¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro de control de regularidad

¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro de control de regularidad

Tanto se ha escrito sobre la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante “DOF”) el 10 de junio de 2011, que resulta difícil realizar algún tipo de referencia introductoria a la misma sin recurrir a los lugares comunes que al respecto se han generado.

Sin duda se trata de una de las reformas de mayor trascendencia durante la vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), y es por esta razón que el tópico más recurrente para tratar de describir su significado consiste en señalar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos —como ha sido calificada— constituye un verdadero cambio en el paradigma constitucional imperante en México.

Como magistralmente lo ha expuesto Rodolfo Vázquez, existen razones para tener cautela en afirmar, sin más, que en efecto ha operado en México un verdadero cambio de paradigma constitucional.

No obstante, es incuestionable que la citada reforma implicó una rematerialización de la Constitución, al centrar el eje de la actuación de todas las autoridades del Estado mexicano en la tutela efectiva de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste, identificando para ello la totalidad de obligaciones derivadas de cada derecho.

Sin menoscabar la gran importancia del resto de las modificaciones introducidas al texto constitucional el 10 de junio de 2011, es fundamental destacar las que dieron lugar al texto actual de los primeros tres párrafos del artículo 1o. constitucional.

En efecto, en tan sólo tres párrafos es posible encontrar las siguientes novedades constitucionales: i) sustitución de la referencia a las garantías individuales para hablar de derechos humanos —distinguiendo conceptualmente a los segundos de las garantías—, así como del término individuo para hablar de personas; ii) cambio en la postura del otorgamiento de los derechos humanos al reconocimiento de los mismos; iii) ampliación de las fuentes de derechos humanos, sumando a la Constitución los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; iv) reafirmación de la exclusividad de la Constitución para determinar los casos y circunstancias en que se pueden restringir y suspender los derechos; v) reconocimiento constitucional del principio pro persona y del de interpretación conforme; vi) pronunciamiento expreso sobre la obligación de todas las autoridades de tutelar derechos humanos en el ámbito de sus competencias; vii) identificación del total de obligaciones y deberes específicos del Estado mexicano en la tutela de derechos humanos, y viii) identificación de cuatro principios rectores —interpretativos— de los derechos humanos. Estas ocho novedades en el texto constitucional implican, sin dudas, un cambio profundo en la posición asumida por el Estado mexicano como garante de los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción, reflejando un compromiso más firme y, especialmente, claro.

Destaco la claridad en la postura del Estado porque puede advertirse en los tres primeros párrafos del artículo 1o. constitucional una evidente intención del Poder Revisor de la Constitución por consagrar, en el más alto nivel jerárquico de nuestro ordenamiento jurídico, toda una teoría de los derechos humanos que aporta las pautas bajo las cuales deberemos analizar y juzgar la conducta de las autoridades que forman parte del Estado mexicano.

El presente estudio pretende explicar si algunos de los cambios introducidos por la multicitada reforma constitucional permiten afirmar la existencia en el ordenamiento jurídico mexicano de lo que en otras experiencias se ha denominado un bloque de constitucionalidad.

Para el desarrollo del tema describiré primero, en forma breve, las ideas que permiten identificar la figura que la doctrina ha denominado como bloque de constitucionalidad, para lo cual haré alusión a las experiencias de otros Estados cuyas autoridades y sus ordenamientos jurídicos la han aceptado.

En segundo lugar, describiré el posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN o Suprema Corte) en torno al tema, para lo cual profundizaré en el estudio de la Contradicción de Tesis 293/2011, toda vez que fue durante la discusión de ese asunto, cuando nuestro máximo tribunal abordó la discusión del tema objeto de estudio.

En este punto haré alusión al proyecto presentado por el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, así como a cada una de las posturas sostenidas por las y los ministros durante las dos series de debates que conformaron la deliberación del asunto en el Pleno de la SCJN.

En tercer lugar, desarrollaré algunas objeciones a las posturas esgrimidas por las y los ministros durante el debate de la Contradicción de Tesis 293/2011, así como a la resolución finalmente adoptada. Por último, explicaré las razones por las cuales considero que en México sí existe un bloque de constitucionalidad, asimismo abordaré las consecuencias de sostener dicha tesis.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CPCDH8.pdf

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