INDÍGENAS EN RECLUSIÓN Y DEBIDO PROCESO EN SU LENGUA MATERNA

INDÍGENAS EN RECLUSIÓN Y DEBIDO PROCESO EN SU LENGUA MATERNA

En junio de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le encomendó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social —CIESAS— un estudio sobre las condiciones de personas indígenas en reclusión.

El equipo de investigación para desarrollar el estudio se integró por antropólogos, lingüistas, abogados y politólogos expertos en derechos humanos, diversidad lingüística y cultural, así como intérpretes certificados hablantes de varias de las lenguas en las que condujimos las entrevistas que formaron parte del componente etnográfico.

Dicho equipo fue encabezado por Regina Martínez Casas, Iván Ricardo Pérez Vitela, Rolando Hernández Domínguez y María Almendra Rojas Rodríguez. Además colaboraron en el trabajo de campo Jorge Andrade, Alfonso Cóyotl Velázquez, Eusebia Severiano García y Manuel Bautista Medina.

El proyecto de investigación inició en septiembre, fechas en las que se tenía programada el trabajo de campo; sin embargo, derivado de los sismos de ese mismo mes, se obligó a recalendarizar y ajustar el trabajo de campo que finalizó en diciembre de 2017. El objetivo principal del trabajo fue documentar las condiciones en las que llegan las personas hablantes de lengua indígena a reclusorios estatales y el impacto que tiene su encarcelamiento en ellos y sus familias.

En particular, interesaba conocer la información que tienen sobre su proceso, el tipo de delito por el que fueron condenados y si contaron con apoyo de intérpretes durante el mismo, es decir, si se cumplió con lo que se señala en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada hace ya 14 años.

También pareció importante indagar sobre las diferencias regionales y de género en este sector de la población en reclusión y la percepción de personal de los reclusorios, algunos juzgadores, intérpretes en lenguas indígenas mexicanas y algunos familiares del grupo de interés.

Para ellos se realizaron 95 entrevistas a personas indígenas (14 en proceso penal y 81 sentenciadas) en cinco CERESOS. De ellas, 13 se realizaron con mujeres y 82 con hombres. Del total de las entrevistas, el 19% se realizó en la lengua materna de los entrevistados. Igualmente se realizaron 15 entrevistas con personal de los reclusorios, juzgadores, intérpretes, académicos, defensores y familiares de algunas de las personas que generosamente permitieron conocer sus casos y sus historias de vida a sabiendas de que el objetivo de la investigación no permitía actuar a favor suyo.

Se agradece especialmente a todas las personas que permitieron llevar a cabo el trabajo pues se trata de un tema que refleja la acumulación de desventajas del sector más discriminado del país además de que las condiciones de trabajo en los centros de detención es difícil para todos los actores involucrados.1 También se agradece el apoyo constante del personal de la Cuarta Visitaduría de la CNDH por facilitar la documentación necesaria para la investigación.

Se tomó en cuenta que al tratarse de información sensible, el manejo debe darse con justa imparcialidad para evitar ser parte de la cadena de juzgadores que opinan sobre estos temas. Para la formulación de la propuesta y valiosas orientaciones que permitieron organizar el trabajo en tan breve tiempo se agradece a la Dra. Elena Azaola, pionera en la investigación sobre sectores en condiciones de vulnerabilidad recluidos en penales estatales y federales.

La primera fase de este estudio se centró en recabar y sistematizar —para el análisis y contextualización— los elementos documentales respecto a los marcos normativos, políticas públicas, informes de organizaciones ciudadanas y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del INEGI y de Organismos Internacionales, respecto a las particulares sociales de los pueblos indígenas y a la responsabilidad del Estado Mexicano para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de sus integrantes y de manera particular el derecho al debido acceso a la justicia en el proceso penal. Para ello, se desarrolló un modelo de análisis sobre el enfoque lingüístico y la responsabilidad estatal para proporcionar los mecanismos pertinentes para asegurar la participación de interpretes y traductores, así como de defensores que hablen la lengua indígena que permita la comprensión del proceso penal a la persona que tenga como primera lengua una de las lenguas originarias mexicanas reconocidas como lenguas nacionales.

