GOBERNANZA EN DERECHOS HUMANOS: HACIA UNA EFICACIA Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL

GOBERNANZA EN DERECHOS HUMANOS: HACIA UNA EFICACIA Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL

La eficacia y eficiencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos son esenciales para los gobiernos, tanto para evaluar la calidad de la democracia como para la implementación de las recientes reformas constitucionales a nivel nacional y estatal.

El lugar que ocupan estas entidades en el plano nacional, pero sobre todo en el estatal, son clave esencial de la gobernanza en derechos humanos.

Interpretar a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de la implementación de una política pública en derechos humanos (subdisciplina de la ciencia política y la administración pública), así como desde la práctica, nos permite examinar la naturaleza y el alcance de estas instituciones en todo proceso de gobernanza. De ahí que el análisis de la actuación de los gobiernos a nivel federal y local ha identificado numerosos factores que conducen hacia una eficacia y eficiencia que cada vez más se vislumbran como imperativos de estos organismos no jurisdiccionales de protección.

La comprensión de estos factores está relacionada causalmente, además de que comienzan a ser una constante para una gobernanza efectiva, ya sea federal o estatal. El punto de partida es el marco analítico de la lógica de la gobernanza.

Este artículo tiene como objetivo analizar una lógica de gobernanza en derechos humanos de las organizaciones responsables de su efectividad, como una forma de rediseño institucional que conduzca al análisis y a la actualización del papel que cumplen y las condiciones para las que fueron creadas. Según W. Osiatynski el concepto de derechos humanos consiste en al menos seis ideas fundamentales:

1. Que el poder de un gobernante (un monarca o el Estado) no es ilimitado.

2. Que las personas poseen una esfera de autonomía que ningún poder puede invadir y por la cual algunos derechos y libertades deben de ser respetados por el gobernante.

3. Que existen mecanismos y procedimientos para limitar la arbitrariedad del gobernante y para proteger los derechos y las libertades de los gobernados, quienes pueden hacer válidas demandas contra el Estado para su protección.

4. Que el gobernado tiene derechos que lo habilitan para participar en procesos de decisión, por lo cual se convierte en ciudadano.

5. Que la autoridad no sólo tiene poderes, sino además obligaciones, las cuales pueden ser reclamadas por los ciudadanos.

6. Que todos estos derechos y libertades están garantizados para todas las personas (éstos transforman derechos individuales y/o privilegios en derechos humanos).

Estas seis ideas deben estar implícitas como la constante para una gobernanza efectiva a nivel federal y estatal de las Comisiones de Derechos Humanos, que tiene como marco analítico la lógica de la Gobernanza, esto es, la influencia de los procesos de política pública y la efectividad de las organizaciones sobre cómo actuar en gobernanza ante la demanda de políticas y estructuras administrativas que definan y distribuyan la autoridad y también los recursos.

En ello encontramos los conceptos de rendición de cuentas; de resultados; de eficiencia y efectividad, y de autonomía funcional y práctica, entre otros, de los cuales no se puede eximir una Comisión de Derechos Humanos.

La necesidad de identificar estos factores como indicadores de la gobernanza a partir de la evidencia empírica de una política pública en derechos humanos (Evidence-based human rights policy), de la implementación de la nueva reforma constitucional del 2011, de casos paradigmáticos, de la cobertura mediática, de prioridades, de liderazgos del o de la Ombudsman y de su autonomía práctica y funcional de gestión son tan sólo algunos factores que sin duda inciden en las Comisiones de Derechos Humanos.

De ahí que la innovación de estas instituciones, tanto a nivel federal como estatal, deba responder a un constitucionalismo global de los derechos humanos, pero también a un pluralismo legal que lleva consigo los más altos estándares por ley de estas entidades, cuya función específica es la promoción y protección de los derechos humanos.

Desde 1990 se ha quintuplicado el crecimiento de estas instituciones establecidas en 130 países, de tal modo que su relación es multidimensional y de profundas implicaciones en la gobernanza, y hoy son esenciales en la creación de una política pública en un contexto estrictamente horizontal y ya no necesariamente jerárquico, al igual que en un contexto socio-político y de construcción de ciudadanía alejado de toda lógica de gobernabilidad, al grado de que la tendencia académica e institucional es similar a la de cualquier otra gobernanza que pretende conducirse hacia una gobernanza sin gobierno.

Una nueva lógica de gobernanza en derechos humanos es imperante y constituye un cambio de paradigma por parte de las organizaciones responsables de su efectividad. La gobernanza en derechos humanos es entendida como un proceso directivo mediante el cual se conforman y definen la dirección de la sociedad y la capacidad para lograr objetivos públicos en la defensa, protección, promoción, educación y cultura de los derechos humanos.

Es un proceso orientado hacia fines determinados y existe para obtener resultados que incluyen tanto el desempeño normativo como el democrático, ya que hace hincapié en la necesidad de contar con un Ombudsman o autoridad elegido libremente para obtener buenos resultados públicos en estos rubros.

Este proceso tiene que ver con una forma de rediseño institucional que conduzca al análisis y a la actualización del papel que cumplen las Comisiones de Derechos Humanos y las condiciones para las que fueron creadas.

Un marco analítico que revele la causalidad de lo que no ha funcionado, de lo que tiene que ser revisado y sobre todo los regímenes de protección de derechos humanos como un proceso de dirección mediante el cual se conforme y defina el rumbo de la sociedad a través del respeto a estos derechos y la capacidad social para lograr objetivos públicos.

Este proceso incluye no sólo a los agentes estatales, sino también al gobierno, por ello se genera esta gobernanza que nos permite escrutar e interpretar el desempeño y alcance del sistema Ombudsman en su institucionalidad.

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