Multiculturalidad, ciudadanía y derechos humanos en México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena

Multiculturalidad, ciudadanía y derechos humanos en México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena

Los derechos humanos han sido una herramienta clave en la lucha de los pueblos indígenas. Los instrumentos internacionales —como la Declaración de los Derechos Humanos de 1948— cobijaron de diversas formas al movimiento indígena y dieron argumento sólido a sus demandas.

Sin embargo, en sentido contrario, los sistemas normativos indígenas son cuestionados porque, de acuerdo a diversas críticas, violentan precisamente los derechos humanos. Parte de la explicación de este desencuentro deviene del viejo debate entre derechos individuales y colectivos.

Los derechos humanos, pese a que en los de segunda y tercera generación hay un reconocimiento a los derechos de las colectividades, tienen una impronta individualista y, por su parte, los pueblos indígenas aun cuando reconocen los derechos particulares de sus miembros, los subordinan a los de la comunidad.

Entonces, ¿en qué coordenadas se encuentran y complementan los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos? ¿En cuáles se separan y se confrontan? Un primer desencuentro se produce al momento de concretar el derecho a la representación política en los espacios de toma de decisión, esto es al ejercicio de la ciudadanía: los pueblos indios demandan su participación en los espacios de toma de decisión (congresos estatales y organismos colegiados que atiendan sus asuntos) en tanto sujetos colectivos, pero la tradición liberal subsistente en el entramado jurídico mexicano —pese a los avances en sentido del pluralismo jurídico reconoce tal atributo a las personas individuales.

Ligado también a la concreción del derecho a la libre determinación y al ejercicio de la ciudadanía, una crítica recurrente a los sistemas normativos de los pueblos indígenas —que se popularizaron con la denominación “Usos y costumbres” y mediante el cual ejercen su autonomía política, es que excluyen sectores de la población (mujeres, avecindados, jóvenes, etcétera), prohíben la pluralidad religiosa, imponen cargos y aplican sanciones arbitrarias, suprimen derechos de ciudadanía a otros colectivos (comunidades submunicipales); en suma, que conculcan derechos humanos. En contraparte, desde los pueblos indígenas se señala que la tradición liberal del marco jurídico estatal violenta los derechos de pueblos y comunidades y establece condiciones que conducen a la desaparición de la comunidad, en tanto no permiten su continuidad como pueblo, al derruir las bases de su identidad cultural y política.

Esta situación genera una tensión permanente entre las instituciones y la legislación estatales, con las indígenas. Sin embargo, en la práctica se aprecia una amplia gama de matices que adquiere este dilema, en que si bien existen fuertes tensiones que incluso en ocasiones han derivado en rupturas y enfrentamientos o conculcación de derechos, se presentan también situaciones de coincidencia o armonización.

El dilema se presenta dado que si bien el marco constitucional reconoce el derecho a la diferencia, desde las instituciones se desconocen o estigmatizan las prácticas distintas que hacen posible esa diferencia. Es por eso que los pueblos indígenas reivindican su derecho a ser considerados como pueblos distintos, lo que Ricardo Calla ha denominado la distintividad: “el derecho angular y constitutivo del amplio capítulo de los derechos de los pueblos indígenas en el discurso jurídico más contemporáneo sobre los derechos humanos”.

Por el contrario, cuando, desde uno y otro lado, se establece una traducción y un diálogo intercultural, permite comprender los contextos y situaciones particulares en que se confrontan esos derechos y es posible entablar mejores soluciones y puntos de encuentro. Desde el Estado, por ejemplo, en México se reconoce el derecho a la libre determinación que se ejerce con la autonomía política de pueblos y comunidades para elegir a sus gobiernos locales mediante sus sistemas normativos propios.

La concreción práctica de este derecho se ha dado bien por vía de la legislación estatal, principalmente en Oaxaca a partir de su reconocimiento en el código electoral, o mediante resoluciones jurisdiccionales como es el caso de San Francisco Cherán, Michoacán o el pueblo Guarijío en Sonora.

Es recientemente que los órganos jurisdiccionales establecen nuevos criterios e instrumentos para tratar esa confrontación, como el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; o la recuperación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los principios jurisprudenciales de maximización de la autonomía y minimización de la intervención estatal que ha establecido la Corte Constitucional Colombiana.

Desde las comunidades, el encuentro de nuevas formas del ejercicio de la ciudadanía y representación política, han derivado en acuerdos inéditos que permiten superar exclusiones y situaciones críticas, sin romper con las bases del sistema.

El ejercicio de las ciudadanías múltiples (que van de la comunitaria a la liberal), como las que se presentan en los municipios oaxaqueños, son una muestra de ello.

El trabajo revisa los puntos de tensión y las formas en cómo, a partir de distintas experiencias en México y algunas referencias en América Latina, desde ambas posiciones se ha avanzado en la construcción de mecanismos interculturales y en la revisión de sus normas para encontrar un equilibrio y superar las tensiones entre derechos humanos y autonomía indígena.

Nuestros ejes de análisis lo constituyen dos derechos humanos de los pueblos indígenas: la libre determinación y la ciudadanía.

DESCARGAR:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Autonomia-Indigena_1.pdf

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