LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU TIPIFICACIÓN: NUEVOS RETOS EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU TIPIFICACIÓN: NUEVOS RETOS EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

En lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, los últimos 50 años se han caracterizado, entre otros aspectos, por las importantes acciones que activistas, académicas y servidoras públicas han realizado para evidenciar y desnaturalizar las violencias de género contra las mujeres, que tienen lugar en los ámbitos público y privado, así como para estructurar una respuesta del Estado adecuada a la complejidad y las dimensiones de este fenómeno. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 66.1% de las mujeres de nuestro país han sufrido al menos un incidente de violencia o discriminación a lo largo de su vida (INEGI, 2017).

Una labor fundamental para abordar este problema ha sido reconocer y definir dichas violencias en el ámbito jurídico; por ejemplo, en el contexto nacional, el establecimiento de los tipos y las modalidades de violencia que se incluyeron en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional y feminicida; respectivamente), constituyó un importante avance en 2007 (año de emisión de la Ley).

Sin embargo, en el marco de la garantía a los derechos humanos, particularmente los de acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, de manera más reciente se han planteado exigencias dirigidas al ámbito penal, a fin de que se modifique la tipificación de delitos que afectan a las mujeres de manera desproporcionada o exclusiva, y que se creen nuevos tipos penales que correspondan al contexto actual de violencia de género y al reconocimiento de las particularidades de esta.

La política criminal, como herramienta del Estado para paliar el fenómeno delictivo, debe ser acorde a los esquemas político, social y económico del país, es decir, debe ser sistémica, coincidente, vinculante y transversal, a fin de que responda al reclamo social de prevenir y sancionar las violencias que se cometen en contra de las mujeres.

Aunque la mayoría de estas violencias no tienen nada de nuevas, desde hace un par de décadas, dichas exigencias han colocado en las agendas feminista, penal y de derechos humanos, el debate sobre la inclusión de tipos penales novedosos: desde el hostigamiento y el acoso sexuales, la violencia familiar y el feminicidio (que actualmente se encuentran en los códigos de todo el país); hasta la violencia obstétrica, la violencia política, la violencia digital o el transfeminicidio. Muchas y diversas razones han sido expuestas para fundamentar la creación de estos tipos penales: la impunidad en los delitos cometidos contra las mujeres, la discriminación estructural en el sistema de justicia penal y en sus operadores/as, la especificidad de los hechos delictivos que tienen como base la discriminación de género, la necesidad de establecer figuras penales que comuniquen la intolerancia del Estado respecto de la violencia contra las mujeres (aplicando una perspectiva simbólica del derecho penal), y que sirvan como medio de prevención o disuasión, entre otras.

No obstante, las críticas a la creación de tipos penales de género no son pocas y son igualmente diversas. Las y los operadores del sistema de justicia penal arguyen principalmente la falta de claridad y operatividad de los tipos propuestos, que consideran de imposible o difícil acreditación, por lo que su aplicación tiene efectos contrarios a los buscados en materia de acceso a la justicia; asimismo, desde una postura infortunada y carente de fundamento, pero muy recurrente, está la percepción de que crear estos tipos penales específicos discrimina a los hombres.

Existe también una crítica seria y relevante de algunos sectores feministas que, entre otros aspectos, cuestionan la efectividad que puede tener una respuesta del Estado centrada en el derecho penal -de la cual la creación de nuevos tipos sería una parte- para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres, para proteger los derechos humanos de ellas, así como para combatir la impunidad.

De cara a estos debates, el número 3 de la Ser De cara a estos debates, el número 3 de la Serie Género y Procuración de Justicia que edita la Fiscalía General de la República, a través de su Unidad de Igualdad de Género, se dedica a La violencia contra las mujeres y su tipificación: nuevos retos en la procuración de justicia, a fin de compartir algunas de las reflexiones y las posturas de quienes diariamente trabajan sobre estos temas.

En primer término, Lilia Mónica López Benitez, Magistrada Federal del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, académica universitaria, ex presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC) y candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dedica su artículo al tipo penal de feminicidio, a partir de una reflexión sobre el contexto de violencia feminicida en nuestro país, y la necesidad de investigar y juzgar desde la perspectiva de género.

Rebeca Ramos Duarte, abogada feminista y analista de políticas públicas sobre derechos reproductivos en México, compara el delito de violencia obstétrica tipificado en los códigos penales de 7 entidades federativas, así como otras conductas relacionadas, previstas en instrumentos normativos nacionales; al cabo de lo cual, concluye que tipificar dicha violencia no es la solución idónea para resolver este problema.

Leticia Victoria Tavira, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, integrante de la AMJAC, expone los retos que enfrenta la justicia respecto de la violencia política de género, señala las razones que justifican la incorporación de este tipo al catálogo de delitos, a fin de disuadir su comisión y dotar de herramientas puntuales a quienes procuran e imparten justicia; asimismo, presenta dos ejemplos sobre la persecución y sanción de dichas conductas desde la justicia electoral.

Para finalizar este número, Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán, profesora investigadora, aborda los retos de quienes laboran en instituciones de seguridad y justicia para atender y garantizar los derechos de las víctimas de violencias fundadas en la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y propone la aplicación de un enfoque al que denomina “tercera hermenéutica”, centrado en un sentido progresista de los derechos humanos en conjunto con la perspectiva de género.

Considerando la amplitud del debate que en este número se aborda, no dudamos que este será un primer acercamiento de esta Serie para reflexionar sobre las vías que son más convenientes a fin de lograr el efectivo acceso de las mujeres a la justicia, objetivo común de todas las personas que participan en él.

Agradecemos mucho a las autoras por compartir su tiempo, experiencia y punto de vista; a la AMJAC, representada en este número por dos de sus integrantes y, particularmente, a las personas que consultan, debaten y difunden esta publicación.

DESCARGA:

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