REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA INDÍGENA EN MÉXICO

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA INDÍGENA EN MÉXICO

En el proceso de construcción de la democracia mexicana, uno de los grandes pendientes ha sido dar cabida al pleno reconocimiento de los derechos indígenas y con ello establecer una nueva forma de relación de los pueblos y comunidades indígenas con el Estado.

El problema ciertamente tiene que ver con un campo más amplio que enfrentan las democracias contemporáneas, en las que tiende a crecer la brecha entre los gobiernos y la sociedad. No se trata de un asunto nuevo, sin embargo, sigue siendo motivo de discusión la manera en que se han ensayado y teorizado sus posibles desenlaces.

Hace ya casi tres décadas que los países de buena parte del mundo se inscriben en un marco en el que concurren dos grandes procesos: por una parte, la incorporación de un importante número de éstos al universo democrático y, por otra, simultáneamente, la integración de sus economías y de su vida política y social al mundo globalizado.

En este contexto donde se ha minimizado el papel del Estado y las naciones se debilitan como unidades soberanas, la toma de decisiones escapa cada vez más del espacio de los representantes populares electos.

Esto es así debido a que el poder se desplaza hacia un conjunto de fuerzas que operan en los niveles local, nacional e internacional, donde las instituciones, organizaciones, corporaciones y tratados transnacionales tienen un papel preponderante, dando lugar a que las grandes decisiones se tomen en formatos no democráticos . A su vez, los representantes populares designados mediante procesos electorales se convierten en élites que se alejan de los ciudadanos.

Estos grandes cambios se expresan en el hecho de que en las democracias “la participación popular en el proceso de toma de decisiones políticas siga siendo una cuestión sin resolver” .

Así, mientras se extiende el consenso sobre los principios democráticos, crece también la incertidumbre sobre la capacidad de las instituciones tradicionales para resolver la relación gobernantes-gobernados bajo esos mismos principios, situación que se agudiza cuando conviven, como en el caso mexicano, identidades culturales distintas, como las de los pueblos indígenas, que sistemáticamente han estado excluidas de la representación política institucional.

En las democracias actuales, que ocupan a prácticamente la mitad de los países del mundo, es una característica común que las y los ciudadanos las valoren positivamente, pero a pesar de ello muestran tener muy bajos niveles de confianza en las instituciones, en los mecanismos de representación democrática, en los representantes electos y en los políticos en general.

Esto no significa que los ciudadanos estén alejados de la política. Por el contrario, lo que numerosas acciones colectivas muestran es que los ciudadanos exploran vías alternas a las institucionales para hacerse escuchar. Esta dificultad, que pudiera convertirse en riesgo para las propias democracias, al poner en entredicho los canales institucionales para dirimir las controversias, como señala Dahrendorf, ha obligado a ensayar fórmulas nuevas desde el mismo orden liberal que tienen que ver con la exploración de canales de participación distintos a los que acompañaron los primeros tiempos de las experiencias democráticas, mediante los cuales se ejerce presión para hacer valer intereses diversos en los procesos de toma de decisiones.

En el mismo sentido, Pippa Norris concluye que mientras la función de agregación de intereses que se esperaba que cumplieran los partidos políticos ha tendido a erosionarse, la acción colectiva en movimientos sociales se ha fortalecido. Con una organización interna flexible, informal y descentralizada, construyendo redes externas cada vez más extendidas y con sus repertorios de acción dinámicos, los movimientos sociales actuales se ocupan con frecuencia de algunas de las tareas que habían estado reservadas a los partidos políticos, pero que a éstos cada vez les son más difíciles de realizar: integrar, articular, movilizar y canalizar la participación política.

Así, los movimientos sociales, además de recoger reivindicaciones particulares, se convierten en vehículos que sostienen exigencias de cambio (Oñate, 2005). No obstante, mientras que los partidos parecen estar moldeando de manera distinta su función de mediación concentrándose en las funciones electorales y de ejecución, los movimientos sociales no pretenden acceder al poder, sino crear nuevos instrumentos para orientarlo, por lo que lejos de ser una amenaza para las democracias consolidadas o en proceso, se han convertido en una parte muy importante de éstas. Articulados con los movimientos de los países del primer mundo, desde la década de los noventa, los movimientos sociales en América Latina dibujan simultáneamente sus propios caminos.

En sus diversas expresiones y con distinto grado de radicalismo, han sido protagonistas del incremento de procesos de confrontación social, llevando a la apertura de profundas crisis políticas, al fracaso de iniciativas de carácter neoliberal o incluso a la caída de gobiernos. En ese universo se enmarcan las experiencias de las organizaciones y los movimientos indígenas que en México comenzaron a desarrollarse en momentos de ascenso del proceso de transición hacia la democracia y de modificación radical del modelo económico.

