políticos y democracia

Partidos políticos y democracia

Cuando escribí el Cuaderno de Divulgación número 8, Partidos políticos y democracia, nos encontrábamos como país y ciudadanos en un momento previo a la aprobación de la reforma constitucional de 1996, después de las elecciones de 1994, que fueron consideradas por el presidente ganador como libres, pero profundamente inequitativas.

El contexto político no era nada halagüeño: el primero de enero de 1994 surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para rechazar por la vía armada la antidemocracia, la corrupción y el carácter neoliberal del régimen; Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue asesinado en marzo de 1994; posteriormente, en septiembre de ese año fue ejecutado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI; el sexenio de Ernesto Zedillo inició con una grave crisis económica y financiera, y la desconfianza de los partidos de oposición y de vastos sectores de la sociedad al gobierno y su partido era mayúscula.

Las presiones políticas y sociales a favor de la transformación del marco político del país eran evidentes ‒aún el secretario de Gobernación presidía el Instituto Federal Electoral (IFE)‒ y el esquema de financiamiento de los partidos y candidatos distaba, muchísimo más que ahora, de la posibilidad de acercarse al principio de elecciones libres y auténticas.

Había interés en distintos sectores sociales y políticos de realizar un cambio importante que garantizara la autonomía de los órganos electorales y que regulara procesos electorales más equitativos. El gobierno de Zedillo entendió esa necesidad, y por consenso con las fuerzas políticas que estaban representadas en la Cámara de Diputados se diseñó y aprobó la reforma constitucional electoral de 1996.

Esa reforma y la integración de los órganos electorales federales del país despertó cierto optimismo. Con los cambios aprobados, se celebraron las elecciones intermedias de 1997, en donde el PRI concluyó claramente su hegemonía y pasó a ser la primera minoría en la Cámara de Diputados ‒se inició por algunos años la etapa de los gobiernos divididos‒ además de perder también la jefatura de gobierno del antiguo Distrito Federal en las primeras elecciones locales realizadas en la capital del país desde los años veinte del siglo XX.

En esos contextos se escribió, publicó y difundió el ensayo de mi autoría. La regulación jurídica de los partidos políticos era escasa, estaba incorporada al marco electoral y, aunque la legislación establecía los derechos y obligaciones de los partidos, aún existía un fuerte rechazo a una regulación mayor o maximalista.

En numerosos debates en el Consejo del IFE, de 1996 a 2003 los representantes de los partidos en la mesa del Consejo rechazaban, casi de manera unánime, las “interferencias” de las instituciones electorales en su vida interna.

En aquellos años los partidos argumentaban con mucha fuerza el principio de autonomía y rechazaban por tanto cualquier regulación, sobre todo la que implicase obligaciones para ellos, y que significara adoptar estructuras y procedimientos de democracia interna.

Poco a poco, con la alternancia en el Poder Ejecutivo en el año 2000 y a raíz de los famosos casos Pemexgate y Amigos de Fox resueltos en 2003, las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales fueron adoptando criterios garantistas para proteger los derechos políticos de militantes y simpatizantes al interior de los partidos.

Paralelamente al lento transcurrir de la democratización interna, los procedimientos de fiscalización a los partidos se fueron robusteciendo; al principio a través de decisiones administrativas y judiciales, y en los últimos años y con una mayor extensión en cantidad y profundidad por medio del marco constitucional y legal.

Hoy en día contamos con la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

La ley de manera pormenorizada regula muy diversas materias relacionadas con los partidos: la constitución de los partidos y los plazos y requisitos para su registro legal; los derechos y obligaciones de sus militantes; los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de sus recursos; los contenidos mínimos de sus documentos básicos; las formas de participación electoral a través de coaliciones; el sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; la organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de justicia intrapartidaria; los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; el régimen normativo para el caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos, y las normas sobre las agrupaciones políticas nacionales.

Como se puede apreciar, se trata de un marco extenso y detallado de regulación de los partidos. La ley y las decisiones jurisprudenciales que con fundamento en ella ha dictado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin lugar a duda contribuyen a mejorar la vida interna y externa de los partidos.

Sin embargo, social y políticamente existe una gran insatisfacción con los comportamientos de los partidos y sus dirigentes. Los partidos políticos son parte del desencanto ciudadano respecto a la democracia representativa. ¿Cómo podemos explicarlo? Estimo que además del comportamiento cotidiano de los partidos y de los instrumentos electorales, la democracia representativa desgraciadamente ha sido, como señaló Schumpeter, un mero mecanismo para la selección de élites o, como dijo Popper, un procedimiento de destitución de gobernantes.

La democracia en esta concepción se concreta en lo electoral sin que importe mucho la calidad de las reglas e instituciones o el nivel de participación y deliberación de los asuntos públicos.

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