Los derechos humanos y la democracia en el sistema interamericano

Los derechos humanos y la democracia en el sistema interamericano

Los derechos humanos o fundamentales son “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos”.

La agenda de los derechos humanos es, por tanto, la de aquellos derechos que se refieren a bienes esenciales de los que depende la dignidad humana, tales como el derecho a la vida, las libertades individuales y las garantías judiciales.

Existe un nexo ineludible entre democracia y derechos. Dado que en democracia la voluntad del pueblo –expresada mediante el voto libre, universal e igualitario– es la base de la autoridad del poder público, ésta “necesita de los derechos para consolidarse como forma de gobierno sustentada y, a su vez, orientada por la autonomía política de las personas”.

Mientras que si no se garantizan los derechos políticos no puede haber libertad e igualdad democráticas, si se violan algunos derechos sociales (por ejemplo, el derecho a la educación) la democracia puede verse comprometida y tornar vano el ejercicio de los derechos políticos.3 Los derechos humanos y la democracia se encuentran en el núcleo de los asuntos internos de los Estados, puesto que refieren a la organización política de los mismos y a la relación entre gobernantes y gobernados.

La creación de regímenes internacionales en estas materias supone el reconocimiento de que son principios de tal importancia que su promoción y protección corresponde no sólo a los Estados, sino a la comunidad internacional en general.

Este reconocimiento se inserta en una discusión más grande sobre la definición de los principios de soberanía y no intervención en el mundo moderno.

Con el surgimiento de sistemas internacionales para la protección de los derechos humanos y de la democracia, los Estados han cedido soberanía, entendida en términos clásicos como la autoridad suprema dentro de un territorio, y han facultado a terceros actores para vigilar e incidir en su actuar a nivel interno. En particular, la conformación de regímenes en la esfera internacional empodera a las organizaciones de la sociedad civil, a las propias organizaciones internacionales y a terceros países, los cuales pueden utilizar su política exterior en materia de derechos humanos y/o democracia para incidir directa o indirectamente en la conducta de otros Estados.

A primera vista, parecería inexplicable que los gobiernos adquieran voluntariamente compromisos internacionales en materia de derechos humanos y democracia. Sin embargo, esto ha tenido lugar y ha llevado al desarrollo de complejos andamiajes institucionales a nivel internacional, sobre todo en el ámbito regional, para promoverlos y protegerlos.

En el caso del continente americano, la región tiene uno de los regímenes de promoción y protección de los derechos humanos más desarrollados y es, junto con Europa, la única región del mundo que cuenta con un régimen internacional de protección de la democracia. Cuando los Estados toman la decisión de llevar estos temas al ámbito internacional, ¿cuáles son sus motivaciones? Por un lado, en la arena internacional hay una tendencia a generar comunidades a partir de identidades compartidas.

Éstas muchas veces se circunscriben al ámbito regional, ya que, entre vecinos, suele haber afinidad en la cultura política y ciertos valores fundamentales comunes. La importancia de las comunidades culturales es evidente si consideramos que los únicos regímenes existentes de protección de la democracia son regionales: el europeo y el americano, no hay un régimen universal.

En lo relativo a los derechos humanos, los sistemas regionales se encuentran mucho más desarrollados que el sistema universal y, a diferencia de este último, son los únicos que cuentan con órganos jurisdiccionales (la Corte Europea, la Corte Interamericana y la Corte Africana de Derechos Humanos). Por otro lado, la segunda motivación de los gobiernos para comprometerse internacionalmente con estas agendas suele responder a una estrategia de lock-in o de “generar candados externos”.

Los gobiernos democráticos recurren al sistema internacional para construir un entorno que refuerce el proyecto político de la garantía de los derechos humanos y de la democracia. Los Estados están dispuestos a someterse a restricciones normativas e institucionales internacionales para que, si estos valores o principios se ven amenazados internamente, haya herramientas externas que eviten una regresión autoritaria o que permitan reparar violaciones a los derechos humanos de manera subsidiaria, es decir, de manera complementaria y tras haber agotado los recursos internos.

Justamente porque tanto el régimen internacional de protección de los derechos humanos como el de protección de la democracia son regímenes subsidiarios, los “candados externos” creados sólo funcionan en la medida en la que existe una sociedad nacional dispuesta a recurrir a ellos. En particular, la sociedad civil organizada desempeña un papel fundamental como actor de política internacional en este caso.