Éstos cobraron fuerza también en otros países de América Latina como parte del ciclo de protestas indígenas que florecieron en el marco de la campaña “500 años de resistencia indígena, negra y popular”, enarbolando la demanda de autonomía y, con ella, el reclamo de reconocimiento de los derechos indígenas. Siguiendo el argumento de Tilly, en sus formas de acción se advierten dos niveles: “en un lado, viejos estilos de acción y organización que apoyan la participación política continua en los núcleos de toma de decisiones; en el otro, muestras espectaculares pero temporales de conexión mundial, en gran medida mediadas por organizaciones y dirigentes especializados” (Tilly, 2005: 33). Entre las muchas líneas de investigación que se desprenden de estas “nuevas” formas que adquieren las acciones colectivas contenciosas, el interés de este estudio centra la atención solamente en los efectos o consecuencias de la fuerza sostenida “desde abajo”, desde el nivel local-nacional, atendiendo al análisis del modo en que la demanda indígena de inclusión en la representación política y en la toma de decisiones se ha procesado en el campo institucional.

Igualmente, analiza el alcance de las medidas adoptadas, buscando contribuir al debate de las tareas pendientes y al diseño de propuestas de posibles soluciones en el marco de la construcción de la democracia en el país. Al proponer estudiar las consecuencias de las acciones colectivas que reivindican derechos indígenas en México no se plantea medir su éxito o fracaso, sino observar los principales cambios reflejados en el ámbito de la política convencional, desatados a partir de la dinámica e interacciones en las que esos movimientos, como formas de participación política, se han involucrado.

El universo de estudio de las consecuencias de los movimientos sociales, evidentemente, es un tema de enorme magnitud e incluso ambigüedad. Las acciones colectivas contenciosas no solamente impactan en sus oponentes. Sus retos influyen en el conjunto de la sociedad, en distintos ámbitos y en distinta forma. A la vez, en virtud de la confrontación, las acciones colectivas se reconfiguran de manera fluida en función de las respuestas que motivan y que muchas veces no se dirigen solamente o de manera directa hacia el movimiento.

Desde esta perspectiva, cabe cuestionar: ¿se pueden establecer relaciones causales entre series de eventos de protesta y otras acciones colectivas frente a los cambios que se observan en distintos niveles en la sociedad?; ¿cómo distinguir las consecuencias menores de las importantes o esenciales, las pasajeras de las duraderas?; ¿en qué condiciones se producen cuáles resultados? En la exhaustiva revisión que elaboró Mario Giugni (1998b) acerca de los estudios de las consecuencias, reconoce una enorme variedad de enfoques divergentes que ofrecen respuestas a esas y otras interrogantes.

La falta de acuerdo respecto a cómo desarrollar un análisis de esta naturaleza tiene que ver con la diversidad y alcance de las metodologías y teorías que se han desarrollado para el estudio de los movimientos sociales. Desde la perspectiva del llamado paradigma de la movilización de recursos, los estudios que se han llevado a cabo sobre el tema van desde aquellos que analizan procesos revolucionarios hasta aquellos que se han limitado a medir el éxito o fracaso de un movimiento y a explicar su fortaleza o debilidad en función de los resultados que alcanzan (desde lograr o no formar una organización estable, hasta conseguir la resolución efectiva de las demandas o conseguir un logro no esperado), pero no han llegado a delimitar qué es un resultado, cuándo es relevante y cuándo no lo es.

Por otra parte, inscritos en lo que se ha denominado el enfoque o paradigma de los Nuevos Movimientos Sociales, el tema ha sido abordado en términos de la construcción del sujeto en relación con el cambio social, desde procesos revolucionarios hasta los que se inscriben en los de transición a la democracia.

El estudio de las consecuencias de los movimientos sociales puede coadyuvar a encontrar los puentes de comunicación entre los dos grandes paradigmas antes referidos, en la medida en que necesariamente obliga a poner en juego los niveles micro, medio y macrosocial en el análisis.

Siguiendo la perspectiva propuesta por Giugni (1998), las consecuencias de los movimientos van más allá de las variables que explican su éxito o fracaso y deben ser analizadas en términos de tres grandes núcleos de interrelaciones: la incorporación de demandas en los arreglos institucionales, la transformación en la distribución del poder y la democratización en términos de la modificación de los derechos y obligaciones entre el Estado y los ciudadanos. De igual manera desde el estudio de la dinámica de las interacciones propuesta por Tarrow (2005), el análisis de las consecuencias permite observar los impactos sobre el propio movimiento, su difusión hacia otros procesos, otros actores, cambios en el debate público y significado en la vida cotidiana.

En ese sentido, decidí centrar la atención en las interrelaciones y dinámicas que genera la demanda de inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en la representación política y en la toma de decisiones, observando los cambios a los que ha dado lugar en la agenda de gobierno, en la orientación de las políticas públicas y sobre todo en los arreglos institucionales, durante el periodo 1990-2018.

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1 comentario en «REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA INDÍGENA EN MÉXICO»

  1. David Francisco López dice:

    La participación de la sociedad y comunidades indígenas en la política nacional es mera simulación.

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