DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y CONSTITUCIÓN: PROPUESTAS PARA UN DEBATE NECESARIO

DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y CONSTITUCIÓN: PROPUESTAS PARA UN DEBATE NECESARIO

Éste es un libro con agenda. Los textos que lo componen son un decálogo de eslabones anclados en una idea concreta: es necesario y oportuno modificar la Constitución mexicana para reformular sus disposiciones en materia de “derecho de acceso a la información” y de “transparencia”.

Es necesario hacerlo porque la redacción actual del texto constitucional es deficiente e incompleta y es oportuno intentarlo porque nuestra propia experiencia en el tema anuncia que ha llegado el momento de apuntalar los avances logrados y de corregir la ruta de ciertas desviaciones imprevistas.

En las páginas de este volumen, coordinado por Sergio LópezAyllón, se ofrece una batería de argumentos jurídicos y políticos que sustenta esta tesis, pero también —si se me permite el juego de palabras— que nos sugiere que, pensando en el estado actual de nuestra democracia, la necesidad de la reforma también constituye una oportunidad.

Nadie ignora que, en el escenario político actual, al México de hoy le urge una bocanada de oxígeno de esas que sólo ofrecen las reformas estratégicas. Por ello, constitucionalizar de forma apropiada el derecho de acceso a la información y las directrices generales para diseñar políticas eficaces de transparencia, materializa una de esas excepcionales ocasiones en las que los hombres y mujeres del poder pueden hacer de la necesidad, virtud.

Constitucionalizar un derecho, una institución, una política, etcétera, consiste, simple y llanamente, en incorporarlos al texto de la Constitución vigente en un país determinado. Pero, ¿por qué hacerlo? A pesar de las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de los diferentes Esta dos es posible brindar algunas respuestas estándar para esta pregunta.

Sobre todo si nos ubicamos en el contexto de las democracias constitucionales que, después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron en algunos países europeos y que, posteriormente, se fueron reproduciendo en otros lugares, México incluido, durante la segunda mitad del siglo XX.

El dato no es una exquisitez anecdótica: la necesidad de diferenciar la Constitución de las demás leyes es producto de un contexto histórico en el que los europeos (como antes habían hecho los estadounidenses) decidieron que algunas cuestiones debían quedar protegidas en una norma superior que fuera difícil de modificar.

El nazismo y el fascismo dejaron tras de sí una lección bañada en sangre: los derechos individuales y las reglas de la democracia no pueden confiarse a las veleidades mayoritarias.

De esta forma, la Constitución se convirtió en el documento normativo en el que quedaron plasmadas las materias capitales para garantizar a las personas una vida digna en un contexto pacífico y estable.

Por ello, desde entonces, los derechos fundamentales y las reglas para organizar, limitar y distribuir al poder político son las materias constitucionales por excelencia.

De hecho, todas las Constituciones democráticas contienen: a) un catálogo de derechos fundamentales (de libertad, políticos y, en la mayoría de los casos, sociales); b) las instituciones que garantizan el principio de la división de poderes; c) las reglas que instituyen a la democracia representativa, y d) los procedimientos para garantizar la supremacía de la Constitución (la rigidez y el control de constitucionalidad en manos de los jueces).

Tenemos una primera respuesta para la pregunta de ¿por qué constitucionalizar una materia?: porque consideramos que dicha materia tiene un valor cardinal relacionado con la dignidad de las personas y/o una función central en la organización democrática de los poderes y de la sociedad.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/Democracia,_Transparencia_y_Constitucion23.pdf

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