LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA

LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA

En México cada vez adquieren mayor presencia los medios de control constitucional como instrumentos de tutela y garantía a través del ejercicio de la acción judicial. Esta afirmación hubiera causado extrañeza en nuestro país hace unos cuantos años, cuando existía una hegemonía política indiscutible y que hacía impensable temas de disputa entre los poderes de la

Unión o entre los estados miembros de la Federación que no fueran eventualmente resueltos políticamente por el Presidente de la República.

El amparo, ese medio extraordinario de defensa mexicano, tan complejo y de difícil acceso para la mayoría, era acaso el único medio jurídico de control constitucional que los particulares podían emplear para hacer valer sus derechos ante las arbitrariedades de alguna autoridad. Así, desde su primera aparición en el derecho positivo local mexicano que daría inicio en Yucatán en 1840 y después se incorporó en toda la nación a través del Acta de Reformas de 1847 y se ratificó definitivamente en 1857 en la Constitución Federal, ha venido evolucionando a partir de influencias nacionales y extranjeras para ser ahora una institución jurídica que ha merecido el reconocimiento de propios y extraños.

Esa hegemonía a la que se hace referencia, produjo que durante muchos años un solo partido político, el PRI, mantuviera el control sobre la totalidad de los puestos de elección popular en todo el territorio nacional. Paulatinamente, los cuadros dirigentes del propio partido, dentro del cual se incluye León Javier Martínez Sánchez por supuesto al propio Presidente de la República, advirtieron la necesidad de permitir el acceso a voces disidentes, primero en las asambleas legislativas y luego a municipios y estados.

Esta determinación por supuesto que no fue una concesión graciosa del partido en el poder; fue consecuencia y reflejo de una acción de supervivencia que evitaría a mediano plazo una convulsión social.

Recordemos que para la elección presidencial de 1976, un solo partido político postuló candidato: José López Portillo, quien a la postre fuera electo Presidente de la República pero que fue severamente cuestionado por la ausencia de oportunidades de participación política para otras voces.

A partir de esa polémica elección, se acentuó la reforma política que permitió años más tarde el acceso de otras agrupaciones políticas a puestos de elección popular.

Alonso Lujambio apunta, por citar un ejemplo, que ahora el PRI es un partido más que se ha ido transformando desde 1988 y de manera más dinámica desde 1994, año a partir del cual las elecciones son más limpias, disputadas y transparentes. Así, en 1988 no más de 3 por ciento de la población vivía en municipios gobernados por partidos distintos al PRI; en 1990 la cifra llegó a 10.45 por ciento; en 1992 a 14.4 por ciento; en 1995 al 24.3 por ciento; en 1996 a 37.5 por ciento; y en 1997 a 44.42 por ciento.  Habría que agregar que esta dinámica alcanzó a la propia Presidencia de la República en el año 2000, año en el que el PRI perdió la elección presidencial con una coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México en la que obtuvo el triunfo con 42.52 por ciento de la votación total, contra 36.11 por ciento del PRI, su más cercano competidor.

A partir de esta explicación, no es casual encontrar que a la par que se produjeron reformas políticas, se realizaron también reformas legales que apuntaron hacia un mayor control de la constitucionalidad que evitara la aparición de eventuales conflictos entre gobiernos divididos, pues ahora ya es común encontrar municipios gobernados por partidos distintos al del gobernador y en donde el partido de éste no tiene la mayoría en la legislatura local, lo que se repite en el plano federal.

El Poder Judicial federal se ha venido transformando también paulatinamente hasta convertirse ahora, materialmente, en un Tribunal Constitucional de modelo austriaco o concentrado. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido reservando su competencia para resolver cuestiones en donde se disputa la constitucionalidad de actos emanados de las autoridades a través, básicamente, de las controversias constitucionales y las acciones abstractas de inconstitucionalidad.

Este control concentrado o austriaco será explicado en el capítulo 1 del presente trabajo, en donde se tratará en primer lugar el origen del control difuso de la Constitución a través del estudio de la judicial review (revisión judicial) a partir del análisis de la famosa sentencia del juez Marshall al resolver el caso de Marbury contra Madison en 1803 en Estados Unidos de América. Más adelante, se analizará el modelo diseñado por el ilustre Hans Kelsen y la polémica que tuvo con Carl Schmit sobre este tema.

