PRESUPUESTO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS: Por una agenda para el rediseño del gasto público en México

PRESUPUESTO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS: Por una agenda para el rediseño del gasto público en México

La historia de México está vinculada a diferentes etapas marcadas por luchas por la construcción del país y del Estado mexicano bajo principios de libertad, soberanía, justicia e igualdad.

Pese a ello y aún con los avances logrados queda mucho por hacer en materia de consolidación de instituciones y de las capacidades del Estado y erradicación de las condiciones de pobreza y desigualdad.

En la actualidad estas aspiraciones se identifican con el fortalecimiento de los compromisos en materia de Derechos Humanos (DH).

En el marco de la globalización, interdependencia y cambio tecnológico acelerado, la mayor parte de los países aceptan los DH como aspiración común y una guía para resolver problemas de rezago económico, social y político.

De este modo, se ha generalizado la idea de que Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos son los objetivos que deben cohesionar a las sociedades modernas para dar forma a nuevas estrategias de crecimiento, distribución del ingreso y participación social. Poner los Derechos Humanos en el centro representa un gran paso para las definiciones políticas, económicas y sociales de todo Estado.

Por un lado, se da soporte y sentido a la democracia y por el otro se plantean objetivos de desarrollo que involucran responsabilidades con el bienestar de la población.

Para el caso mexicano, la reforma constitucional de 2011 impuso un nuevo paradigma para el desarrollo.

 Este hecho requiere ser dimensionado por los actores económicos, políticos y sociales para dar cabida a nuevos procesos sociales y a la modificación tanto de programas y políticas públicas, como de las instituciones del Estado mexicano, ello con el fin de crear nuevos instrumentos que contribuyan al cumplimiento de los DH y, por esa vía, terminar con la elevada y persistente desigualdad, cerrar brechas sociales, sectoriales y regionales en materia de crecimiento, ingreso y bienestar y ampliar los cauces democráticos de la deliberación política y social.

Esta nueva visión del Desarrollo implica un punto de partida diferente y de mayor alcance de la política pública y conlleva la necesidad de desarrollar mecanismos concretos que contribuyan a la inclusión social desde un enfoque de derechos que favorezcan la colaboración entre órdenes de gobierno y entre instancias federales con acciones convergentes para alcanzar objetivos de derechos humanos, esto es, con una perspectiva explícita de transversalidad para asegurar la accesibilidad de todos a todos los derechos, además de contar con indicadores para monitorear los avances y logros de la intervención pública para rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos.

Articular la política en torno al logro del acceso pleno a los derechos humanos y el derecho al desarrollo, convierte a los DH en un componente indisoluble y central de las políticas públicas y en el basamento de una política de Estado que, por incluyente, pueda demostrarse efectivamente democrática.

Al mismo tiempo, asumir el enfoque de derechos, dados los principios de universalidad, interdependencia, indivisiblidad y progresividad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene necesariamente implicaciones fiscales y presupuestales.

La discusión sobre el vínculo entre el presupuesto y el enfoque de derechos humanos es de gran relevancia pues cumplir con el mandato constitucional exige superar la visión del equilibrio entre ingreso y gasto como objetivo casi único de la política hacendaria para plantear al presupuesto como el instrumento que permitirá materializar el enfoque de derechos.

Repensar el ingreso y el gasto gubernamentales bajo el enfoque de derechos implica definir un nuevo punto de partida y obliga a transformar el diseño de las políticas y acciones públicas, exige ir más allá de la acción de las instituciones a las que tradicionalmente se les ha considerado como el núcleo de la problemática de derechos humanos (procuración, impartición y administración de justicia), para reformar el Estado y, en particular, los instrumentos que inciden en la materialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/27-Presupuesto-publico-DH-Agenda.pdf

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