La transparencia en la República: un recuento de buenas prácticas

La transparencia en la República: un recuento de buenas prácticas

EL 20 DE JULIO de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Esta reforma introduce de manera explícita el derecho de acceso a la información gubernamental como un derecho fundamental de los mexicanos. Punto de llegada, esta reforma culmina un largo proceso de casi tres décadas para reconocer y garantizar el ejercicio de un derecho crucial en las sociedades democráticas modernas.

Punto de partida, la reforma marca el inicio de un proceso de cambio institucional y cultural de enorme envergadura que debe perfeccionar nuestras instituciones y de cuyo éxito todos somos corresponsables: gobiernos y ciudadanos.

La historia del derecho de acceso a la información no es nueva. Se inició en 1977, con la modificación al mismo Artículo 6o. constitucional que, no por azar y en el marco de la entonces denominada reforma política, introdujo una frase que dice: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Durante varios años esta reforma generó un importante debate sobre su alcance y contenido, que se centró principalmente en el problema de la regulación de los medios de comunicación masiva.

Pocos quisieron ver que otra de las dimensiones del derecho a la información la constituía el acceso a la información gubernamental.1 En 1985 una triste decisión de la Suprema Corte de Justicia mostró la limitada visión autoritaria de la época.

En esta sentencia la Corte sostuvo que con la reforma al Artículo 6o. “no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estimase oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información”.

Tuvo que pasar poco más de una década —que coincide con el paulatino pero permanente proceso de democratización del país— para que la propia Suprema Corte rectificara el camino y en 1996 reconociera que el derecho a la información es “básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana” y que cuando “las autoridades públicas… asumen ante ésta actitudes que permiten atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la voluntad general, incurre en una violación grave de las garantías individuales”.

En otras palabras, en esta decisión se consideró implícitamente que el derecho a la información constituía una garantía individual. Esta línea de argumentación llevó a la misma Corte a reconocer explícitamente en casos posteriores que el Artículo 6o. consagraba el derecho de todo ciudadano a la información y la obligación del Estado de informar verazmente.

La interpretación de la Corte en el sentido antes anotado no fue, sin embargo, suficiente para asegurar el ejercicio del derecho por los ciudadanos, y fue necesario el cambio político producto de las elecciones de 2000 para que finalmente se avanzara significativamente en la construcción de las condiciones que permitieran el ejercicio efectivo de este derecho.

En efecto, la aprobación por unanimidad del Congreso de la Unión en 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental marcó el inicio de una nueva época en el país.

Esta ley reconoció por primera vez que la información en posesión de los órganos del Estado es pública —y no un patrimonio de los funcionarios que les permitía disponer libre y discrecionalmente de ella— y permitió, mediante un procedimiento sencillo y expedito, que cualquier persona pudiera solicitar información, así como estableció la obligación correlativa de las autoridades de entregarla, con las salvedades que la misma ley prevé. A la ley federal siguieron, e incluso en algunos casos precedieron, leyes equivalentes en todo el país. Para inicios de 2007 todos los estados de la República contaban con una ley de acceso a la información.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/recuento_BuenasPracticas22.pdf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*