Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México

Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México

Para Gabriel Gatti, la desaparición forzada de personas debe considerarse una catástrofe pues lleva a un rompimiento de diversas identidades sociales por medio de violencias extremas.

Si bien Gatti ubica su análisis en lo ocurrido en Argentina bajo la dictadura militar, el término “catástrofe” es aplicable para otros países que durante la posguerra practicaron la táctica de la desaparición forzada para acabar con la subversión interna.

Sin embargo, es pertinente para nombrar los nuevos contextos en los que las desapariciones están relacionadas con procesos vinculados a la globalización, como el régimen de prohibición de drogas, donde los perpetradores son difusos y pueden incluir a particulares vinculados con el crimen organizado o agentes estatales, como es el caso de México.

Entre 1968 y 1982, durante el periodo conocido como “guerra sucia” o “terrorismo de Estado”, México ya había vivido una etapa de alta incidencia de desapariciones forzadas que coincide temporalmente con la fase de las dictaduras latinoamericanas. Para Pilar Calveiro, la derrota de modelos sociales alternativos durante estas “guerras sucias” ocasionaron el establecimiento de democracias oligárquicas donde los Estados —junto a las nuevas élites políticas y económicas trasnacionales— se apropiaron de los mecanismos de decisión y continúan reprimiendo todas aquellas prácticas sociales y políticas que pretendan cuestionar el status quo “democrático”.

Parte de esta represión ha vuelto a tomar la forma de desapariciones forzadas e involuntarias de personas, ya sea para castigar a periodistas o defensores de derechos humanos, aterrorizar y controlar comunidades, abrir paso a “proyectos de muerte” como minas o presas, entre otros fines que aún no podemos dilucidar por completo.

La catástrofe mexicana está íntimamente ligada con el régimen de prohibición de drogas, que coloquialmente es conocido como “guerra contra las drogas” a partir de un discurso que diera Richard Nixon en 1971 en el que declaró a las “drogas” como el enemigo número uno para la población de Estados Unidos. De manera muy esquemática, el prohibicionismo se basa en combatir la producción y la oferta de estupefacientes en los países productores desde una perspectiva militar para que los narcóticos no lleguen a los ciudadanos de Estados Unidos o a países europeos.

Desde los años cuarenta, el gobierno mexicano ha sido presionado por el de Estados Unidos para adaptar su política antinarcóticos.

Prueba de esta presión son las operaciones Canador, Cóndor y Cooperación que en la década de los setenta convirtieron la sierra de Sinaloa en el epicentro de la “guerra contra las drogas”, a través de operativos militares que vulneraron los derechos humanos de miles de campesinos productores y sus familias.

Es importante tener en cuenta estos acontecimientos, porque después de la “guerra sucia” la desaparición de personas fue transferida al universo del narcotráfico e incluso empezó a ser designada con el término coloquial de levantón para diferenciarla de la desaparición forzada o el secuestro.

Esta matriz explicativa sirvió hasta que, en marzo de 2010, se formó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y posteriormente recorrió el país en dos caravanas que sirvieron para visibilizar decenas de testimonios de familiares víctimas de desaparición que no cuadraban con los móviles de la “guerra sucia”, ni con la explicación de pugnas entre bandas del crimen organizado.

Es por eso que las desapariciones que se han cometido en México a partir de 2006 tienen otras explicaciones que dependen de variables como: la puesta en práctica del Programa Nacional de Seguridad Pública, por parte del ex presidente Felipe Calderón, el cambio en las dinámicas y estructuras del crimen organizado, el cambio de las rutas de comercialización de estupefacientes, el nuevo paradigma de Homeland Security en Estados Unidos, la creación de facciones o cotos de poder locales como subproducto nocivo de la transición democrática, participación de empresas multinacionales en megaproyectos, la impunidad heredada de la “guerra sucia”, entre muchos otros.

En este contexto, la incidencia de desapariciones forzadas e involuntarias (todas aquellas cometidas por particulares sin apoyo, autorización o aquiescencia por parte del Estado) se ha disparado de formas que aún no podemos entender.

El primer problema radica en el desconocimiento de las dimensiones exactas o aproximadas del universo victimal de este delito que van de los 8,000 casos4 a los 42,300,5 pasando por los 27,000 que se suelen corear durante las manifestaciones y marchas.

Pero las estadísticas no cuentan toda la historia de la desaparición de personas en México, ésta se encuentra en los testimonios y silencios de familiares víctimas de desaparición como Araceli Rodríguez cuyo hijo, el policía Luis Ángel León Rodríguez está desaparecido desde el 16 de noviembre de 2009, cuando estaba en una comisión para ocupar la Secretaría de Seguridad de Ciudad Hidalgo, Mi choacán; o Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, quien vio como un comando armado con chalecos de los policías de Escobedo allanó su casa y se llevó a su hijo mayor; o María Herrera, quien tiene cuatro hijos desaparecidos en dos eventos diferentes en Guerrero y en Veracruz, por tan sólo mencionar algunos casos paradigmáticos.

Para Gabriel Gatti, después de una catástrofe como la acaecida en los países del Cono Sur, debe haber un periodo en el que, desde distintas esferas, tanto de la sociedad civil como del gobierno se dediquen a exorcizar, reparar y reequilibrar la catástrofe a través de la creación de narrativas de sentido. A pesar de que en México no exista aún un periodo de transición de un pasado-presente violento, es importante empezar a elaborar estas narrativas de manera provisional.

Por esta razón el presente fascículo dedicará las siguientes páginas a abordar diferentes dimensiones de la catástrofe de desaparición de personas.

En el primer apartado se hará un breve análisis histórico del delito de desaparición forzada para entender el caso mexicano, mientras que en el segundo se analizarán algunos de los instrumentos legales que han sido creados y los que faltan por crearse en México para que exista una correcta tipificación del delito y sus variantes.

Por otra parte, en los tercero y cuarto apartados se estudiarán dos dimensiones, la forense y la psicosocial, que buscan reconstruir y sanar lo sucedido. A manera de conclusión se tratarán incipientes iniciativas de memoria, a la luz de diferentes teorías, que han sido puestas en marcha por diversos colectivos y asociaciones alrededor del país.

DESCARGAR:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Narrativas-Desaparicion_1.pdf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*