La agenda pendiente en materia de representación y participación política: voces de los pueblos y comunidades indígenas de México

La agenda pendiente en materia de representación y participación política: voces de los pueblos y comunidades indígenas de México

Hoy en día, existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de reconocer la diversidad cultural y el carácter pluriétnico de la Nación mexicana, así como de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

En particular, se ha generado una toma de conciencia generalizada sobre la urgencia de mejorar la inclusión política de las poblaciones indígenas, mediante mecanismos que propicien una participación y representación política de mayor alcance, eficacia y calidad. Este consenso se reflejó con claridad durante los tres Diálogos sobre Representación y Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Como lo muestran las intervenciones, las experiencias y los testimonios que conforman la primera parte de este documento de diagnóstico general de la cuestión indígena y de distintas experiencias recientes arroja un balance mitigado, con avances, rezagos y aspectos claroscuros.

Para empezar, entre las personas participantes existe un amplio reconocimiento de las conquistas normativas que se han plasmado en distintos instrumentos de derecho, nacional e internacional: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), las declaraciones más recientes de derechos indígenas adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas (onu) y por la Organización de Estados Americanos (oea) y, sobre todo, el Artículo 2º de la Constitución mexicana.

Gracias a un cuerpo creciente de legislación y jurisprudencia, estos instrumentos proporcionan una base sólida para la defensa de los derechos indígenas, al establecer principios y otorgar garantías jurídicas.

Sin embargo, también hay una conciencia colectiva sobre el déficit en materia de representación política indígena y sobre la necesidad de establecer diálogos inter-culturales más incluyentes y efectivos.

Asimismo, se denota un fuerte reclamo contra las prácticas discriminatorias, como consecuencia de la desigualdad, la marginación y la exclusión que se sigue concentrando en las regiones, los municipios y las comunidades indígenas del país. Lejos de obedecer a una lógica binaria, la geografía de las identidades indígenas está compuesta por un mosaico heterogéneo de realidades y procesos, diversos y cambiantes.

Asimismo, las brechas étnicas no son unidimensionales ya que la discriminación se reproduce en el seno de muchas comunidades en donde se ejerce contra otros grupos como son las mujeres, las personas jóvenes, las personas con discapacidad u otros grupos. En todo caso, esta diversidad de situaciones y experiencias invita a distinguir distintos contextos para el análisis, la acción colectiva y la intervención pública.

Por ello, no todos los asuntos abordados generaron posiciones consensuales. Como lo revelan las intervenciones, existen debates y tensiones en temas tan fundamentales como: la definición misma de la identidad y de lo que significa “ser indígena” (que plantea el problema de la medición estadística y de los distintos criterios para estimar el número de personas mexicanas indígenas); las tensiones entre los derechos humanos universales individuales y colectivos (que plantea el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos de derecho en un marco de garantías individuales), entre los sistemas normativos internos y la participación a través de partidos políticos (que puede oponer la voluntad mayoritaria de las asambleas comunitarias al derecho de disentir de las minorías internas), así como entre algunos usos y costumbres y los derechos de las mujeres (incluyendo no solo las prácticas de exclusión sino también la violencia política de género).

La complejidad que resulta de esta gran pluralidad de dimensiones y situaciones, de experiencias e identidades, no solo invita a matizar las concepciones dicotómicas y a desechar estereotipos discriminatorios; obliga, también, a repensar la cuestión indígena y a considerar esta complejidad en el diseño y en la implementación de políticas públicas en el futuro.

En efecto, el balance que se deriva de estos diagnósticos, experiencias y debates resulta paradójico: pese a una participación electoral añeja, sostenida y plural de la ciudadanía y las comunidades indígenas se observa un rezago persistente en el ámbito de la representación política indígena.

Los avances se han realizado por lo pronto en el ámbito normativo, en el ámbito internacional, en la Organización Internacional del Trabajo (oit), en la Organización de las Naciones Unidas (onu), en la Organización de los Estados Americanos (oea) y en el Congreso de la Unión. Para concretizar estos principios jurídicos abstractos y traducirlos en prácticas cotidianas habrá que aterrizarlos ahora en otros niveles de gobierno –en los ámbitos estatales y municipales–, y aplicarlos en escalas propicias para la acción e intervención públicas en las comunidades y localidades que conforman los pueblos y las regiones indígenas.

Como lo subrayaron muchas de las personas participantes, para ampliar la inclusión indígena se tendrán que construir alianzas plurales mediante diálogos incluyentes e interculturales. Se tendrán que enfrentar muchos retos y para ello habrá que articular distintos niveles de acción, coordinación y análisis, en vistas de propiciar e incentivar una participación y representación más efectiva de las comunidades, de los pueblos y de los ciudadanos y ciudadanas indígenas, en términos cuantitativos, cualitativos y sustantivos.

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