Ante situaciones críticas a nivel interno, estos grupos recurren a los mecanismos internacionales para canalizar sus demandas y regresar desde ahí con mayor fuerza a presionar al gobierno en cuestión. A ello se le conoce como “efecto búmeran”.

Asimismo, la sociedad civil organizada es un actor central para la socialización de “ideas basadas en principios” –como la protección de los derechos humanos y de la democracia– a nivel nacional y para fomentar el cumplimiento de las normas internacionales por parte de los Estados.

Ahora bien, contrario a lo que en un primer momento se podría pensar, aunque la democracia y los derechos humanos están íntimamente vinculados y su institucionalización en el ámbito internacional responde a lógicas y motivaciones similares, las normas e instituciones internacionales existentes en estas materias son distintas. El propósito de este trabajo es realizar un análisis de las diferencias entre el régimen interamericano de derechos humanos y el régimen interamericano de protección de la democracia, los cuales han sido construidos en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Encontramos dos diferencias fundamentales. La primera corresponde al grado de institucionalización: el régimen interamericano de derechos humanos se encuentra más desarrollado en términos normativos y está más consolidado en términos institucionales. La segunda diferencia se refiere a los canales de participación ciudadana que contemplan ambos regímenes. El de derechos humanos incorpora de manera más clara y determinante a los ciudadanos y éstos son actores centrales para su funcionamiento; mientras que el segundo se basa sobre todo en las interacciones intergubernamentales y la sociedad civil desempeña sólo un papel de acompañamiento. Estas diferencias son, por supuesto, el resultado de las decisiones de los Estados.

Son importantes porque, en última instancia, reflejan el grado de consenso o legitimidad que han alcanzado los dos regímenes: a lo largo de la historia las autoridades políticas del hemisferio –con idas y vueltas– han estado más dispuestas a internacionalizar y ceder soberanía en aras de su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, no así por lo que hace a la defensa de una forma específica de organización política, como lo es la democracia representativa. Para fines de este trabajo, se evalúa el grado de institucionalización de un régimen a partir de dos dimensiones: los instrumentos normativos vigentes en la materia, tales como tratados internacionales y resoluciones, así como la existencia de instancias internacionales que vigilen y, en su caso, sancionen el incumplimiento de los instrumentos normativos. La obligatoriedad y la universalidad de estos instrumentos son factores importantes a considerar.

La obligatoriedad da luces acerca de si los Estados se encuentran sujetos a las reglas y procedimientos del derecho internacional más allá de un compromiso discursivo. La universalidad –que se refiere a la membresía de un régimen– es indicativa del mayor o menor ámbito de incidencia del mismo, ya que hay una geometría variable en el número de Estados que acepta y se adhiere a los distintos instrumentos normativos que lo conforman.

Por su parte, los canales de participación se refieren a los modos que encuentran individuos y organizaciones sociales para activar los instrumentos normativos e incidir en las decisiones de los órganos competentes. Hay una diferencia cualitativa entre los regímenes que operan con una lógica puramente intergubernamental y aquellos que abren espacios para que los individuos también participen. En el primer caso, los Estados sólo se reconocen entre sí como interlocutores legítimos, mientras que en el segundo están dispuestos a reconocer a otro tipo de actores como interlocutores válidos y como sujetos de derecho internacional.

Con esto en mente, el texto se estructura de la siguiente manera. En el primer capítulo se evalúa el desarrollo y el grado de institucionalización de los regímenes interamericanos de promoción y protección de los derechos humanos y de la democracia. En el segundo capítulo se lleva a cabo una revisión de los canales de participación ciudadana existentes en el seno de cada uno.

En el tercer capítulo se hace un recuento histórico de la participación de México en estos regímenes para vislumbrar cómo ha variado la postura del país frente a los mismos y el papel que ha desempeñado en su desarrollo. Finalmente, a manera de conclusión, se retoman las ideas principales del texto y se perfila el caso de México como un ejemplo ilustrativo de las pulsiones contrapuestas y del avance gradual de los esquemas multilaterales de derechos humanos y democracia.

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