En una segunda fase, como medio de verificación sobre el conocimiento de las personas indígenas privadas de la libertad, se planteó la elaboración de un cuestionario (entrevista semiestructurada integrada por 62 reactivos) en la que se abordaron aspectos generales como el lugar de nacimiento de los entrevistados, su contexto familiar, su conocimiento del español y práctica de su propia lengua, la escolaridad, entre otros aspectos.

Como parte de la información medular de la investigación, se incluyó un conjunto de preguntas acerca de los motivos que lo llevaron a enfrentar un proceso penal y su percepción sobre el trato recibido por las autoridades, así como si tuvo apoyo de un intérprete durante el desarrollo del juicio.

Finalmente, se realizaron una serie de preguntas sobre las condiciones penitenciarias y la participación de redes de apoyo y/o familiares en su vida cotidiana dentro de los reclusorios. Como parte de la estrategia de vinculación interinstitucional, se preparó una ruta de contactos con autoridades responsables de los Centros de Reinserción Social de los Estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán y Puebla.

Para ello, se elaboraron una serie de oficios a través de los cuales se explicó el sentido y relevancia de la investigación sobre los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas en reclusión, además de recabar el apoyo y colaboración para poder visitar los siguientes centros:

Los criterios para la selección de nuestro universo de trabajo se tomaron con base en la información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaria de Gobernación, quien informa que hasta abril de 2017 la población indígena contabilizada en estos Centros de Reinserción constaba de las siguientes condiciones: • Chiapas: 836 personas, ocupando el segundo sitio con mayor población a nivel nacional. • Chihuahua: 388 personas, ocupando el séptimo sitio con mayor población a nivel nacional. • Ciudad de México: 462 personas, ocupando el sexto lugar con mayor población a nivel nacional. • Michoacán: 150 personas, ocupando el lugar número catorce a nivel nacional. • Puebla: 783 personas, ocupando el tercer sitio con mayor población a nivel nacional. En acuerdo con la Dirección de Asuntos de Indígenas en Reclusión de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, se determinó realizar la visita a los centros de reinserción mencionados en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Para ello, el equipo de investigación se dio a la tarea de contactar a las autoridades con el propósito de implementar una investigación de corte etnográfico a partir del contacto directo con la población indígena privada de la libertad, a través de la aplicación de entrevistas directas para determinar el nivel de ejercicio de los derechos lingüísticos en el proceso penal desde su propia vivencia.

La tercera fase de este trabajo consistió en la transcripción de las entrevistas a familiares, funcionarios y la sistematización de las entrevistas para poder realizar el análisis de los resultados. Con base en esto se realizó el presente documento que cuenta, además de con esta breve introducción con cuatro secciones.

La primera incluye la información general sobre la población indígena en el país y sus condiciones de exclusión, información sobre personas indígena en reclusión obtenida a partir de los archivos de la Cuarta Visitaduría de la CNDH y de la Encuesta sobre Personas en Reclusión realizada por el INEGI en 2016 (ENPOL 2016) para poder encuadrar nuestro trabajo.

La segunda sección incluye la revisión del marco normativo nacional e internacional sobre el debido proceso de personas indígenas. También incluye información sobre los programas que existen para este propósito a nivel federal y en las entidades federativas en las que se llevó a cabo la investigación, así como entrevistas con organizaciones de intérpretes y traductores en lenguas indígenas mexicanas.

La tercera sección se centra en los resultados de las entrevistas con las personas indígenas en reclusión, algunos de su familiares y personal de los reclusorios; en esta sección se incluyen algunos estudios de caso que se analizaron con mayor profundidad y que muestran el tipo de procesos experimentados por la población entrevistada y el impacto que han tenido en su vida y la de sus familias.

Finalmente, la cuarta sección incorpora algunas consideraciones finales y contempla una guía para futuras líneas de investigación y acciones que contribuyan a la adecuada atención de este sector de la población mexicana históricamente discriminado.

DESCARGAR:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Indigenas_Reclusion.pdf

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