El reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en Latinoamérica

El reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en Latinoamérica

En el mundo, el 70 % de las mujeres ha padecido por lo menos una experiencia de violencia física o sexual, y 140 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a multilación genital y sufren sus consecuencias.

Según determinó la Organización Mundial de la Salud, en 2013 el 35 % de las mujeres en el mundo había sufrido violencia física y/o sexual en sus relaciones de pareja (porcentaje que aumenta a 70 % en algunos estudios nacionales), siendo en esos vínculos en los que se comete el 38 % de los homicidios de mujeres.

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), indica que más de 700 millones de mujeres en el mundo han sido forzadas a casarse siendo niñas (1 de 3, antes de cumplir 15 años);5 que casi 19 % de las mujeres jóvenes en países en desarrollo quedan embarazadas antes de cumplir 18 años de edad; y que, en 2013, casi 60 % de las nuevas infecciones por VIH de jóvenes entre 15 y 24 años, ocurrieron en mujeres.

El Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, calculó en 2013 que dos terceras partes de las 875 millones de personas adultas que no sabían leer y escribir, eran mujeres, lo que ocurre porque ven limitado su acceso a la educación por la situación de pobreza a que se enfrentan o por tradiciones culturales. En lo laboral, las mujeres del mundo ganan entre un 10 % y un 30 % menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, lo que refleja la injusta valoración de sus aportes al sector productivo.

Además, la Organización Mundial del Trabajo informa que 83 % de las personas trabajadoras del hogar en el mundo, son mujeres, las cuales se encuentran entre los grupos en situación de vulnerabilidad más afectados, al enfrentar violaciones a derechos laborales y a derechos humanos, que van desde condiciones de trabajo deplorables y desigualdad salarial, hasta violencia sexual.

En 2013, sólo el 24 % de las personas que ocupaban puestos de alta dirección en el mundo eran mujeres; la proporción de empresas que contaban con una mujer consejera delegada era del 14 %; y sólo 19 % de las personas que integraban los consejos de administración en el mundo eran mujeres.11 Y, para enero de 2014, en todo el mundo eran mujeres sólo 24 titulares de Jefaturas de Estado o Jefaturas de Gobierno; el 21.8 % de representantes en órganos legislativos;12 y el 17 % de titulares de Ministerios de Gobierno o Secretarías de Estado13 (en su mayoría, a cargo de los sectores sociales como la familia y la educación, relegando su posible participación en espacios financieros, de negociación política, salud, seguridad, etcétera).

Vemos que existen muestras claras de desigualdad que dificultan a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos, la salud física y emocional, y el acceso a los espacios de toma de decisiones.

A menor o mayor escala, esto se ve reflejado en todo el mundo afectando a millones de mujeres, lo que las sujeta a condiciones indebidas, injustas e injustificadas de vulnerabilidad, exclusión y discriminación. Sobre la situación específica de la mujer de México, conviene anotar: La forma como la población percibe la violencia contra las mujeres, se ve reflejada en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), según los cuales, el 94.8 % de la población piensa que las mujeres mexicanas sufren violencia física, frente a un 4.3 % que considera que no es así.

Además, a nivel nacional, frente a un 78.4 % que sabe que las mujeres no deben ser agredidas físicamente; 5.4 % piensa que “se justifica” golpear a una mujer por infidelidad; 0.8 %, “por desobedecer a su esposo o a sus padres”; 0.8 % “cuando se lo busca, lo provoca o hay un motivo”; 0.7 % “cuando comete un error o hace algo mal”; y 7.6 % “no lo sabe” (independiente del 3.2 % que no contestó).

Más allá de la percepción, según estadísticas del Instituto Nacional de la Mujeres, en 2011 el 43.1 % de las mujeres mexicanas fueron humilladas, menospreciadas, encerradas, vigiladas, amenazadas o expulsadas de sus hogares; el 24.5 % recibió reclamos de su pareja por la forma de gastar el dinero, prohibiciones para trabajar o estudiar, o despojo de sus propiedades; al 14 % su pareja la golpeó, amarró, pateó, agredió con un arma, o intentó ahorcar o asfixiar; y al 7.3 % se le obligó a tener relaciones sexuales con sus parejas contra su voluntad, o a realizar actos sexuales no deseados.

Así mismo —según indica el Instituto Nacional de las Mujeres— sólo el 13.6 % de las mujeres que vivieron violencia en una relación recurrieron a una autoridad. De ellas,19 32.6 % acudió a una agencia del Ministerio Público a denunciar; 32 %, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (nacional o local); 20 %, a la Policía; 15.4 %, al ayuntamiento municipal o delegación del Distrito Federal; y, 9 %, a un instituto de la mujer.

Es claro que la violencia es vivida como un hecho cotidiano, tan repetido y habitual que se acepta socialmente sin generar sorpresa en las personas agredidas, en las familias o en la comunidad; siendo considerados como “excesivos” sólo los casos que conducen a la muerte de la víctima, sin que los “comunes” (incluso fatales) reciban atención legal, médica o de otro tipo por parte de las autoridades del Estado.

Las estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres también informan que al 14.9 % de las mujeres mayores de 14 años, que han trabajado fuera del hogar en por lo menos alguna ocasión, le solicitaron como requisito de ingreso un certificado de no estar en periodo de gestación, se le despidió por embarazo, no le renovaron el contrato teniendo méritos para ello, o le redujeron injustificadamente el salario.

Y, en un periodo de 12 meses, el 20.6 % sufrió un incidente de discriminación laboral derivado de su edad o estado civil, consistente en recibir menor sueldo, prestaciones u oportunidades de ascenso que sus pares varones que realizan el mismo trabajo, disminución de sueldo, no contratación o despido.

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