LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS PERSONAS IMPUTADAS Y ACUSADAS

LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS PERSONAS IMPUTADAS Y ACUSADAS

La incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la procuración y la administración de justicia constituye un mandato cada vez más conocido en nuestro país; al mismo tiempo, sigue siendo uno de los grandes retos del sistema penal mexicano, particularmente cuando se trata de garantizar su aplicación en el trato de personas imputadas o acusadas de la comisión de delitos.

A partir de la emisión de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano , la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas, entre otros instrumentos jurídicos, ha tenido lugar un innegable esfuerzo para aplicar dicho enfoque en las actuaciones de las operadoras y los operadores del sistema de justicia penal; sin embargo, las acciones dirigidas a lograr este fin se han concentrado casi exclusivamente en la persecución, la investigación y la sanción de delitos de violencia de género cometidos contra mujeres, así como en la atención de las víctimas de estos.

Frecuentemente, se obvia que la perspectiva de género, como herramienta útil para proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas, debe ser aplicada en cada fase y ámbito de los procedimientos penales, para beneficio de quienes intervienen en ellos, cualquiera que sea su estatus jurídico, eso incluye a las personas imputadas y acusadas, más si son mujeres o integrantes de otros sectores de la población a los que históricamente se ha discriminado y violentado por cuestiones de género u otros motivos.

Con el fin de sumar a las aportaciones de quienes ya han señalado la necesidad de observar este deber, dedicamos el número 4 de la serie Género y Procuración de Justicia, a La aplicación de la perspectiva de género y los derechos de las personas imputadas y acusadas, a partir de las reflexiones de cuatro autoras.

Leticia Catalina Soto Acosta, Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, expone en su artículo cómo, detrás de una supuesta neutralidad, se encuentran presentes los estereotipos de género en las actuaciones de operadoras y operadores del sistema de justicia penal, afectando tanto a las mujeres víctimas como a las que han cometido delitos; asimismo, señala algunas áreas de oportunidad relevantes para incorporar la perspectiva de género en la actuación de la trilogía investigadora, de acuerdo con los tramos de responsabilidad de quienes la componen (agentes del ministerio público, policías ministeriales y personal pericial).

Corina Giacomello, colaboradora de la organización Equis Justicia para las Mujeres y consultora en materia de género y justicia, comparte las experiencias vividas por mujeres privadas de su libertad por delitos de drogas, y muestra la inseparable intersección entre perspectiva de género y derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, hijas e hijos y dependientes de las mujeres imputadas; además, identifica posibles espacios de mejora en el marco jurídico actual y en su aplicación, en aras de transversalizar la perspectiva de género y evitar violaciones a los derechos humanos de las mujeres imputadas.

Dalia Ibonne Ortega González, Jueza Penal del Sistema Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C. (AMJAC), centra su análisis en el deber de servidoras y servidores públicos de garantizar y proteger los derechos humanos de acuerdo con las circunstancias particulares de las personas que intervienen en el proceso penal, particularmente el derecho al debido proceso, que puede ser trastocado por la deficiente manera de informar a las personas detenidas e imputadas sobre sus derechos, al hacerlo mediante formatos prestablecidos conocidos como lectura de derechos, que invisibilizan las necesidades y las prerrogativas propias de ciertos sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad. Ana Katiria Suárez, especialista en materia penal, abogada litigante y defensora de derechos humanos, especializada en casos de violencia de género contra mujeres, a partir de su experiencia profesional y personal aborda algunos de los aspectos en los que se observa la carencia de perspectiva de género en el sistema de justicia penal, desde el marco normativo, hasta las resistencias de quienes lo operan, dando como resultado la violencia institucional que afecta tanto a las mujeres imputadas como a las víctimas; ejemplificando cada uno de estos aspectos mediante diversos casos en los que ha colaborado.

Agradecemos a las autoras por compartir su tiempo, experiencia y punto de vista sobre estos importantes temas; a la AMJAC, representada en este número por una de sus integrantes y, particularmente, a las personas que consultan, debaten y difunden esta publicación.

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