Medio ambiente y democracia: historias que se entrelazan

Medio ambiente y democracia: historias que se entrelazan

El mayor reto que enfrentan las generaciones vivas de seres humanos, y que tendrá efecto sobre las que vendrán, son las alteraciones en los ecosistemas del planeta que ponen en grave riesgo la propia supervivencia de la especie.

De forma similar a lo que en otros momentos han sido amenazas para toda la humanidad –por cierto no del todo desterradas en el presente como el acecho de conflictos nucleares durante la Guerra Fría–, el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas son desafíos de tal magnitud, por sus implicaciones, que no pueden considerarse temas de preocupación sólo para científicos o especialistas.

Son, por el contrario, asuntos vitales, literalmente hablando, de nuestro tiempo. Problemas tan acuciantes como los que se ciernen sobre los procesos naturales, y por tanto sobre las poblaciones que se nutren de los múltiples servicios medioambientales, no pueden sino ser prioritarios en las agendas políticas, de gobierno y legislativas, si es que convenimos que la política es la actividad que permite deliberar sobre la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos, además, claro está, de discernir cómo se accede y se ejerce el poder político.

Bien vistas las cosas, si se sigue la definición clásica del deber ser del Estado nación, cuya obligación primigenia es ofrecer seguridad a sus habitantes, la seguridad medioambiental no puede escapar a esa responsabilidad.

La integridad de las personas y de sus bienes se ve cada vez más expuesta a fenómenos ambientales extremos, entre los que se cuentan inundaciones y sequías severas, incendios masivos, huracanes u olas de calor de la mayor severidad de que se tenga registro. Enfrentar los problemas del medio ambiente es, en ese sentido, también una misión del Estado, sobre todo del democrático, que busca satisfacer las necesidades de la población y no de quien ejerce el poder. Es por ello que la atención a los problemas medioambientales no puede ser ajena a la deliberación democrática.

Si la democracia es el sistema de gobierno que permite, precisamente, la mejor representación del interés común por encima del interés privado, entonces la preservación del medio ambiente, como condición de supervivencia y bienestar de las sociedades, es necesariamente un tema de la democracia.

Para decirlo en otras palabras: sistema democrático que se desentiende de la cuestión medioambiental está dando la espalda a la población a la que se debe.

La fragilidad de los sistemas naturales en las más diversas regiones del orbe es resultado directo de la actividad económica desplegada en las últimas dos centurias.

El uso de energías no renovables para llevar a cabo la producción masiva de mercancías, para el transporte y comercio de bienes y servicios dentro y entre las naciones, la expansión de actividades primarias –extractivas, agrícolas y ganaderas– con daño a los ecosistemas, así como el acelerado consumo de productos que conllevan la utilización creciente de residuos no asimilables por los ecosistemas, están en la base del profundo deterioro ambiental.

Esto es, la manera de “resolver” el problema económico, de ampliar el acceso material a bienes y servicios, ha hecho crecer de forma exponencial el problema de la sustentabilidad ambiental. A pesar de ello, el acceso a satisfactores económicos básicos está cada vez más en riesgo, en buena medida como producto de los efectos negativos del cambio climático; por ejemplo, el abasto de alimentación suficiente para la población total que habita el planeta.

Por la magnitud de los desafíos, y por la manera en que éstos se gestaron, es indispensable la intervención del sector público. No será el mercado, a través de la actuación de sus fuerzas, lo que mitigue los efectos de actividades económicas que puedan ser rentables para determinadas empresas o modifique motu proprio patrones de producción o de consumo. Sobran los ejemplos de explotación “racional” desde la perspectiva de la rentabilidad económica inmediata de determinados recursos naturales que resultan, a la vez, irracionales desde el punto de vista medioambiental y colectivo, como ha sido el caso de múltiples pesquerías.

Entonces, si no será el libre mercado el que, por ejemplo, ponga límites a las emisiones contaminantes, debe ser la intervención pública la que actúe, es decir, la mano visible del Estado. Definir cómo se da esa intervención, con qué orientación, con base en qué objetivos, precisa de una nutrida e informada deliberación pública, por tanto, democrática.

Como los problemas del medio ambiente se deben a la actividad humana, modificar las pautas de producción, distribución y consumo será una tarea ardua. Pero si existen alternativas, como en efecto lo muestran distintos estudios, eso requerirá acciones concertadas con el conjunto de la sociedad, lo que exige inevitablemente la acción del sector público a escala local, regional e internacional.

Es decir, se van a necesitar objetivos, leyes, políticas y acciones en los ámbitos económico, político, social y cultural que involucran amplias decisiones colectivas. Y las decisiones colectivas, en las democracias, deben tomarse precisamente en los espacios de deliberación de donde emanan las leyes y las políticas.

