DOSCIENTOS AÑOS DEL DERECHO ELECTORAL EN MÉXICO

DOSCIENTOS AÑOS DEL DERECHO ELECTORAL EN MÉXICO

El Derecho Electoral en México ha tenido la difícil tarea de ajustar los esquemas estructurales a las nuevas realidades políticas que en el día a día vamos forjando en la sociedad. 

Los  factores  que  han  devenido  en  motores  de  dichos  cambios  son  de carácter  variado.  Entre  los  más  importantes  encontramos  la globalización  que  ha  potenciado  el  triunfo  de  las  democracias  a  nivel mundial como el mejor sistema  de gobierno. Asímismo, se ha dado un auge del sistema pluripartidista y se ha dado peso a la opinión pública y a  los  medios  de  comunicación  con  respecto  a  los  actores  políticos  y  el gobierno,  las  tendencias  económicas  mundiales,  el  involucramiento  de nuevos grupos de interés en la política y el gobierno y la existencia de una ciudadanía más interesada en la política y atenta a sus gobiernos. 

Los seres humanos nos definimos por la capacidad para crear cultura, preservarla  y  transmitirla  por  medio  de  la  educación.  Esto  implica  la presencia  de  dos  elementos  inseparables:  vida  social  y  lenguaje.  Este último ha sido la piedra de toque para la preservación de la experiencia

acumulada  y  constituye,  junto  con  la  vida  social  y  el  pensamiento abstracto, la indisoluble trinidad que nos ha llevado por encima de los demás animales. 

Ningún  hombre  es  una  isla,  y  al  ser  el  hombre  un  animal eminentemente  político,  tal  como  lo  definió  Aristóteles,  encontramos pues,  inherente  a  tal  naturaleza  la  necesidad  de  un  orden,  de  un gobierno, para el bien común. Eso es lo que justifica la existencia de los gobiernos, del poder. Si bien, en muchas ocasiones ha imperado la ley de más fuerte, la experiencia acumulada de la humanidad ha ido poco a poco desechando lo que no nos sirve, por ello, la aspiración democrática no  es  una  simple  fase  reciente  de  la  historia  humana:  es  la  historia humana.

Así, las democracias van triunfando en todo el mundo, y es manifiesta una clara tendencia a transformar las estructuras institucionales y las formas de gobierno. Esto ha sido el leit motiv del Derecho Electoral en México y el mundo, la eterna dialéctica de las sociedades, nos lleva por las vías de la democracia y la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas,  por  la  búsqueda  de  la  convivencia  pacífica  y  la  tolerancia, evitando conflictos sociales, a través de la previsión con normas claras y canales institucionales de resolución de conflictos.

El análisis de la naturaleza jurídico doctrinal del Derecho Electoral, nos lleva  a  definir  al  Derecho  Electoral  como  “la  rama  del  derecho constitucional  que,  dotado  de  un  alto  grado  de  autonomía,  regula  los procesos  a  través  de  los  que  el  pueblo,  constituido  en  electorado, procede  a  la  integración  de  los  órganos  del  Estado,  a  la  periódica sustitución de sus titulares, así como aquellos procesos en que el mismo electorado interviene en la función legislativa o en la definición de una cuestión  critica  de  política  nacional,  por  medio  de  la  iniciativa,  el referéndum  o  el  plebiscito,  según  sea  el  caso”,  siendo  sus  elementos característicos su autonomía, los valores protegidos, la constitucionalidad,  la  legalidad,  el  derecho  electoral  sustantivo  y adjetivo, formando parte de su marco jurídico doctrinal. 

El  Derecho  Electoral  es  pues,  más  allá  de  normatividad,  un  verdadero sistema de valores y principios como la justicia y la seguridad jurídica, que  regula  las  relaciones  humanas  con  motivo  de  la  elección, designación  y  remoción  de  representantes,  mandatarios  y  servidores

públicos.

Ya desde el siglo XIX podemos  encontrar en la legislación muestras de cómo  las  sociedades  pugnaban  por  reglas  claras  en  cuanto  a  las condiciones en que debía gobernarse. El 2 de mayo de 1808, el pueblo español,  harto  de  la  opresión  francesa,  se  levanta  contra  la  invasión francesa. Al mismo tiempo que el pueblo se rebela, también se organiza políticamente,  creando  las  llamadas  Juntas.  Hay  una  convocatoria  de las Cortes de Cádiz, en las que se elabora una Constitución, la primera en España, que  cree en las ideas ilustradas. Fue  promulgada el  19  de marzo  de  1812  siendo,  por  supuesto,  aplicable  también  en  la  Nueva

España.

Resultado de la Revolución Francesa, que revolvió al mundo en busca de libertad  e  igualdad  y  fraternidad,  así  como  la  Independencia  de  los Estados  Unidos  de  América,  todo  el  siglo  XIX  se  vio  inmerso  en  la búsqueda de nuevas formas de gobierno y ordenamientos jurídicos más justos, por lo cual, podemos encontrar en la historia, nuestra transición hacia  la  Independencia  y  por  ende,  la  formación  de  una  nueva Constitución para ese naciente Estado, donde se destaca, obviamente, al ser  un  estado  independiente,  con  el  derecho  de  elegir  su  forma  de gobierno,  autodeterminarse  y  elegir  a  sus  gobernantes,  todo  un entramado orgánico con el fin de determinar normas, procedimientos e instituciones  que  forman  el  antecedente  primero  del  Derecho  Electoral del México independiente.

