La evolución de la “reparación integral” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La evolución de la “reparación integral” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La temática de las reparaciones constituye en gran medida la concreción práctica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en casos específicos y que, en la mayoría de los casos, implicaciones generales para subsanar violaciones a los derechos humanos en la región.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte, Tribunal o Corte IDH) en materia de reparaciones constituye su sello distintivo respecto de otros tribunales nacionales e internacionales, a partir del cual el SIDH ha logrado tener una influencia activa en los diferentes procesos de derechos humanos del continente.

El concepto de reparación integral, que se desprende del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), comprende la acreditación de daños en la esfera materia e inmaterial, al mismo tiempo que el otorgamiento de medidas como: a) la investigación de los hechos; b) la restitución de derechos, bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

Por medio de esta facultad, la Corte ha ordenado medidas emblemáticas para muchos países de la región, las cuales han contribuido a la consolidación del Estado de Derecho y la vigen cia de los derechos humanos.

En su dimensión individual, dichas medidas han beneficiado a miles de personas en la región (a través del otorgamiento de becas educativas, atención médica y psicológica, actos de conmemoración, búsqueda de desaparecidos y compensaciones económicas).

En su dimensión colectiva, la Corte ha ordenado tales medidas con impacto social a la mayoría de Estados partes de la Organización de Estados Americanos (OEA) (i.e. reformas legislativas, campañas de concientización social, instauración de programas sociales destinados a grupos en situación de vulnerabilidad, cambios legislativos, sanción a responsables de violaciones a derechos humanos, etcétera). Seguido de ello, la Corte tiene la facultad de supervisar el cumplimiento por parte del Estado de estas medidas y monitorear su debida implementación.

La jurisprudencia de la Corte al respecto constituye uno de los avances más importantes del desarrollo internacional de la reparación integral. A la fecha, la Corte ha emitido más de 150 sentencias de reparaciones a 22 Estados miembros de la OEA.

Si bien el cumplimiento y debida aplicación de las reparaciones de la Corte aún representa un desafío, cada vez se incrementa más el cumplimiento efectivo de los Estados mediante la incorporación de diferentes mecanismos de implementación doméstica, con lo que se han logrado cambios sustanciales en sus sociedades.

Por tal razón, comprender y fortalecer este proceso beneficia tanto a todo el Sistema Interamericano como los procesos democráticos en la región.

En el contexto mexicano, el 6 de junio de 2011 se publicó la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Dicha reforma reconoce los derechos humanos recogidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, además de garantizar su interpretación a la luz de dichos instrumentos y de favorecer la mayor protección a la persona; asimismo, establece, entre otras importantes modificaciones, que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos, y dispone que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Por su parte, mediante decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente “varios” 912/2010 de 14 de julio de 2011, dispuso que las sentencias de la Corte IDH son de carácter obligatorio y su jurisprudencia es orientadora en el ámbito interno.

Todos los jueces mexicanos deben ejercer un control difuso de constitucionalidad ex officio.

En virtud del escenario que México presenta en materia de derechos humanos, resultan de la mayor relevancia los estándares de reparación integral de la Corte IDH en la aplicación del control de convencionalidad y en la implementación de la Ley de Reparaciones (Ley General de Víctimas. Decreto de 9 de enero de 2013), dispuesta por el artículo 1o. constitucional, así como por la efectiva implementación de los fallos de la Corte IDH. Dado que la jurisprudencia de la Corte IDH en la materia incluye la mayoría de las sentencias emitidas por este Tribunal, para efectos didácticos solamente se citarán algunas de las decisiones que ejemplifiquen que el estándar desarrollado (dos o tres).

Por tanto, se presentan dos supuestos: cuando se tiene una cita textual, la cita de la sentencia será completa, y cuando se haga referencia a otros casos que ejemplifican el mismo supuesto, la cita mencionará el nombre del caso y, de ser pertinente, el párrafo que corresponda.

Asimismo, la mayoría de las sentencias citadas en el presente documento corresponden a sentencias de reparación de la Corte IDH, por lo que sólo en caso contrario será especificado el órgano que emite el fallo o la sentencia que corresponda.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSIDH_EvolucionReparacionIntegral-1aReimpr.pdf

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