ESTUDIO CRÍTICO DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

ESTUDIO CRÍTICO DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

La última legislación publicada en el ámbito nacional vigente desde el año 2016, corresponde a la Ley Nacional de Ejecución Penal. En este sentido, revisando, analizando y confrontando cada artículo que contiene esta legislación, observamos una cierta ausencia de orden, técnica legislativa, división de funciones administrativas y jurisdiccionales, sobre todo la  imprecisión  de  las  definiciones  de  cada  una  de  las  instituciones penitenciarias fundamentales.

De hecho, el título se encuentra incompleto, ya que la legislación materia de este análisis no contiene solamente los procedimientos para la ejecución penal, sino que también incluye los ámbitos operativos de la autoridad penitenciaria, lo que significa que abarca ámbitos del orden administrativo y jurisdiccional que deben ser técnicamente separados para la mejor comprensión y aplicación del texto legal.

En consecuencia, el título de esta legislación debería modificarse: “Código Nacional de Ejecución Penal y Reinserción Social”, es la propuesta inicial del presente libro y que admite una segunda propuesta en un solo término: “Código Nacional Penitenciario”, el cual, obviamente, incluye a las instituciones más importantes que responden al tratamiento, régimen, programa y reinserción social.

Por otra parte, el contenido temático se divide en tres partes: el capítulo primero, que abarca el marco conceptual y teórico del derecho penitenciario. El segundo capítulo, abarca el análisis crítico de cada uno de los artículos que conforman la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en el último capítulo se estructura una propuesta legislativa para la creación de un nuevo Código Nacional de Ejecución Penal y Reinserción Social.

Una breve narrativa respecto del contenido temático de cada uno de los tres capítulos que contiene el libro que se introduce en el presente apartado, indicará la intención del autor por enriquecer el panorama del penitenciarismo mexicano, pero, sobre todo, mostrará que la literatura jurídica contemporánea no debe limitarse a la simple descripción de la institución o fenómeno normativo que sea materia del tópico respectivo.

Toda crítica de la realidad jurídica del sistema normativo o de alguna institución del derecho penal debe ser tanto constructiva como propositiva. Esta tarea es, evidentemente, más agotadora, ya que exige el  dominio  del  tema,  su  actualización,  el  reflejo  de  la  normatividad internacional en materia de derechos humanos y, obviamente, un mayor esfuerzo cognitivo en crear la propuesta basada en técnica legislativa, cuando  ésta  se  refiera  a  la  creación  de  una  nueva  ley  basada  en  un sistema que contiene dos ámbitos, el área administrativa y jurisdiccional, que deben separarse para definir las competencias, jurisdicción, acción y naturaleza de los actos de autoridad.

En el primer capítulo se explican los antecedentes legislativos que dieron lugar a las condiciones en que hoy encontramos a la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin perder de vista la importancia de generar una cultura del penitenciarismo mexicano; por este motivo, se introduce un referente histórico de las cárceles, que va seguido de los antecedentes constitucionales del sistema penitenciario. Ambos temas son de consulta obligatoria para entender la realidad jurídica del sistema carcelario local.

La primera parte también incluye un panorama del derecho internacional aplicado al ámbito penitenciario, lo cual fortalece y complementa la presentación del sistema penitenciario en el límite regional, para compararlo con las principales directrices, lineamientos o pautas del derecho internacional de los derechos humanos. Por tal motivo, y en forma congruente, se acompañan de los diferentes criterios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) ha realizado, con carácter vinculatorio, tomando en cuenta el control de convencionalidad en sede interna en lo que respecta a la materia penitenciaria.

El  segundo  capítulo  se  refiere  al  análisis  crítico  de  la  legislación  de ejecución penal, que marca no solamente la critica a cada artículo de esta legislación, también se hace un subrayado de las principales características de cada una de las instituciones, principios, hipótesis y regulaciones de la vida intracarcelaria. Es importante dar lectura a conciencia, minuciosa y meticulosa, de este apartado que nos llevará de la mano para explicarnos la enorme importancia que tiene proponer y aprobar una nueva legislación penitenciaria.

