Autonomía de los órganos constitucionales

Autonomía de los órganos constitucionales

Uno de los fenómenos de mayor interés para las sociedades actuales está presente en las profundas transformaciones que han tenido el Estado y sus instituciones a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Estos cambios inusitados y vertiginosos han sido más evidentes desde la invaluable gesta por los derechos humanos que se desarrolló al término de la Segunda Guerra Mundial, pero que tomó mayor fuerza a partir del 10 de diciembre de 1948, fecha en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Si bien la lucha por los derechos humanos comenzó desde 1215 cuando un grupo de barones rebeldes obligaron al rey Juan I de Inglaterra, conocido como Juan sin Tierra, a firmar la Magna Carta, la concepción más moderna de esta cuestión se sitúa en 1789 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aunque no fue sino hasta 1948 cuando la vocación por los derechos humanos alcanzó su verdadero rango universal, ya que hasta este momento se pueden relacionar los cambios profundos en el ser y la forma del Estado con la lucha histórica que múltiples actores y colectivos sociales han emprendido y sostenido a favor del reconocimiento y garantía de los derechos humanos.

No escapa de este análisis la importancia de la mirada diacrónica que nos sitúa en el proceso de formación del Estado en tiempos de Maquiavelo y otros pensadores coetáneos a él.

El Estado nació de un largo proceso que resultó de las viejas prácticas medievales del poder.

Estas prácticas decantaron y se sedimentaron en una noción moderna del poder, la cual superó a sus detentadores y llevó a reconocer que la capacidad de dominio había mutado hacia la potestad.

De este modo, la visión moderna del Estado fijó su atención en los modos de operación de la voluntad general y las tesis pactistas de la sociedad, que iniciaron la formación de conceptos clave como la soberanía y el parlamento.

En este proceso, los evidentes abusos cometidos por los monarcas, que habían sido detentadores absolutos del poder, dieron cuenta de la perversión cometida con el uso de la soberanía personificada en el rey, y que fue llevada hasta la práctica reprochable del despotismo de un sujeto que solamente rendía cuentas a Dios y a sí mismo.

Si bien es cierto que se pueden rastrear los primeros atisbos de esta necesaria transformación del Estado hasta la Revolución Francesa de 1789 cuando el Estado (y el concepto de lo público) dejó de ser visto en la persona del rey, las transformaciones aludidas tuvieron lugar hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Con el desarrollo de una cultura a favor de los derechos de las personas, los instrumentos jurídicos —universales y regionales— y el orden constitucional de los Estados comenzaron a incidir en la concepción del poder público y en los modos y límites de su ejercicio.

En este proceso, otras ideas como la democracia, los partidos políticos, la división de poderes y el control que se debe ejercer sobre sus detentadores comenzaron a hacer su aparición en el terreno de las ideas y con el paso del tiempo contribuyeron a perfilar las capacidades de un Estado sujeto a leyes.

Así, la noción de Estado de Derecho ha sido una consecuencia y una construcción derivada de la necesidad de hacer que quienes ejercen alguna porción de poder deben ser controlados y tienen que rendir cuenta de sus actos.

Desde la aparición de este paradigma que procura limitar y controlar a los hombres que encarnan el poder púbico, este ha sido debatido, porque los excesos y el abuso de la fuerza han sido siempre uno de los retos mayúsculos de la vida democrática.

Estos modelos del ejercicio del poder del Estado —que se acuñaron en las primeras expresiones de la vida democrática— impusieron también su propio sello a los Estados en construcción, pues muchas veces se convirtieron en dictaduras o en meras simulaciones de democracias.

Al mismo tiempo, los reiterados actos de corrupción de algunos de los gobernantes y todas las secuelas derivadas del ejercicio indebido de la fuerza física de la utoridad pública propiciaron la aparición de nuevos escenarios para evitar el abuso del poder y sus consecuencias.

En este sentido, no es difícil encontrar la conexión entre las transformaciones que sufrió la concepción de lo estatal con las nuevas formas de convivencia entre gobernantes y gobernados, que hasta el día de hoy se siguen ensayando y reinventando para que la cosa pública y el patrimonio colectivo en verdad sea coto vedado para la apropiación personal.

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