Estudio del comportamiento criminológico del fenómeno de detenciones arbitrarias y su relación con la desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Estudio del comportamiento criminológico del fenómeno de detenciones arbitrarias y su relación con la desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 significó un parteaguas para el Estado mexicano, no sólo porque se elevaron a rango constitucional los tratados internacionales firmados y ratificados por México, sino también, porque ésta significó la introducción de un sistema garantista que parte de la defensa y protección de los derechos mediante la conformación de mecanismos jurídicos destinados a garantizarlos desde los principios de progresividad y máxima protección.

De acuerdo con Luigi Ferrajoli, el garantismo, como modelo de Estado, se fundamenta en la limitación del Derecho a través del propio Derecho, es decir que pretende dotar de contenido a la ley para que ésta cuente con los elementos necesarios para delimitar el ejercicio del poder. Esto es porque, para el teórico italiano, el Estado se enfrenta a una crisis de legalidad que se deriva de un caos normativo y una serie de violaciones sistémicas a la ley; el poder público puede someter a las personas y de ahí que resulte necesario construir leyes que cuenten con garantías que den certeza al respeto de los derechos. Así, la reforma de 2011 permitió la transición de México a un Estado garantista que fortalece los mecanismos de defensa, protección y promoción de los derechos, de ahí que el artículo primero constitucional estableciera la obligación de las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones.

 De hecho, a poco más de un mes de la publicación de esta reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a reinterpretar la Constitución a la luz del artículo primero, párrafo segundo. Ello, en relación con las acciones que debería atender el poder judicial para cumplir con las recomendaciones y sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió para México.

Así, la sentencia del caso Radilla Pacheco por desaparición forzada se reinterpretó y se determinó que todas las medidas impuestas por la Corte IDH eran de observancia obligatoria para el país. Además, ordenó implementar la convencionalidad dentro del control difuso de constitucionalidad, el cual debe realizarse entre las normas del derecho interno en relación con la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).5 Esto significó que no sólo se debe tomar en cuenta el tratado o instrumento internacional, sino que el poder judicial tiene la obligación de atender las normas de la convención y sus criterios jurídicos para juzgar desde el marco de protección más amplio.

De todo ello, se conformaron los siguientes criterios:

Þ Las sentencias de la Corte IDH son obligatorias en sus términos, no sólo los resolutivos, sino también las partes considerativas;

Þ Todos los jueces deben realizar un control de convencionalidad ex officio.

Þ El control de convencionalidad ex officio funciona en un modelo de control difuso de constitucionalidad por lo que nació una nueva interpretación del artículo 133 de la Constitución que advierte lo siguiente:

Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.

 Además, la reforma modificó el apartado B del artículo 102 de la Constitución mexicana con el objetivo de dotar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de mayores atribuciones.

Así, estableció la obligación de los servidores públicos de responder a las recomendaciones emitidas por la CNDH y los organismos de derechos humanos locales a fin de conformar un sistema vigilante y protector de derechos. Posterior a ello —y conforme se consolidó el sistema protector de los derechos humanos—, en 2014, la SCJN amplió los criterios de aplicación de las sentencias de la Corte IDH y determinó que todas las jurisprudencias serían vinculantes, independientemente de si el Estado mexicano es o no, parte.

 Todo lo anterior implicó la conformación de un naciente sistema en el cual, las autoridades —y también particulares que ejercen alguna función de Estado— se encuentran obligados a observar aquellos derechos consagrados en la norma fundamental y en los tratados internacionales. También, estableció la obligación de proveer la máxima protección, reparar el daño por violaciones e implementar la garantía de no repetición.

Las trascendentales modificaciones se encontraron vinculadas con la necesidad de contener las graves violaciones de derechos humanos que se desataron a raíz del uso del ejército en actividades de seguridad pública.

De ahí, que ya desde el caso Radilla Pacheco la interpretación de la SCJN fue restringir el fuero militar y advertir que los tribunales castrenses no son competentes para conocer violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. Se destaca que en 2017, la Primera Sala resolvió un amparo en el que declaró que el fuero militar, no opera en caso de la comisión de un delito donde existen víctimas indirectas, aun y cuando los sujetos activo y pasivo sean, militares en servicio. En términos generales, la tesis refiere que en caso de homicidio cometido por un militar contra otro, la autoridad civil es competente de conocer el hecho a fin de que las víctimas indirectas puedan acceder a sus prerrogativas, como son el derecho a la verdad, la reparación del daño y la garantía de no repetición, como se observa a continuación:

conforme al principio pro homine reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo una interpretación extensiva, en tanto que se permite que las víctimas indirectas del delito de homicidio, puedan ver reparadas las violaciones a sus derechos humanos y hacer valer sus prerrogativas ante las autoridades judiciales ordinarias competentes; y, restrictiva, en virtud de que se establecen las limitantes que constriñen al fuero de guerra en los casos cuyo ilícito en cuestión se trate del indicado, se concluye que los tribunales castrenses son incompetentes, por razón de fuero, para conocer de los procesos penales que se instruyen por la comisión del delito señalado, por lo que al surtirse la excepción que rige para la referida jurisdicción de guerra, ello corresponde a los órganos jurisdiccionales del fuero civil u ordinario.

Si bien es cierto que lo anterior ha permitido conformar un marco protector de derechos que contrarresta el ejercicio de las detenciones arbitrarias, también lo es que, paralelo a ello, se ha construido un régimen represor que se fue conformando con el objetivo de atender los altos índices de violencia que vulneran las instituciones del Estado.

 A decir verdad, la crisis política y social derivada de la lucha contra el crimen organizado, motivó a que las autoridades hicieran uso de la violencia como mecanismo de represión, de tal suerte que, aun y con la restricción del fuero militar —y todavía después de la reforma constitucional de 2011— las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común que se utiliza como mecanismo de combate a la delincuencia.

Esto es porque a fin de garantizar una aparente seguridad, las autoridades detienen a personas y limitan su libertad personal sin que se prevean los requisitos jurídicos establecidos para ello. Algunas veces, la práctica se realiza sin que exista, siquiera, sospecha de que la persona afectada cometiera o no un delito, pues más allá del combate a la delincuencia, lo que se busca es legitimar una acción del Estado.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Pub-Criminologico.pdf

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