El trámite de casos individuales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El trámite de casos individuales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte Interamericana” o “Corte”) es la única institución judicial autónoma del Sistema Interamericano. Fue creada mediante la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”) durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, llevada a cabo en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. La Corte Interamericana quedó formalmente establecida el 18 de julio de 1978, una vez que dicho instrumento entró en vigor.

En noviembre de 1978 los Estados Partes de la Convención Americana aprobaron el ofrecimiento del Gobierno de Costa Rica para instalar en la ciudad de San José la sede permanente de la Corte. Así, el 22 de mayo de 1979 fueron elegidos a los primeros siete jueces que la compondrían.

Sin embargo, la primera reunión de la Corte Interamericana se celebró los días 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, D. C., mientras que la ceremonia de instalación se realizó el 3 de septiembre de 1979 en San José, Costa Rica, lugar donde tiene su sede la Corte.

De conformidad con la Convención Americana y con el Estatuto de la Corte Interamericana, ésta tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención, siempre que los Estados Partes hayan reconocido dicha competencia.

La Corte Interamericana está compuesta por siete jueces, quienes deben ser nacionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque no necesariamente de los Estados Partes de la Convención Americana.

Los jueces son elegidos por los Estados Partes de la Convención a partir de una lista formada por ellos. Conforme a la Convención Americana, los jueces deben ser elegidos a título personal “entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos”.

En la Corte Interamericana no puede haber dos jueces de la misma nacionalidad. La duración del cargo de juez es de seis años, pudiendo ser reelegidos sólo por una vez. Sin embargo, la Convención Americana contempla que los jueces puedan seguir conociendo de los casos a los cuales ya se hubiesen abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

El Reglamento de la Corte desarrolla este punto señalando que los jueces continuarán con el conocimiento de aquellos casos en los cuales hayan participado en la audiencia pública respectiva, y hasta que se dicte sentencia. Sin embargo, dichos jueces ya no participarán en la fase de supervisión de cumplimiento de las sentencias.

La Corte Interamericana ejerce una función jurisdiccional y una consultiva, de conformidad con los artículos 61 a 64 de la Convención Americana y 2 de su Estatuto. La función jurisdiccional se refiere a la competencia que tiene la Corte para resolver las controversias sobre presuntas violaciones de los Estados Partes a las disposiciones de derechos humanos de la Convención Americana, siempre y cuando tales Estados hayan reconocido expresamente su competencia.

Los casos pueden ser presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión Interamericana” o “Comisión”) —en cuanto a peticiones individuales tramitadas ante ella— o por los Estados Partes de la Convención —tratándose de denuncias interestatales—, siempre que se agoten los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención y, como ya señalamos, los Estados hubiesen reconocido expresamente la competencia contenciosa de la Corte.

Por lo tanto, ningún caso individual puede ser presentado directamente a la consideración de la Corte, ya que primero debe agotarse el procedimiento para las peticiones individuales ante la Comisión Interamericana.

Asimismo, la Corte Interamericana no está facultada para recibir y pronunciarse sobre denuncias presentadas directamente por particulares. Además, en cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes; si se trata de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

En los casos contenciosos que ya se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados, podrán presentar directamente la solicitud. Cabe señalar que no es necesario que la Comisión Interamericana emita un pronunciamiento sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del caso para que la Corte pueda ordenar a los Estados la adopción de medidas provisionales.

Ahora bien, conforme a la función consultiva, cualquier Estado miembro de la OEA y otros órganos de la misma pueden consultar a la Corte Interamericana sobre la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados relevantes para los derechos humanos en los Estados americanos. Los Estados Miembros de la OEA también pueden consultar a la Corte sobre la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los instrumentos interamericanos de derechos humanos.

Por lo tanto, no es posible que personas particulares soliciten a la Corte Interamericana opiniones consultivas. Sin embargo, el Reglamento de la Corte establece que el Presidente puede “invitar o autorizar a cualquier persona interesada para que presente su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta” por la Comisión Interamericana, los Estados Miembros de la OEA o cualquiera de los órganos de ésta facultados para ello.

Teniendo presente este breve panorama sobre la Corte Interamericana, nos referiremos de manera muy general al trámite de casos individuales ante ella, es decir, a aquellos casos presentados por la Comisión Interamericana en los que se alegan violaciones a los derechos humanos de particulares por parte de los Estados.

Este tema es importante, sobre todo en la actualidad, ya que en México cada vez es mayor el conocimiento que se tiene sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (“Sistema Interamericano”) y, particularmente, sobre la Corte Interamericana.

Hasta la fecha existen seis sentencias condenatorias dictadas por la Corte en casos presentados contra el Estado mexicano, y una sentencia en la cual la Corte se declaró incompetente para conocer de los méritos de un caso contra nuestro país.

Existen varios autores que explican este procedimiento, sin embargo, nosotros lo desarrollaremos con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tomando en cuenta algunos detalles que consideramos importantes y que normalmente no son abordados.

Por la naturaleza misma de este trabajo no trataremos el tema relativo a las medidas provisionales, sin embargo, debemos mencionar que es un procedimiento común que también puede tramitarse paralelamente al fondo de un caso contencioso.

DESCARGAR:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSIDH_TramiteCasosIndividuales-3aReimpr.pdf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*