DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Con la reforma en materia de derechos humanos, llevada a cabo en 2011, se estableció en el artículo primero de la Carta Magna mexicana que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte; asimismo, se establecieron constitucionalmente las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

A partir de estas modificaciones, y de las referentes al sistema penal, los derechos de las personas víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos lograron una mayor relevancia, entre ellos, el derecho a la reparación del daño, que se encontraba en el marco normativo mexicano desde 1993.

En la actualidad, la reparación del daño se reconoce como un aspecto fundamental para restablecer la dignidad de las víctimas y garantizar el ejercicio efectivo de otros derechos, como el de acceso a la justicia. Sin embargo, los alcances y la comprensión del derecho a la reparación siguen evolucionado, por lo que la incorporación de la perspectiva de género en este ámbito es una necesidad (principalmente cuando las víctimas son mujeres u otras personas que históricamente han sido discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género), pero también un desafío.

En relación con este derecho, entre otros aspectos, la aplicación de la perspectiva de género ha contribuido a cuestionar las limitaciones de las herramientas con las que se mide y determina el daño de las víctimas; ha colocado en la agenda de discusiones la necesidad de que al solicitar o dictar las reparaciones se consideren tanto el contexto de las víctimas, como los factores de género que incidieron en sus afectaciones y en los hechos victimizantes.

Igualmente, se ha subrayado la importancia de evitar que las medidas provoquen revictimizaciones o que siempre se limiten a retribuciones monetarias, que no consideran las necesidades de las víctimas y la diversidad de sus daños individuales y colectivos. Por todo lo anterior, dedicamos el número cinco de la serie Género y Procuración de Justicia a la Determinación y reparación del daño con perspectiva de género.

Para iniciar, Denisse de los Angeles Uribe Obregón, Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz e integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A. C., realiza una útil revisión sobre el origen y el desarrollo de este derecho en el marco normativo internacional y nacional, y explica cómo este se ha ido vinculando con la perspectiva de género.

En La reparación del daño desde los enfoques psicosocial y de perspectiva de género, artículo desarrollado por especialistas de la Coordinación General de Servicios Periciales y de la Unidad de Igualdad de Género de la Fiscalía General de la República (FGR), se expone la relevancia de trascender o complementar el enfoque médico-legal para determinar los daños, con miras a lograr reparaciones adecuadas que consideren las repercusiones en las diferentes esferas de la vida de las personas víctimas de algún delito; por lo que se propone aplicar de manera conjunta y complementaria el enfoque psicosocial y la perspectiva de género.

En el tercer artículo, Amaranta Viridiana Valgañón Salazar y Gerardo Contreras Ruvalcaba, integrantes de la asociación civil Equis Justicia para las Mujeres, a partir del análisis de un caso específico, ejemplifican algunas de las falencias que se presentan frecuentemente al dictar las medidas de reparación, y brindan una valiosa propuesta sobre los pasos y los elementos que las autoridades y las personas servidoras públicas pueden considerar para incorporar la perspectiva de género y el enfoque diferenciado al determinar el lucro cesante y el daño al proyecto de vida.

Amelia Zetina Pinelo, Encargada del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la FGR, autora del cuarto texto de este número, aborda las características y la aplicación de estos mecanismos en nuestro país; reflexiona sobre las ventajas que pueden tener para que las víctimas logren una reparación del daño pronta y satisfactoria; y plantea la necesidad de analizar cómo podrían ser utilizados en beneficio de las mujeres víctimas, considerando las restricciones que existen en el marco jurídico nacional e internacional, sobre su uso en casos de violencia contra las mujeres.

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