El derecho a la participación y a la consulta en el desarrollo.

El derecho a la participación y a la consulta en el desarrollo.

El enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo ha cobrado auge en la región en los últimos años. Esta perspectiva considera los derechos humanos como un marco regulador aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo.

Uno de los elementos fundamentales del enfoque de derechos es la participación. El derecho a participar es un derecho que está entrelazado con los principios democráticos fundamentales.

En consecuencia, las políticas públicas deben ser elaboradas e implementadas con base en una amplia participación y consulta de las poblaciones y actores sociales afectados por proyectos de desarrollo.

En el contexto de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011, esta perspectiva adquiere mayor relevancia para el Estado mexicano, ya que los tratados internacionales en esta materia quedaron incorporados a la Carta Magna y su mandató el cumplimiento de las obligaciones de “promover, respetar, proteger y garantizar” a todas las autoridades.

Por tanto, las normativas y políticas que se diseñen e implementen en el ámbito del desarrollo deberán integrar los estándares de derechos humanos. Paralelamente a este enfoque, durante las últimas décadas las normas y los estándares en el marco de la gobernanza o de derecho blando han proliferado.

Este marco surge como una de las respuestas a los problemas regulatorios de la globalización y se basa en la colaboración entre actores no estatales como empresas, comunidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Las reglas y los estándares en el marco de la gobernanza regulan el flujo de financiamiento internacional, ya sea que provenga de instituciones financieras internacionales, bancos de desarrollo o agencias de desarrollo.

Esto significa que al momento de que alguna de estas instituciones brinde financiamiento, ya sea al sector público [el Estado] o al sector privado, éstos tienen que cumplir con lo establecido por el marco correspondiente.

Este marco rige el quehacer del sector privado de una manera distinta a la regulación estatal desde arriba. Si bien, estas reglas no son vinculantes, rigen el flujo de financiamiento, por lo que tienen un peso importante.

En este sentido, resulta importante considerarlas al momento de analizar el derecho a la participación y a la consulta en proyectos y procesos en el ámbito de desarrollo. Esta diversidad en la regulación ha generado, por un lado, desconocimiento respecto a cuáles son los marcos normativos existentes en materia de participación y consulta; y por otro lado, confusión respecto a los alcances y las obligaciones y responsabilidades que éstos establecen.

El presente trabajo tiene como principal objetivo presentar los principales estándares sobre participación y consulta tanto en el marco de derechos humanos, como en el de gobernanza. A lo largo de los apartados se describen y examinan los distintos marcos y en los Anexos se presentan los artículos a los que hacemos referencia, para que puedan ser consultados con más detalle.

El énfasis del trabajo se coloca en el marco de derechos humanos, en tanto éste genera obligaciones jurídicas para los Estados y porque son normas que emanan de la legitimidad de la comunidad internacional o de la soberanía popular.

Asimismo, se hace especial énfasis en los pueblos indígenas, ya que éstos son grupos particularmente afectados por proyectos en nombre del desarrollo y que se encuentran en una situación de discriminación estructural. La primera parte del trabajo presenta y analiza el marco de derechos humanos vigente en materia de participación y consulta.

La segunda parte muestra dos casos de consulta en México, el de la Tribu Yaqui y el de Juchitán, a partir del marco previamente analizado. La tercera sección examina las normas presentes en el marco de la gobernanza con relación a estos dos derechos.

La cuarta parte presenta dos casos en México en los cuales se han utilizado los marcos de gobernanza para garantizar los derechos de participación y consulta.

Finalmente, la última parte consiste en algunas reflexiones que se desprenden de este estudio, el cual muestra que a pesar de la robusta normativa existente, persiste el desafío de garantizar, proteger, respetar y promover estos derechos, al momento de que se realizan proyectos en nombre del desarrollo en el país.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Derecho-Participacion-Consulta_1.pdf

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