Atender los problemas del medio ambiente implicará afectar intereses creados en todos los sectores que componen la economía y modificar pautas de vida individuales a lo ancho del tejido social. Aquí, de nuevo, un tema político por excelencia: cómo diferenciar el poder económico –y la influencia de los grupos de poder económico– del poder político que, en democracia, emana de la población y, por tanto, busca representar el interés mayoritario. La vieja, y no por ello menos vigente, definición de lo que es el Estado moderno, donde se escinden poder económico y poder político, cobra carta de primera importancia en el tema medioambiental.

No es menor que a casi medio siglo de que se comenzara a tomar conciencia a escala global de la gravedad de los problemas medioambientales para el planeta, existan fuerzas y actores políticos “negacionistas” del cambio climático.

Ante los ojos de todo el mundo están las acciones de distintos gobiernos, entre los que destaca la actual administración de Estados Unidos –a la que se ha sumado el presidente de Brasil–, minimizando, ignorando o cuestionando las pruebas empíricas sobre el daño a los recursos naturales y a los equilibrios ecosistémicos que aportan con sobrado rigor la comunidad científica internacional y organizaciones serias preocupadas por el medio ambiente. Desde el hecho de si un partido político o gobierno presta atención a los datos científicos u opta por su negación, estamos ante un debate político relevante.

Por tanto, nos encontramos ante un asunto que no le es –o mejor dicho no le puede ser– ajeno a las democracias de nuestro tiempo. No es coincidencia que los gobiernos que han abandonado las agendas internacionales sobre cambio climático y medio ambiente sean también los gobiernos que, con frecuencia habiendo llegado al poder a través de los votos, nieguen buena parte de los fundamentos que hacen posible la vida democrática: el respeto a las minorías, a las mujeres, a los derechos humanos, y que en cambio atenten contra los homosexuales, los migrantes, los diferentes. Hoy el retroceso democrático y su inversa, el avance autoritario, suelen ir de la mano del desprecio por la agenda del medio ambiente, de la agenda del bienestar humano en su sentido más amplio.

De la misma forma, conviene preguntarse qué importancia tiene la preservación de los recursos naturales en las políticas de determinado gobierno, cuál es el respaldo presupuestal para preservar el capital cultural de cada nación, cómo se gravan fiscalmente las actividades lesivas al medio ambiente –a través de los llamados impuestos ecológicos–, qué compromisos se establecen en materia de transición energética para disminuir la dependencia del uso de combustibles fósiles no renovables para saber hasta dónde existen –o no– proyectos políticos nacionales comprometidos con la sustentabilidad planetaria. La democracia, huelga decirlo, es mucho más que elecciones.

En México los reclamos a la insuficiencia de la democracia, con razón, subrayan la escasez de resultados tangibles en temas como la seguridad pública, la pobreza y la equidad social o la lucha contra la corrupción. Pero conviene reconocer que, si bien suele ser menos visible en los medios de comunicación, también acumulamos como país severos déficits para afrontar los desafíos medioambientales.

La aspiración de fortalecer la germinal democracia mexicana, para dar paso a una democracia sustantiva entendida como la capacidad del sistema político de ofrecer mejorías en el bienestar de los habitantes, tiene una asignatura pendiente y obligada en la cuestión medioambiental.

Si posamos la mirada en el escenario internacional se podrá constatar que los movimientos sociales a favor del medio ambiente han oxigenado también los sistemas políticos. Más aún, en tiempos de despolitización y desencanto de las poblaciones con la democracia, una de las corrientes de aire fresco que renuevan el ambiente político son precisamente las movilizaciones en defensa de los recursos naturales que protagonizan, cada vez con mayor energía y presencia, jóvenes de todo el mundo comprometidos con su presente y su futuro, pero también con los demás habitantes del planeta.

Las manifestaciones pacíficas, que nacen de las preocupaciones que revela la evidencia científica sobre la situación de los procesos naturales, constituyen hoy por hoy uno de los más apreciados activos en la incesante defensa no sólo del medio ambiente sino del conjunto de derechos humanos que la democracia como ecosistema político busca garantizar.

“Medio ambiente y democracia: historias que se entrelazan”, la conferencia magistral que la doctora Julia Carabias preparó a convocatoria del Instituto Nacional Electoral, es una reflexión pionera y profunda a la vez, desde una perspectiva multidisciplinaria, para hacerse cargo de los desafíos actuales de la humanidad en clave democrática.

Nuestra autora documenta cómo la democratización de México permitió, no sin obstáculos, el desarrollo de la agenda medioambiental en el país, lo que impactó leyes, instituciones y políticas.

Pero Julia Carabias también alerta que los desafíos siguen siendo mayores que los avances, y que no son menores los riesgos de retroceso. La democracia es el ecosistema donde se reproducen y evolucionan los derechos. Ahora la democracia tiene la obligación vital de hacerse cargo de la cuestión medioambiental para asegurar cualquier horizonte de futuro compartido.

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