CONTROL CONSTITUCIONAL, EFECTOS DE LAS DECLARACIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LA FACULTAD DE INICIATIVA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

CONTROL CONSTITUCIONAL, EFECTOS DE LAS DECLARACIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LA FACULTAD DE INICIATIVA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

El constitucionalismo moderno ha dado a la Constitución la categoría de norma superior por encima de cualquier ordenamiento legal del sistema, lo que implica que no pueden incorporarse a éstos normas que contradigan el texto constitucional.

Sobre el particular Sergio García Ramírez opina que: «podemos modificar el mandamiento constitucional, pero mientras no lo hagamos debemos subordinar a él los actos del poder público. Las leyes reglamentarias se hallan sujetas a la letra y al espíritu, a los valores y principios, al texto y a la intención de las disposiciones que reglamentan» y agrega que «si una ley secundaria corrige la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional».

Es por lo anterior que resultan de fundamental importancia los mecanismos de control de la constitucionalidad, destacando los que están a cargo de las instancias jurisdiccionales que han jugado un papel fundamental en el constitucionalismo moderno.

En nuestro país el Poder Judicial recientemente ha comenzado a posicionarse como un verdadero órgano garante de la constitucionalidad de los actos del Estado mexicano y con esto como indiscutible detentador del poder político.

Lo anterior lo vemos claramente ilustrado en el comentario de Roberto Rock que incluyó en su columna del pasado 9 de junio, en el que señaló que el Poder Judicial, «ha tenido un rol central en la conformación de un nuevo país, elevando de rango derechos ciudadanos, acotando el peso de los poderosos y mostrando en los hechos, que hay batallas a las que no se les puede dar la espalda», el comentario destaca que en los próximos meses, la Corte determinará sobre el número más relevante de asuntos que haya asumido desde la reforma de 1994, y «lo que de ello resulte marcará por años no sólo el perfil del máximo tribunal, sino el rostro mismo de la Nación.

Como puede observarse, el papel del Poder Judicial como órgano garante de la constitucionalidad hoy día ha cobrado nuevas dimensiones, que se derivan en gran parte de la reforma de 1994 que le dio nuevas atribuciones y otra conformación, lo que le ha permitido ganar independencia con respecto del Poder Ejecutivo y el mismo Congreso.

o obstante estos importantes avances, aún se requiere avanzar en materia de justicia constitucional, razón por la que ya se plantean nuevas facultades para la Suprema Corte, como son la facultad de iniciativa y el darle efectos generales a sus resoluciones; por otra parte, se ha planteado la conveniencia de crear un tribunal constitucional independiente del Poder Judicial ordinario inspirado en los modelos europeos, posiciones que resultan interesantes y que nos hacen reflexionar sobre la idoneidad del Poder Judicial como-el principal defensor de la Constitución, lo que si bien no constituye un nuevo debate, en virtud de que esto ya fue debatido por la doctrina germana en la primera parte del siglo XX -concretamente por Hans Kelsen y Carl Schmitt-, resultando triunfadora la posición kelseniana que consideraba a la judicatura el controlador idóneo.

No obstante lo anterior, resulta conviene revisar el papel del resto de lo órganos del Estado como defensores de la Constitución, ya que su defensa no puede ser exclusiva de uno sólo, sino de todos en mayor o menor medida.

La Constitución no es algo dado y firme que tenga eficacia por su mera promulgación, sino que necesita el apoyo y la defensa de todos los ciudadanos, cuyo consentimiento es la base de funcionamiento. 3 Consentimiento que se expresa fundamentalmente a través de los órganos de representación como son los Congresos, ya sean locales o federales. La inconstitucionalidad de las leyes que expide el Congreso mexicano únicamente puede ser determinada por el Poder Judicial Federal mediante la resolución de una acción de inconstitucionalidad en la que se declare su invalidez o a través de la resolución de un juicio de amparo contra leyes, la cual desde luego no tendrá efectos generales.

Ambos procedimientos son importantes, sin embargo, no culminan con la derogación de la ley declarada inconstitucional. Es evidente la íntima relación entre el tema de los efectos de la inconstitucionalidad de la leyes expedidas por el Congreso y el del establecimiento de nuevos procedimientos de justicia constitucional que contribuyan al perfeccionamiento del marco normativo nacional.

Este último ampliamente debatido por la doctrina nacional, que centra la discusión en la derogación de la «fórmula Otero», sustento de los efectos particulares de la sentencia protectora y la prohibición de declaraciones generales actual mente consagrada en el artículo 107 de la Constitución, misma que con la creación de las acciones de inconstitucionalidad, va perdiendo terreno a favor de los controles jurisdiccionales de constitucionalidad.

