Lineamientos para la atención integral a víctimas

Lineamientos para la atención integral a víctimas

Los derechos de las víctimas tienen como punto de arranque formal 1985, año en que la ONU aprobó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, cuyos ejes rectores son: Acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento del daño por ilícitos cometidos por particulares o servidores públicos en el ejercicio de su función, indemnización del Estado cuando no sea suficiente la procedente del inculpado y asistencia a víctimas de delitos y abuso de poder por violaciones graves a derechos humanos.

Desde su adopción, ha sido un desafío su aplicación, en este propósito destaca la Resolución 1998/21. Criterios y normas para la prevención del crimen y la justicia penal, mediante la cual se consultó a los Estados miembros la conveniencia de establecer un fondo internacional para las víctimas de delitos y del abuso de poder, y se acordó la elaboración de un plan de acción para la aplicación de la Declaración.

En 1999, con la intervención de expertos de más de 40 países, se elaboró una guía destinada al diseño de políticas públicas para la aplicación de la Declaración y un manual de justicia para víctimas; este último abarca, entre otros, los siguientes temas: El impacto de la victimización, programas de asistencia a la víctima, el papel y la responsabilidad de los profesionales de primera línea y asesoría legal, diseño de políticas y reforma legal.

Por su parte, en la Resolución 2000/11. Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI”, se decidió… establecer, cuando proceda, planes de acción nacionales, regionales e internacionales en apoyo a las víctimas que incluyan mecanismos de mediación y justicia retributiva y fijamos 2002 como plazo para que los Estados revisen sus prácticas pertinentes, amplíen sus servicios de apoyo a las víctimas y consideren la posibilidad de crear fondos para las víctimas…”

Del Congreso de Bangkok, realizado en 2005, denominado Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal, emanó una Declaración en la que se reconoce la importancia de prestar especial atención a las necesidades de las víctimas del delito.

En esta línea de cumplimiento de los derechos que contiene la referida Declaración, se elaboró el Proyecto de Convención de Naciones Unidas sobre Justicia y Apoyo a las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, documento que se encuentra en análisis y una vez aprobado resultaría vinculante para los Estados que la suscriban.

El Estado Mexicano, ha realizado múltiples esfuerzos para cumplir con este compromiso internacional, desde la creación de agencias del ministerio público especializadas en violencia familiar y delitos sexuales hace más de 25 años, hasta las reformas constitucionales en materia de víctimas de 1993, 2000 (apartado B) y 2008 (apartado C), así como la de derechos humanos y amparo en 2011, y las reformas legales que éstas generaron.

En nuestros días, la violencia con sus variantes por entidad federativa es tema cotidiano de comentario y preocupación de la sociedad mexicana, pero también, de agravio, dolor y frustración por parte de las víctimas directas y sus familiares, quienes además de resentir la agresión cuando denuncian, en no pocas ocasiones, son objeto de una doble victimización.

En el ámbito federal se han venido creando espacios institucionales de atención a víctimas del delito, en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP); por su parte, las 32 entidades federativas, los incorporó en la estructura de los órganos de procuración de justicia; en 2011, el Ejecutivo Federal, creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, que se trasformó en enero de 2014, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV federal).

El 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, reformada el 3 de mayo del referido año, misma que establece en lo sustancial crear un registro nacional de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, y un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que coordine y articule esfuerzos en los distintos órdenes de gobierno de la República, cuyos órganos operativos son la CEAV federal y las comisiones estatales de atención a víctimas locales que están en proceso de creación, así como un fondo económico de ayuda, asistencia y reparación integral.

En el ámbito de las entidades federativas, se han expedido leyes específicas en materia de víctimas del delito, que actualmente se encuentran en proceso de armonización con la legislación federal. En acatamiento de lo que prevé esta Ley General y su Reglamento expedido el 28 de noviembre de 2014, en mayo de 2015 se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que presidió el Presidente de la República, de la que este Organismo Nacional forma parte, en la que se aprobó el Programa Nacional de Atención a Víctimas 2014-2018, que incluye el programa anual 2015.

En este esfuerzo de cumplimiento de los derechos de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró en 2010, el documento denominado Lineamientos para la atención integral a víctimas, que contiene lo que consideramos criterios generales para prestarles atención y apoyo, ya sea a cargo de personal especializado o particulares que coadyuvan o trabajan en favor de este grupo vulnerable de personas; documento que se actualizó conforme al nuevo marco jurídico y criterios emanados de estudios en la materia, además se puso al día el directorio de instituciones públicas a las que las víctimas pueden acudir; lineamientos que ahora se presentan a la sociedad mexicana esperando sean de utilidad práctica.

DESCARGAR:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cua_LineamientosAtencionVictimas2aed.pdf

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