Guía para la acción pública. Elecciones sin discriminación: Proceso Electoral Federal 2017-2018. Participar y votar el día de la elección

Guía para la acción pública. Elecciones sin discriminación: Proceso Electoral Federal 2017-2018. Participar y votar el día de la elección

Las elecciones del 1º de julio de 2018 representan un enorme desafío político y organizativo para la nación mexicana. Se despliega en todo el territorio una compleja organización para dar lugar a la renovación de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión; comicios concurrentes en treinta entidades del país, incluidas nueve gubernaturas; más de 3 mil 500 cargos de elección popular en la contienda electoral; nueve partidos políticos nacionales y tres coaliciones parciales en busca del voto de la ciudadanía: “Por México al Frente”, conformada por el Partido Acción Nacional (pan), el Partido de la Revolución Democrática (prd) y Movimiento Ciudadano; “Juntos Haremos Historia”, integrada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (pt) y el Partido Encuentro Social (pes), y “Todos por México”, que agrupa al Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido Verde Ecologista de México (pvem).

El sistema nacional de elecciones, producto de la reforma político-electoral de 2014, se pone a prueba y con ello la redistribución de funciones y competencias entre el Instituto Nacional Electoral (ine) y los Organismos Públicos Locales Electorales (ople), la participación inédita de candidaturas independientes en los ámbitos federal y local, la aplicación generalizada del principio de paridad de género en las candidaturas, entre otros de los significativos cambios y novedades normativas del proceso electoral en curso.

Este proceso electoral, el más grande en la historia democrática del país hasta ahora, se desarrolla en un contexto nacional difícil y repleto de problemas y grandes desafíos, entre los que destacan la desigualdad económica y social creciente, lugares con altos índices de marginalidad, la discriminación presente en toda la geografía nacional, población en situación de pobreza y un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Al respecto, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del ine advierte que la corrupción (tres de cada cuatro personas mexicanas consideran que el país es corrupto), la impunidad (95% de los delitos denunciados no obtienen sentencia condenatoria), la desigualdad (1% de la población concentra un 21% de la riqueza del país) y la discriminación son los problemas más severos que enfrenta México.

Estos problemas dañan particularmente a los grupos de población desaventajados que de manera reiterada han sido y son objeto de prejuicios y una discriminación con consecuencias duraderas. Se trata de una discriminación estructural, al margen de intencionalidades particulares, que se reproduce institucionalmente en todas las dimensiones de la vida social. A lo anterior se suma una coyuntura política y electoral compleja: estados que a la fecha no conocen la alternancia en el ejercicio del poder; fenómenos de violencia focalizada que comprometen la seguridad de las elecciones; casos de violencia política de género; descontento de la ciudadanía con la democracia; prácticas clientelares que condicionan votos por programas sociales que son financiados con fondos públicos; desconfianza en las instituciones, incluyendo a los organismos electorales; abstencionismo creciente, y descrédito del sistema político, entre otros problemas que afectan la organización del proceso y el desarrollo de la jornada electoral.

Ahora bien, en este complicado contexto, se debe valorar que el principio de igualdad política cobra vida en las elecciones y en el ejercicio de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, la obligación de los poderes y autoridades públicas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, debe asumir que el respeto a la dignidad humana conlleva el reconocimiento de las diversidades sociales, culturales, lingüísticas, sexuales, funcionales y etarias, entre otros elementos de identidad de las personas y grupos de población.

El reconocimiento de la existencia de grupos discriminados y la atención de sus demandas específicas son pasos necesarios para remover los obstáculos en el acceso y ejercicio de sus derechos político-electorales, los cuales hacen posible la participación e incidencia efectiva de la ciudadanía en los procesos políticos y en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. La discriminación histórica y estructural encuentra su sustento en los enraizados prejuicios, estereotipos y estigmas negativos basados en generalizaciones falsas en torno a la discapacidad, el color de piel, el origen étnico, la edad, el género, la preferencia sexual, la identidad de género, la expresión de género y la migración, entre otras condiciones.

Los efectos negativos de la desigualdad de trato se manifiestan en relaciones asimétricas de poder y de dominio en la sociedad, que derivan en restricciones de distinta índole, impidiendo el goce de derechos humanos y libertades fundamentales de personas y grupos tradicionalmente excluidos de la vida social y que han visto transgredida su ciudadanía. Esta situación impone límites al proyecto de vida al que toda persona tiene derecho en una sociedad democrática.

Para Norberto Bobbio, el goce de los derechos políticos en igualdad de condiciones es un imperativo democrático: todas y todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna índole, deben poder ejercerlos en plena libertad y son libres de elegir entre diversas opciones o grupos políticos organizados que concurren entre sí; cada voto tiene un peso igual al de los demás; en toda elección y decisión colectiva debe valer la regla de la mayoría numérica, pero ninguna decisión tomada por mayoría puede limitar los derechos de la minoría, entre los que se encuentra el de poder convertirse en mayoría en igualdad de condiciones.2 En las democracias todas las personas son sujetos de derechos. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derechos político-electorales, así como capacidad para ejercerlos y exigir iguales condiciones en su realización.

