Los derechos humanos de las víctimas de los delitos

Los derechos humanos de las víctimas de los delitos

En un recuento temporal, que en México no va más allá de dos décadas, se puede observar una incorporación paulatina, si bien lenta, de derechos para las víctimas de los delitos de rango constitucional.

El que en el país no se atendiera el tema de los derechos de las víctimas sino hasta la década de los noventas, no es más que el reflejo del desinterés generalizado por un tema que tardó mucho tiempo en entrar en el ánimo de penalistas y criminólogos pero principalmente de los legisladores, debido a las pocas posibilidades de incorporar a la víctima a un procedimiento penal que le era completamente ajeno. Un derecho penal que no fue concebido para atenderle, tampoco para protegerle y mucho menos para asistirle y repararle.

En efecto, el derecho penal de la modernidad, nacido a la luz del derecho y del Estado moderno, cimentó sus bases en principios humanistas en los que el Estado se erige como garante de los derechos de las personas y utiliza como su principal herramienta al derecho penal.

Éste se legitima en tanto se erige como el garante de los intereses colectivos en pro de una convivencia armónica, evita la venganza de la víctima y reprime los delitos en tanto significan afectaciones al orden jurídico establecido.

El desarrollo del derecho penal en la modernidad evidenció una preocupación paulatina y creciente sobre las garantías de los imputados frente a la justicia penal; ello propició el advenimiento de derechos sustantivos y procesales para los imputados de delitos, para garantizarles un juicio y una sanción justa.

Tal inercia, sin embargo, no se dio para las víctimas de los delitos: ellas no eran parte en un procedimiento —penal— de naturaleza pública y por ende no requerían de derechos frente a la justicia penal. Ello no siempre sería así, gracias a la preocupación intelectual primero, y después jurídica por quien poco a poco iría obteniendo un papel importante frente a la justicia penal.

Así, aquel desinterés generalizado al que se ha aludido —que por supuesto no ha sido privativo de este país, si bien otras naciones con la misma tradición jurídica incorporaron a la víctima en sus preceptos jurídicos primero, lo cierto es que la diferencia no es significativa— iría desapareciendo ante una cada vez más creciente preocupación por la víctima en el derecho penal.

Quizá lo que detonó el interés generalizado por la víctima fue, por supuesto, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, pero sin duda las transformaciones de los sistemas de justicia penal iniciados en las últimas décadas del siglo pasado y lo que va del presente hacia variables más democráticas han facilitado o se diría propiciado la incorporación de la víctima en los preceptos legales.

Evidente resulta afirmar que tales incorporaciones han obedecido a razones particulares según el sistema jurídico del que se trate y que las peculiaridades del proceso mismo de incorporación varían en formas y temporalidades, sin embargo, un ejercicio comparado no es lo que se pretende en este trabajo de investigación, sino identificar los matices con los que en México se ha dado esta incorporación, a la que se ha calificado de lenta.

En casi dos décadas ha habido la incorporación a la Constitución Federal de derechos para las víctimas u ofendidos de los delitos en cuatro reformas constitucionales, las cuales constituyen la muestra de este proceso paulatino de incorporación —y consideración— de las víctimas en la justicia penal.

Con diferencias, no en todos los casos significativas, las cuatro reformas suponen siempre ampliación de los derechos de las víctimas u ofendidos y, por ende, mejora en su estatus frente a la justicia penal.

¿Qué significado tiene este proceso creciente de incorporación de derechos humanos de la víctima en el derecho penal? y ¿cómo influye en el proceso de democratización de la justicia penal? son las interrogantes a contestar: bajo la hipótesis de que la incorporación de la víctima —a través de derechos— en la justicia penal es una unidad de medida del proceso democratizador de los sistemas de justicia penal.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_DHvictimas.pdf

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