LA JUSTICIA ABIERTA EN EL ÁMBITO LOCAL

LA JUSTICIA ABIERTA EN EL ÁMBITO LOCAL

INTRODUCCIÓN

La presencia de los tribunales en el debate público de la actualidad no tiene precedentes.

Su participación en la resolución de conflictos fundamentales para la sociedad les ha dado una visibilidad de la que no habían gozado antes en la historia de México.

La interrupción legal del embarazo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el consumo lúdico de marihuana, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la construcción de grandes proyectos de infraestructura o los límites a las percepciones de funcionarios públicos, son solo algunos de los asuntos más prominentes de los últimos tiempos.

A ellos se suman otros que, aunque menos controversiales, también producen consecuencias muy importantes en la vida de las personas que buscan en los tribunales respuestas jurídicas a problemas familiares, patrimoniales, laborales, escolares, entre muchos otros.

El creciente impacto de la labor judicial no ha sido acompañado, sin embargo, por un mejor conocimiento social sobre las funciones que los tribunales desempeñan.

Contrario a lo que podría pensarse al observar la litigiosidad de los años recientes, la impartición de justicia continúa siendo una cuestión ajena y difícil de comprender para la mayor parte de las personas.

No es extraño que los resultados de encuestas reiteradamente muestren los deficitarios niveles de confianza que la ciudadanía deposita en juzgadoras y juzgadores.

Tampoco lo es que las normas e instituciones en materia de transparencia y acceso a la información presten cada vez mayor atención a la judicatura.

Y es menos extraño aún que las expectativas generadas por la idea de gobierno abierto se hayan traslado de manera vertiginosa al ámbito judicial.

El concepto justicia abierta ha permeado la deliberación pública sobre las instituciones judiciales. Basta consultar los medios de comunicación tradicionales o las nuevas redes de información para comprobar cuán difundido se encuentra, pero también cuán diverso es el uso que se le da.

En ocasiones se le utiliza para poner énfasis en la necesidad de que todas las sentencias y resoluciones sean accesibles por vías físicas y electrónicas; en otras para subrayar la conveniencia de que esos documentos estén escritos en un lenguaje comprensible para toda la sociedad; y en otras más para promover que juzgadoras y juzgadores transparenten todas las actividades que realizan en el ejercicio de sus cargos.

Esa multiplicidad de usos está también presente en el plano internacional y en las comunidades académicas donde se emplea para hacer referencia a servicios electrónicos de justicia, mecanismos de participación ciudadana en las labores judiciales o, simplemente, la adopción de los principios de gobierno abierto al interior de la judicatura.

La difusión de la idea de justicia abierta ha sido amplia y veloz, y ello ha redundado en mayor indeterminación en cuanto a su significado.

Uno de los rasgos más notables del uso del concepto tiene que ver precisamente con las tensiones que existen entre lo que se considera que la justicia abierta debe ser y lo que se observa que efectivamente es. Las consecuencias de esta brecha entre perspectivas prescriptivas y descriptivas son particularmente visibles en los desafíos que actualmente se enfrentan para trasladar la idea de gobierno abierto al ámbito de la justicia.

El caso mexicano es una muestra de esos desafíos a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Este ordenamiento incorporó la noción de gobierno abierto al régimen jurídico nacional y, al conferir atribuciones a los organismos garantes de la transparencia y el derecho de acceso a la información para fomentar sus principios, emitir recomendaciones y colaborar con los sujetos obligados y los representantes de la sociedad civil, hizo necesario construir bases sólidas para llevar a la práctica esas innovaciones.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT), ha emprendido diversas iniciativas para contribuir a que las nuevas disposiciones se materialicen a plenitud. A estos esfuerzos subyace la convicción de que tanto tomadores de decisión como sociedad, requieren evidencia para el diseño de las políticas en la materia.

En esta línea, y reconociendo además el papel fundamental que desempeñan los poderes judiciales en la construcción y funcionamiento del Estado democrático constitucional, el INAI consideró oportuno sumar a esas iniciativas al Observatorio de Justicia Abierta 2019. Para desarrollarlo suscribió un Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a fin de que esa institución académica, por conducto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), se hiciera cargo de las labores de investigación correspondientes.

La premisa de la que partió el proyecto, fue construir una base sólida en términos teóricos y metodológicos que, por un lado, ayude a reducir la brecha entre las dimensiones prescriptiva y normativa del concepto de justicia abierta, facilitando la comprensión sobre lo que ese concepto significa en el contexto nacional; y que, por el otro, permita contar con información precisa sobre los avances que se han logrado en la materia, así como sobre los retos que existen en la actualidad.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/Observatorio%20de%20Justicia%20Abierta%20versi%C3%B3n%20electr%C3%B3nica.pdf

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