Veremos en el mismo capítulo que el control constitucional tiene por objeto dirimir en el orden jurídico los conflictos que por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales surjan entre las autoridades constituidas o afecten a los gobernados, así como la aparición de una nueva disciplina jurídica, el derecho procesal constitucional, impulsada en nuestro país por el gran científico mexicano, el profesor Héctor Fix Zamudio.

En el capítulo 2 se abordará de lleno el tema que sustenta el presente ensayo. La inconstitucionalidad por omisión legislativa. ¿La falta de legislación puede ser materia de una acción León Javier Martínez Sánchez judicial? Esta pregunta trata de contestarse al desarrollar este capítulo, partiendo del supuesto de que en los estados democráticos contemporáneos deben existir mecanismos de tutela para la defensa de los derechos fundamentales, de tal suerte que, tal y como se verá en ese capítulo, no todos los derechos deben ser acreedores a tal defensa, sino, coincidiendo con Ferrajoli, aquellos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica.

Ahora bien, ¿resulta válido forzar al ente facultado para emitir una norma? Bajo el principio de división de poderes en el que según el diseño de Montesquieu el poder debe tener un sistema de frenos y contrapesos para que el poder limite al poder, se entiende que los tres poderes clásicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) tienen igual peso y valor, de tal manera que existe una relación respetuosa que permite al Estado ejercer plenamente las funciones generalmente consensuadas en donde el Legislativo legisla, el Ejecutivo ejecuta y el Judicial resuelve las controversias que son sometidas bajo su tutela. En este ejemplo clásico, de ejercicio republicano y democrático, precisamente es esta división de poderes la que evita que el poder se acumule y se cometan arbitrariedades en contra del pueblo. Si el Legislativo, representante del pueblo, en pleno ejercicio de sus facultades legales decide por mayoría que no es conveniente legislar en determinada materia, aun cuando sin esa norma no es posible ejercer un derecho fundamental, ¿se puede forzar de alguna forma a la emisión de esa norma? La respuesta no es sencilla, de ahí que el tema aquí planteado apenas empieza a ser esbozado por la doctrina y aun cuando existen ya previsiones legales sobre el mismo, tanto en México como en el extranjero; como bien advierte el maestro Héctor Fix Zamudio, debemos ser cautos en cuanto a su regulación jurídica.

El capítulo 3 de este trabajo aborda cómo se resuelve el problema de la inconstitucionalidad por omisión legislativa en el derecho comparado. A partir de la consulta directa a la fuente de la previsión legal en los casos que existe esta figura jurídica; esto es, la norma fundamental, presentamos el análisis de Yugoslavia, Portugal, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Alemania, Austria, España, Italia, Colombia y República Dominicana.

En el capítulo 4 presentamos cuáles son los estados de la República en México que establecen esta figura como un medio de control constitucional, destacando el papel que han desempeñado estos líderes del constitucionalismo local en un gran esfuerzo por construir nuevos modelos jurídicos de tutela constitucional y, paradigmáticamente, sin necesidad de esperar a que sea la Federación la que tome la iniciativa. Al final de ese mismo capítulo se presenta también un cuadro comparativo que estimo hará más sencillo el análisis de lo que han realizado hasta ahora Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila y Quintana Roo.

El capítulo 5 contiene un breve catálogo de lo que considero son omisiones legislativas que afectan directamente el ejercicio de derechos fundamentales en México y que ameritan la reflexión sobre la necesidad de colocar una acción de tutela en las propias constituciones, tanto en las locales, como en la federal, lo que da pauta para afirmar que habrá mucho qué escribir todavía sobre el tema central del presente trabajo y que por ahora esto representa apenas un modesto esfuerzo para contribuir al debate y al análisis acucioso, mientras tanto, apuntaremos que a nuestro juicio sólo procede la acción por omisión legislativa en el caso de que la norma suprema de que se trate contemple un derecho para los gobernados y remita su ejercicio a una ley secundaria.

Como quiera que sea, ante la falta de actuación del órgano legislador, estimo que lo que en todo caso debe asegurarse es, como bien dice Gomes Canotilnho, una vía de publicidad crítica y procesal contra la Constitución no cumplida. 

DESCARGA GRATIS:

incons_lx.pdf (diputados.gob.mx)

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