En este escenario, resulta necesario revisar el papel que tendría el Poder Judicial en la modificación o derogación de las leyes que previamente haya declarado inconstitucionales. Existen posiciones que consideran necesario vincular las decisiones judiciales con el proceso legislativo; una forma de lograr esto, puede ser ligarlas mediante la facultad de iniciativa que eventualmente pudiera concederse a la Corte.

Esta propuesta se encuentra inscrita en el proceso de «Reforma del Estado» que se desarrolla actualmente, siendo una de las que cuenta con mayores avances para su aprobación y es objeto de análisis en este trabajo. La facultad de iniciativa de la Corte no ha sido ajena a nuestro sistema constitucional y no implica una nueva idea, ya que tiene diversos antecedentes a lo largo de nuestra historia.

En las propuestas más recientes, se aprecia que la posibilidad de otorgar esta facultad a la Corte goza de gran aceptación por parte de algunos grupos parlamentarios, aceptación que se vio consolidada en la LIX Legislatura, en que prácticamente se resolvió su aprobación, pero que sin embargo no se concluyó.

Es de subrayarse que de hecho la Suprema Corte ya ejerce esta facultad, al generar proyectos de modificación a la legislación secundaria e incluso a la Constitución, los cuales promueve entre los grupos parlamentarios, que en ocasiones los hacen suyos. Es por lo anterior, que con la aprobación de esta facultad sólo se estaría regulando una situación que de hecho ya se presenta.

No obstante que la propuesta que se discute actualmente limita la materia de las iniciativas, debe enfatizarse que entre los cuerpos normativos que incluiría se encuentra la Ley de Amparo, de la que depende en gran medida la preservación de la «fórmula Otero», la cual se vería anulada si se aprobaran propuestas como la presentada en el año 2000, consistente en dar efectos generales a la jurisprudencia por reiteración que establezca la Corte -que se derive de juicios de amparo en revisión- en la que se determine la inconstitucionalidad o se establezca la interpretación conforme de una norma general con respecto de la Constitución,  lo que indirectamente modificaría en forma radical el sistema de pesos y contrapesos e impactaría directamente en el proceso legislativo.

Es por lo anterior que no debe considerarse inocuo otorgar a la Corte la facultad de iniciativa, pero sí aceptarse que de hecho existe una gran actividad del Poder Judicial con respecto al desarrollo de propuestas de ley y reformas.

Con el propósito de estudiar la problemática antes descrita, en el presente trabajo partimos de la revisión del marco teórico conceptual en el cual analizamos el tema del control en general para establecer sus características esenciales, algunos de los mecanismos mediante los que se ejerce y desde luego sus objetivos; abordamos el tema de la división de poderes en virtud de que éste resulta fundamental para comprender la interacción entre los órganos del Estado, ya que consideramos que éstos no se encuentran aislados uno del otro como resultado de su aplicación, cuestión que resulta determinante en contra del argumento recurrente en los debates en torno a la aprobación de la facultad de iniciativa para la Corte, que ha consistido en la posibilidad de vulneración de este principio.

En el mismo apartado se desarrolla en forma introductoria el tema de la función legislativa -en el cual se encuentra inscrito en el debate sobre la facultad de iniciativa- en donde nos ocuparemos de la facultad de iniciar a fin de conocer sus antecedentes y principales características, haciendo énfasis en la iniciativa del Ejecutivo como referente de la posible iniciativa de la Suprema Corte.

Posteriormente hacemos una revisión de la defensa de la Constitución y de las formas en que cada órgano la lleva a cargo, con el propósito de tratar de establecer si puede considerarse idónea para este fin; en esta parte, se hace especial énfasis en el control constitucional que ejerce el Poder Judicial, para lo que se analizan sus antecedentes y sus principales características.

En otro apartado del trabajo se analizan los principales medios de control de la constitucionalidad a cargo del Poder Judicial. En el siguiente apartado se aborda el tema de los medios de control constitucional de las leyes y sus efectos; posteriormente, se desarrolla el tema de la justicia constitucional.

Finalmente se desarrolla el tema de la Suprema Corte destacando las facultades que actualmente tiene conferidas a fin de establecer si son compatibles con la facultad de iniciativa, en esta misma sección del trabajo, se realizó un análisis de las posturas a favor y en contra de la propuesta a fin de tener mayores elementos para evaluar su conveniencia .

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