Tales  ordenamientos  fueron  el  Decreto  Constitucional  para  la  Libertad de la América Mexicana de 1814, La Constitución Federal de 1824, las Leyes Constitucionales de la República de 1836, Las Bases Orgánicas de la  República  de  1843,  La  Constitución  de  1857,  resultado  del  México liberal, siendo este último ordenamiento el que estuviera vigente a fin de siglo,  cuando  nuestro  país  vivía  bajo  la  dictadura  del  General  Porfirio Díaz, en tales condiciones, que se generaría el estallido de la Revolución Mexicana.

En este marco comienza el Derecho Electoral del siglo XX. Porfirio Díaz, además de ser Presidente de nuestro país por más de treinta años, violó la actuación independiente de los poderes legislativo y judicial, invadió la soberanía de las entidades federativas y limitó las libertades políticas, a  favor  de  un  mando  cada  vez  más  centralizado,  personalista  y autoritario.  Las  elecciones  presidenciales  eran  meros  rituales  con  los cuales  pretendía  legitimarse  el  dictador,  y  sus  campañas  no  eran  otra cosa  que  actos  de  auténtico  autoculto  al  hombre,  a  través  de  una normatividad promulgada para tales efectos: la Ley Electoral de 1901.

Son  estas  condiciones  políticas,  aunado  a  la  terrible  desigualdad  de clases sociales y a la pobreza que existía entre obreros y campesinos (la mayoría  de  los  mexicanos)  el  caldo  de  cultivo  que  propicia, inexorablemente,  la  Revolución  Mexicana  encabezada  por  Francisco  I.

Madero. El triunfo de dicha lucha se corona con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, vigente hasta nuestros días.

El  periodo  post  revolucionario  fue  prolijo  en  la  creación  de  leyes  y decretos  en  materia  electoral,  22  leyes  y  decretos  de  1917  a  1991.

Dichos ordenamientos jurídicos pretendían en un inicio hacer válidos los principios  fundamentales  que  dieron  origen  a  la  Revolución  Mexicana: no  reelección,  sufragio  efectivo,  elección  directa  y  mayor  libertad  en  la participación política.

Es importante destacar, que si bien el sufragio popular era un derecho fundamental de la Constitución de 1857, éste mismo estaba restringido a  los  hombres  mayores  de  edad  y  “con  un  modo  honesto  de  vivir”.  Es hasta 1953, que se publica en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34  Constitucional  que  rezaba:  “Son  ciudadanos  de  la  República  los varones  y  las  mujeres  que,  teniendo  la  calidad  de  mexicanos,  reúnan, además,  los  siguientes  requisitos:  haber  cumplido  18  años,  siendo casados, o  21 si no lo son, y tener un modo honesto  de vivir”. Fue en 1955,  en  las  elecciones  del  3  de  julio  las  mujeres  acuden  a  emitir  su voto a las urnas, para elegir Diputados Federales XLIII Legislatura.

La  doctrina  ha  dividido  en  tres  etapas  el  Derecho  Electoral  del  México del siglo XX, a saber:  a) la etapa formativa de 1946 a 1963, donde se gestó el PRI como partido hegemónico y nace el PAN, en 1939, como una oposición  real  al  partido-gobierno;  b)  la  etapa  clásica  de  1963  a  1979, caracterizada  por  la  deformación  de  la  representación  política,  la exclusión de actores importantes y la consecuente falta de credibilidad a los procesos electorales; y c) la etapa posclásica de 1976 a 1988, donde se  consolida  en  México  el  llamado  “Estado  de  Partidos”. 

Los  terribles excesos de esta “dictadura perfecta” como la llamaría el escritor peruano Mario  Vargas  Llosa,  traerían  como  consecuencia  que  la  oposición apuntara  la necesidad de una nueva ley electoral y de una cruzada a para recuperar al menos un poco, la credibilidad en el sistema político mexicano impuesto desde hace más de 60 años.

En  1990,  se  crea  el  Código  Federal  de  Instituciones  y  Procedimientos Electorales,  (COFIPE),  con  el  consenso  de  cinco  de  los  seis  partidos representados en el Congreso, buscando la transparencia y credibilidad de los procesos electorales, el ideal de siempre, el postulado por Madero.

Así, nace un Instituto Federal Electoral (IFE) ciudadanizado, se instala el Tribunal  Federal  Electoral,  se  elabora  un  nuevo  padrón  electoral confiable,  la  nueva  credencial  para  votar  con  fotografía,  con reconocimiento de validez como documento oficial, así como reformas en materia  penal  electoral,  tipificando  conductas  como  delitos  en  materia electoral.

DESCARGA GRATIS:

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/doscien_derec_elec.pdf

https://drive.google.com/file/d/1YD1l3rsQ_XZXVZDyrMyFcK0-1pQSGGRu/view?usp=sharing

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