De la cultura de la legalidad a la cultura de los derechos humanos

De la cultura de la legalidad a la cultura de los derechos humanos

La reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, significó para el orden jurídico mexicano un cambio de paradigma funcional.

El decreto de reforma afectó el contenido y la redacción de 11 artículos constitucionales: 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, en cuyo contenido se preveía originariamente el régimen jurídico de los derechos fundamentales, el contenido de algunos de ellos, así como la reglamentación de algunas competencias de las autoridades jurisdiccionales y administrativas en la materia.

La reforma constitucional incidió en el fenómeno jurídico de tres formas diferentes, esto es, tuvo una incidencia jurídica, una epistemológica y una ética.

Jurídicamente la reforma constitucional estableció un nuevo paradigma conceptual del presupuesto de validez material de todo el orden jurídico, al haberse redefinido por la influencia de la filosofía garantista que posiciona a los derechos humanos como premisa fundamental de la actuación del Estado y como el único criterio universalmente válido para la interpretación jurídica de todo el fenómeno normativo.

Dentro de este contexto, las autoridades legislativas, jurisdiccionales y administrativas, así como aquellas pertenecientes a los organismos que se erigen al amparo de la excepción al principio de la división de poderes, están obligadas constitucionalmente a que dentro de sus límites competenciales, protejan, reparen y promuevan los derechos humanos a través de la racionalización humanitaria de toda la legislación, de la estricta y cabal aplicación del principio pro persona, y finalmente, de la implementación de una política jurídica humanista auspiciada de una administración pública garantista.

Epistemológicamente la reforma constitucional afectó dos conceptos fundamentales del orden jurídico, los cuales están relacionados íntimamente con el problema de la justificación o fundamentación del derecho y con la supremacía constitucional del orden jurídico; tales conceptos son los relativos a la validez material del orden jurídico y la jerarquía normativa.

En cuanto a la validez material del orden jurídico, la reforma constitucional reconoció expresamente una orientación iusnaturalista en la concepción del derecho, al haber sustituido los verbos transitivos “otorgar” por “reconocer”, y los sustantivos “individuo” por “persona” de la redacción de los artículos 1, 11 y 33; lo cual permitió concluir que la ratio legis había aceptado finalmente las tesis básicas del derecho natural.

Éticamente la reforma impacto también un nivel conceptual y concurrió con la influencia epistemológica respecto del concepto de persona como el punto de partida del reconocimiento jurídico de los derechos humanos, así como su centro de imputación.

El concepto persona se empleó redefinido en la reforma para así calificar específicamente a los seres humanos como los dueños de los derechos por antonomasia, lo que significó prima facie que la racionalidad de la Constitución política mexicana estaría orientada en asumir seriamente una teoría ética conjuntamente objetivista y deontológica, en la cual, el ser humano es visto como el universo particular en el que confluyen elementos objetivos de moralidad como la dignidad (más lo que ésta conlleva) y algunos otros de naturaleza deontológica al estilo kantiano como lo sería la racionalidad práctica para seguir el bien, por medio de la aceptación de obligaciones y el goce de prerrogativas o libertades merecidas a causa de éstas.

La orientación ética escogida por el poder reformador de la Constitución elevó ontológicamente al ser humano al nivel de un objeto metafísico, cuya característica ontológica principal es la de ser un objeto en el que convergen tanto objetos reales, ideas y valores, de la misma forma que lo hacen en la vida, la muerte, la naturaleza y Dios.

Vista desde este enfoque tripartito, la reforma constitucional en comento implicaba no sólo un cambio jurídico relevante para el derecho mexicano, sino también un cambio de carácter social. Dentro de este contexto, el nuevo modelo de ordenación también anunciaba el nacimiento de una nueva cultura jurídica o por lo menos de un entendimiento colectivo que aceptara a los derechos humanos como eje central de la vida jurídica, política, económica y social de México.

El panorama no se mostraba en nada desalentador y un gran entusiasmo proveniente de todos los sectores de la población celebró su existencia. Sin embargo, la reforma constitucional no aconteció de la misma forma para todos sus destinatarios, su cambio jurídico no significó el cambio social que se esperaba, sino que provocó otros más que se posicionaron en un lugar intermedio entre los polos del derecho y de la realidad.

Si bien es cierto que nuestra sociología del derecho contemporánea establece y justifica la dicotomía entre cambio jurídico y cambio social como los dos extremos de un conducto, también lo es que en el caso de la reforma constitucional la dicotomía no se desenvolvió en las longitudes estimadas, sino que el cambio jurídico se detuvo en las posiciones céntricas de las transformaciones institucionales y doctrinales de los grupos burocrático y académico del derecho en México, ya que fueron los funcionarios públicos y los académicos quienes tuvieron una afectación directa en su realidad y, a causa de ello, comenzaron tanto a aceptar como a resistir los efectos de la reforma constitucional.

Lo anterior conduce a pensar que la reforma tuvo implicaciones generales con efectos particulares, lo cual es cierto, pero no basta sólo con dicha afirmación, los grupos a los que nos hemos referido respondieron concienzudamente a determinaciones culturales que para otros son imperceptibles.

No todos los funcionarios públicos y los juristas son plenamente dominantes de la realidad jurídica y de los derechos humanos, pero sí son más propensos a experimentarla que cualquier otro ciudadano o profesional, lo que conlleva la oportunidad de anticipar una respuesta y detentar una mejor posición en los vaivenes del desenvolvimiento cultural.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-De-Legalidad-DH_1.pdf

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