La cultura política democrática

La cultura política democrática

Hace 25 años, cuando hablábamos de cultura política, recurríamos básicamente a encuestas de opinión que nos permitían medir y evaluar nuestras percepciones, imágenes o maneras de comprender la vida política.

Hoy, los avances en materia informática ofrecen nuevos instrumentos para comprender el fenómeno de las formas en que los ciudadanos nos representamos la vida política. En el pasado, con frecuencia invocábamos a la cultura política que compartíamos los mexicanos para explicar la brecha que había entre la definición constitucional de nuestro régimen político –una república democrática y federal– y la existencia de un sistema autoritario, centralizado y de partido hegemónico.

Nuestra aceptación de un presidencialismo cuasi omnipotente, o imperial como dijera Enrique Krauze, y el consenso pasivo alrededor de un gobierno de un solo partido político que pretendía representar a todos los grupos y sectores sociales y que había logrado largos años de estabilidad política, sustentaban esa incoherencia entre el régimen legal y el régimen propiamente existente.

A partir del libro clásico de Almond y Verba, The Civic Culture, escrito en los años sesenta del siglo XX para explorar mediante un enfoque comparativo del comportamiento político qué factores permitían que los regímenes democráticos se implantaran con firmeza, el tema empezó a ser parte de los estudios de ciencia política, aunque también de otras disciplinas como la antropología y la sociología.

La cultura política no sólo se incorporó como categoría de análisis político, sino que muy rápidamente se convirtió en un término utilizado de forma generalizada, con lo cual, si bien se popularizó como referencia, también corrió el riesgo de convertirse en una “categoría residual”, es decir, en una que sirve para explicar prácticamente cualquier fenómeno político, perdiendo con ello densidad analítica.

El hecho de que el concepto se acuñó hace unas décadas no significa que los interesados en comprender el funcionamiento de los sistemas políticos no se hubieran preguntado sobre los principales resortes subjetivos de la vida política.

Por el contrario, siempre estuvo presente el interés por comprender la cultura política; simplemente se le llamaba de otra manera: costumbres, carácter o temperamento social, humores, conciencia colectiva, imaginarios sociales, etcétera. Distintas formas de nombrar a la dimensión subjetiva de la política que se refiere a las formas en que una sociedad concibe y entiende al mundo político en el que vive.

Se trata de símbolos, normas, valores, creencias, mitos o ideales que orientan y dan significado al comportamiento de una población respecto de sus instituciones de gobierno, de los actores políticos –élites o partidos– y de los procesos políticos –reformas, elecciones, conflictos y protestas, movimientos, procesos de pacificación, de formación de consensos, entre otros–.

La cultura política es expresión de nuestras prácticas y vivencias concretas con el ejercicio del poder público en sus distintas expresiones, pero, al mismo tiempo, es un factor que influye en nuestras formas de actuar y participar en la vida pública.

Es motor de las actitudes políticas, a la vez que explicación de por qué funcionan de cierta manera las instituciones y demás elementos objetivos de la política. Tal como lo ha señalado el politólogo norteamericano Larry Diamond, la esfera cultural de la política se arraiga a profundidad, conformándose a manera de grandes capas geológicas, por lo que es mucho más difícil cambiar la cultura que las reglas e instituciones del poder.

Por ello, si queremos conocer qué tanto un conjunto de reformas constitucionales y legales han permeado efectivamente en las percepciones y convicciones de las personas, es decir, qué tanto se han convertido ya en prácticas sociales regulares y reconocidas, es indispensable explorar el estado que guarda la cultura política de una población.

Para ilustrar lo anterior se ha recurrido a fenómenos como las transiciones a la democracia que implican la realización de procesos de reforma legales e institucionales para dar paso al cambio de un régimen autoritario que ponía cercos a la participación de los diversos grupos sociales, a un régimen abierto a todas esas expresiones, con reglas claras para darle viabilidad.

La pregunta pertinente al respecto es si los cambios legales y el crear nuevas instituciones de corte democrático logran implantarse en la mentalidad no sólo de los ciudadanos, sino de los actores políticos, a fin de que las nuevas normas sean guías efectivas del comportamiento de ambos, contribuyendo a edificar una cultura política democrática.

La disonancia entre los cambios que ocurren en la esfera objetiva de la política –leyes e instituciones– y las creencias e inclinaciones que persisten y se recrean en las mentes y las actitudes de las personas explican que la prueba de una transición a la democracia no se acredite sólo con la existencia de leyes e instituciones que aseguren la organización de elecciones libres y competidas que permitan la alternancia en el poder; es indispensable que ocurra la “aceptabilidad de la derrota”, es decir, que en condiciones de pluralidad y competencia los perdedores reconozcan los resultados de la contienda o, en su caso, la impugnen exclusivamente por las vías institucionales establecidas.

Cuando partidos o candidatos recurren a formas extrainstitucionales –toma de edificios públicos o bloqueos carreteros, por ejemplo– para cuestionar los resultados de una elección, estamos frente a actitudes propias del “antiguo régimen”, en el que no existían reglas equitativas de competencia ni mecanismos legales y accesibles para hacer valer los derechos políticos.

Es por ello que uno de los asuntos centrales de la reflexión sobre la cultura política es cómo cambiarla, es decir, cómo modificar las creencias y percepciones que comparte una sociedad sobre el sistema político en el que vive, las cuales están cimentadas en largos años de experiencias con cierto tipo de acciones y relaciones políticas.