En efecto, se comprobará  con los datos duros que aparecen en las páginas  de  este  libro  basadas  en  informes  de  instituciones  oficiales correspondientes a 2016  que diariamente se gastaba para el mantenimiento de todos los centros penitenciarios federales, locales y regionales la cantidad de $47 658 702.09 (cuarenta y siete millones, seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos dos pesos con nueve centavos) que al año se multiplica y llega hasta la cifra exorbitante de $17 395 426 262.85 (diecisiete mil trescientos noventa y cinco millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos sesenta y dos pesos con ochenta y cinco centavos).

Estas cantidades son alarmantes y deben preocupar a todo el país, ya que representa un elevadísimo costo por mantener sistemas que pudieran no  funcionar  correctamente: el  tratamiento  penitenciario,  el  fin  de  la pena de prisión, se estaría tergiversando al no cumplir con la función constitucional de lograr la reinserción social para todas las personas privadas de la libertad.

En el tercer y último capítulo del texto, se lleva a cabo una propuesta de creación de una nueva legislación en esta materia. Desde el primer artículo se definen los ámbitos de validez y el objeto de esta legislación, llevándose a cabo una separación de la administración penitenciaria y de los procedimientos jurisdiccionales a cargo de los jueces de ejecución penal, incluyendo la formulación de políticas públicas en materia penitenciaria.

En la propuesta de nueva codificación se establecen en los artículos del 1 al 12 que corresponde al libro primero  aspectos generales, normativos, conceptuales, principios y condiciones interpretativas de la norma dirigida a todos los operadores penitenciarios. Por su parte, el libro segundo abarca del artículo 13 al artículo 132, y desarrolla conceptualmente todas las funciones, obligaciones y demás características atribuibles a las autoridades penitenciarias. 

En este libro segundo se establecen las condiciones en que deben diligenciarse los traslados, las inspecciones, comunicaciones al exterior, condiciones físicas y necesidades básicas, derechos y obligaciones de toda la población privada de la libertad, mujeres, discapacitados, población vulnerable, plan de actividades, tratamiento penitenciario y una serie de situaciones que están desordenadas en el texto original de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de las cuales, en la propuesta se hace una correcta ordenación para separar todas estas funciones de carácter administrativos de aquéllas de naturaleza eminentemente jurisdiccionales.

El libro tercero abarca de los artículos 90 al 131 del proyecto de nueva codificación. En este apartado encontramos consagradas las condiciones especiales, generales y el tratamiento integral penitenciario, así como los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad. La importancia de separar este rubro de los demás consiste en que se reordena lo que debe ser considerada la parte más importante de la pena privativa de la libertad, que corresponde, precisamente, al tratamiento integral penitenciario como un medio de alcanzar la reinserción social.

Por esta razón se propone la creación cuidadosa del plan de actividades y se establecen los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, con especial énfasis en los derechos de las mujeres que se encuentran en este tipo de prisiones, sin desestimar que todo derecho contiene obligaciones, que se especifican correctamente en este apartado.

De igual forma se consideran los derechos y obligaciones de las personas sentenciadas que gocen de libertad condicionada el contacto con el exterior como una forma de facilitar y efectivizar la reinserción social a través de la absorción voluntaria del tratamiento y del programa de actividades, sin  desatender la importancia que guarda el régimen de visitas para la población privada de la libertad, en la cual se establece una  nueva forma de implementar este tipo de mecanismos para armonizar y facilitar el acceso de todas las personas del exterior, como familiares, principalmente, y algunas otras que tienen relación con la personas privadas de la libertad.

DESCARGAR:

https://drive.google.com/file/d/1damJlc1BzZEkyu9YniMHaziMpfgarL1t/view?usp=sharing

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiv/EC-LeyNacEjecPen.pdf

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