MÉXICO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

MÉXICO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La década de los ochenta se caracterizó por las transiciones políticas de regímenes autoritarios hacia sistemas eventualmente democráticos; los noventa se pueden identificar como el periodo de la “emergencia de la transparencia y el acceso a la información”.

Aun cuando la primera legislación en materia de acceso a la información tuvo lugar en 1776, año en que Suecia aprobó la Ley de Libertad de Prensa, no ha sido sino hasta los últimos 10 años cuando estos dos temas —íntimamente ligados— han ingresado en la agenda política de un gran número de países. Actualmente más de 40 países cuentan con legislaciones que promueven el acceso a la información en posesión del gobierno y más de 30 países se encuentran en el proceso de elaboración, deliberación o aprobación de aquella reglamentación.

La transparencia y el acceso a la información pública son dos cualidades fundamentales de un gobierno representativo.

En efecto, un sistema democrático, además de garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el ascenso al poder debe también proveer canales institucionales de acceso a la información que permitan a la sociedad conocer y evaluar —periódicamente y no sólo por medio del sufragio sino también mediante otras formas de expresar preferencias— la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos. La transparencia y el acceso a la información son dos mecanismos que promueven la rendición de cuentas —accountability— y ambos inciden directamente en el perfeccionamiento del sistema democrático pues contribuyen a que una multiplicidad de actores —entre los cuales destacan los organismos no gubernamentales, la sociedad civil, el ámbito académico e, incluso, los propios poderes del Estado— reduzcan los costos asociados a la supervisión y vigilancia del ejercicio del poder.

Asimismo, la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental favorecen la creación de canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, los cuales permiten a la ciudadanía realizar un escrutinio crítico, bien informado y periódico sobre el ejercicio gubernamental.

En el caso de México, la primera aproximación al derecho de acceso a la información data de 1977 y está inscrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos constitucionales Sexto y Octavo reconocen, respectivamente, el derecho a la obtención de información gubernamental y el “derecho de petición” que faculta a cualquier ciudadano mexicano a realizar consultas relativas a las actividades gubernamentales.

Es preciso reconocer, sin embargo, que ante la ausencia de una regulación jurídica aplicable en la materia, el acceso a la información había quedado como una concesión graciosa de la autoridad, sujeta a la buena voluntad de los funcionarios públicos y a la disponibilidad física de la información.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/mexicotai.pdf

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