Si convenimos que la cultura política condensa herencias de conductas regulares del pasado, cambiarla implica modificar no sólo reglas e instituciones, sino también las conductas de los actores políticos, tanto de las élites y los partidos como de la población en general.

Para que cambie el conjunto de percepciones y convicciones sobre la vida política es necesario que las actitudes sociales cambien, pero ello no puede ser de una vez y para siempre; se requiere que las nuevas reglas y prácticas se implanten y se reproduzcan de manera consistente.

De tal suerte, no es suficiente que ocurran elecciones competitivas que impliquen la alternancia de un partido en el poder, sino que éstas se sucedan de manera sistemática y durante varias ocasiones, a fin de que actores y ciudadanos alimenten nuevas formas de ver y entender las cosas, con base en hechos documentados.

Por supuesto que toda esta reflexión presupone que la racionalidad y la buena fe operan en la política, lo cual no siempre sucede porque las élites y los partidos tienen intereses propios que frecuentemente se colocan por encima de lo que dicta la racionalidad en un régimen democrático.

Esto también es parte de la problemática de la cultura política: cómo hacer que las élites políticas se ciñan a los principios de un sistema democrático, sacrificando sus propias ambiciones políticas. En un contexto democrático, las distintas maneras de participación política que ocurren dan cuenta del tipo de cultura política que comparte una sociedad.

Así, una sociedad en la que además de la participación básica, convencional, como es la electoral, recurre a otras formas de participación –consejos asesores, testigos sociales, contraloría ciudadana, etcétera– que permiten que la población influya en los asuntos de su colectividad, es una sociedad que comparte una cultura política participativa o cívica, que es otra manera de referirse a la cultura política democrática.

En las sociedades en donde priva la cultura cívica, la población suele tener importantes niveles de confianza tanto en sus instituciones políticas y públicas, como en quienes están encargados de mantenerlas en operación, y esta confianza se expresa también en las relaciones interpersonales.

La confianza es, pues, una muestra de que las instituciones democráticas funcionan y que, en general, la población las reconoce y acata sus reglas, es decir, comparte una cultura cívica. En la actualidad, el tema de la cultura política democrática cobra especial relevancia porque las democracias, incluso las más consolidadas, están siendo amenazadas por liderazgos populistas que ven con desdén a las instituciones, las normas y los valores propios de la pluralidad, la tolerancia y el apego a la legalidad, es decir, a los principios democráticos.

Este fenómeno es producto del distanciamiento que han mostrado los dirigentes políticos y los gobernantes respecto de las demandas y necesidades de los gobernados.

Las instituciones democráticas que durante el último siglo fueron asentándose como las mejor equipadas para canalizar las demandas y requerimientos de los diferentes sectores de la población, hoy se enfrentan a reclamos enormes de las poblaciones por la incapacidad de las élites políticas para resolver los problemas tradicionales de pobreza, desigualdad y falta de desarrollo, a los que recientemente se han sumado la inseguridad, la violencia y la depredación del medio ambiente.

Para enfrentar el reto de contribuir a fortalecer nuestra incipiente cultura política democrática, hoy contamos con nuevas herramientas informáticas que permiten tener una comunicación más fluida, intercambiando un volumen de opiniones y referencias a una velocidad antes inimaginable.

La interlocución que fluye de manera constante a través de las redes sociales ofrece la posibilidad de exponer con gran libertad convicciones y puntos de vista de todo tipo que se someten, de inmediato, a comentarios y críticas positivas y negativas casi sin límite alguno, en buena medida por el anonimato que permiten las redes sociales.

La gran contradicción de las redes sociales es que son una innovación comunicativa que agiliza el intercambio de información entre las personas, pero que no necesariamente contribuyen a edificar una deliberación más informada y documentada, que es lo que necesita una sociedad para darle un sostén racional y firme a sus formas de mirar la cosa pública, es decir, su cultura política.

Las redes sociales han revolucionado nuestras maneras de ver el mundo y de participar en la vida pública, sin embargo, una primera interrogante al respecto es si ofrecen voz a quienes antes no la tenían, democratizando con ello los espacios de participación política para sustentar una cultura cívica, o si más bien son un nuevo mecanismo que aprovechan quienes tradicionalmente tenían acceso a tales espacios, es decir, los más educados, que viven en las grandes ciudades.

Una segunda pregunta es si estas nuevas herramientas ayudan a enriquecer el debate y la deliberación públicos, formando opiniones mejor sustentadas, o si más bien son instrumentos para ratificar las convicciones que ya se tenían de antemano, independientemente de que estén basadas en datos fidedignos o no. En todo caso, la extensión del uso de las redes sociales ha abierto oportunidades para facilitar la realización de diversas formas de medición de opinión pública, porque se tiene acceso a un amplio universo de usuarios.

En suma, los grandes avances informáticos de los últimos años permiten explorar por distintas vías cómo se encuentran las creencias, convicciones y orientaciones que sobre la vida política tenemos las personas en contextos problemáticos como los que vivimos hoy en día.

El reto no está en lo limitado de las herramientas y las metodologías para conocer y evaluar las percepciones de la población, sino en que los ciudadanos tengamos las habilidades cognitivas necesarias para filtrar toda la información que corre por las redes sociales, para que éstas ayuden a enriquecer nuestra forma de ver el mundo de la política al dotarnos de variados referentes para activar la participación política democrática.

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