Sin embargo, la discriminación electoral ocurre por diversas causas que van desde las dificultades para obtener documentos probatorios de identidad como la credencial para votar; problemas de gestión, administración y organización electoral; procedimientos y materiales que imponen restricciones indebidas a la participación política de la ciudadanía; el desconocimiento de los derechos y de las medidas igualitarias para hacerlos efectivos; el impedimento para votar a personas por razón de su discapacidad o identidad de género, e incluso los casos en que la población no puede participar por situaciones de desigualdad, violencia y conflictos sociales. Esta exclusión tiene un doble aspecto negativo pues afecta a quienes resultan discriminados y también a la sociedad en su conjunto, debilitando la representación política y la plena participación de toda la ciudadanía.

Sin duda, el desarrollo y fortalecimiento de la democracia mexicana requiere, entre otras cosas, del eficiente, incluyente y transparente desarrollo de los procesos electorales. El principio democrático de igualdad política y el derecho de las personas ciudadanas a elegir libremente a las y los gobernantes y representantes legislativos tienen una expresión concreta en las decisiones, dinámicas, procedimientos y prácticas institucionales que son parte del trabajo cotidiano de los organismos electorales. Cada paso de la organización electoral tiene el propósito de dotar de contenido al principio de igualdad y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía.

La Guía para la Acción Pública (gap): Elecciones sin discriminación. Proceso Electoral Federal 2017-2018 es una colección conformada por cuatro cuadernos temáticos: 1) Participar y votar en igualdad, 2) Participar y organizar el proceso electoral, 3. Participar y votar el día de la elección y 4) Participar y opinar.

Derechos de las niñas, niños y adolescentes. En cada uno de ellos se desarrolla un tema específico, en función del ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, particularmente de las personas y grupos que han sido y son objeto de una discriminación sistemática, y de las distintas etapas del proceso electoral (el antes, durante y después de la jornada electoral) que involucran la participación de la ciudadanía en condiciones de igualdad. El presente cuaderno, Participar y votar el día de la elección, enfoca la mirada y sus argumentos en el ejercicio del derecho de la ciudadanía al voto en condiciones de igualdad que, en democracia, es el acto del proceso político que define los resultados de las elecciones.

Se destaca la participación de las y los ciudadanos que hacen posible la elección, considerando las dimensiones y situaciones de exclusión particulares de los grupos de población que sufren de una discriminación sistemática y estructural.

Asimismo, en esta publicación se hace referencia al desarrollo de la jornada electoral, que comprende acciones como la instalación, funcionamiento y cierre de las casillas electorales; el escrutinio y cómputo cuidadoso de los votos; el anuncio de los resultados electorales y la entrega de los paquetes electorales a la sede correspondiente, todo esto bajo la vigilancia continua de representantes de partidos y candidaturas, así como de las y los observadores electorales. Por último, se incluye información sobre las dos últimas etapas del proceso electoral que corresponden a los resultados y declaraciones de validez de las elecciones, así como a los mecanismos de denuncia, protección y defensa de derechos con los que cuenta la ciudadanía.

Esta Guía, en su conjunto, es un recurso informativo, de formación y orientación dirigida a todas las personas que participan en la organización de las elecciones y, como ciudadanía electora, compartiendo la idea de que “uno de los contextos más favorables para aprender a vivir en democracia es precisamente el de la participación activa en los procesos de conformación y renovación de los poderes públicos”.

En sintonía con los objetivos y las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 del ine, esta herramienta busca contribuir a la generación y difusión de información para el ejercicio igualitario de la ciudadanía; la promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos político-electorales y del derecho a la no discriminación; la creación de espacios de diálogo e interacción democrática, y la promoción de derechos y de una cultura incluyente en los entornos de convivencia de niñas, niños y adolescentes.

Las normas internacionales y nacionales de derechos humanos y electorales vigentes marcan la pauta para el desarrollo de los contenidos de esta Guía. En cada uno de los cuadernos temáticos se reconocen buenas prácticas de igualdad de trato en los procesos electorales, a la vez que se identifican problemas y oportunidades para sugerir la adopción inmediata y/o progresiva de medidas para la igualdad (medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas) que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de todas las personas, al margen del origen étnico, el género, la identidad de género, la discapacidad, la apariencia, la orientación sexual, la edad, la situación de migración, o cualquier otra condición personal y/o colectiva.

La Guía para la Acción Pública electoral surge por iniciativa de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del ine y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y está dirigida a toda la ciudadanía que hace posible la realización de las elecciones e interviene en los distintos momentos, funciones y actividades implicadas en el proceso electoral, así como a los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, las personas que participan en las candidaturas de los partidos o como independientes a los cargos de elección popular, los Tribunales Electorales y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación social.

Es importante consultar e incluir las voces y perspectivas de quienes han visto restringidos sus derechos político-electorales debido a prácticas discriminatorias. En este sentido, la elaboración de este material se ha visto enriquecida y fortalecida con la opinión de personas que forman parte de los grupos discriminados de manera directa y/o a través de las organizaciones sociales representativas de sus intereses, además de contar con los aportes de funcionarios/as electorales y de personas e instituciones especialistas en materia del derecho a la no discriminación. La construcción de ciudadanía es un desafío de toda la sociedad.

Esta Guía es resultado del compromiso que comparten el ine y el Conapred para hacer realidad el ejercicio efectivo de los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía sin discriminación alguna. La recreación de la democracia y las acciones por la igualdad son tareas que competen a toda la sociedad y suponen responsabilidades compartidas de las instituciones públicas de cara a la sociedad.

DESCARGAR:

https://portal.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/guia_para_la_accion_publica_participar_y_votar_2017-2018.pdf

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