DOSCIENTOS AÑOS DEL DERECHO ELECTORAL EN MÉXICO
El Derecho Electoral en México ha tenido la difícil tarea de ajustar los esquemas estructurales a las nuevas realidades políticas que en el día a día vamos forjando en la sociedad.
Los factores que han devenido en motores de dichos cambios son de carácter variado. Entre los más importantes encontramos la globalización que ha potenciado el triunfo de las democracias a nivel mundial como el mejor sistema de gobierno. Asímismo, se ha dado un auge del sistema pluripartidista y se ha dado peso a la opinión pública y a los medios de comunicación con respecto a los actores políticos y el gobierno, las tendencias económicas mundiales, el involucramiento de nuevos grupos de interés en la política y el gobierno y la existencia de una ciudadanía más interesada en la política y atenta a sus gobiernos.
Los seres humanos nos definimos por la capacidad para crear cultura, preservarla y transmitirla por medio de la educación. Esto implica la presencia de dos elementos inseparables: vida social y lenguaje. Este último ha sido la piedra de toque para la preservación de la experiencia
acumulada y constituye, junto con la vida social y el pensamiento abstracto, la indisoluble trinidad que nos ha llevado por encima de los demás animales.
Ningún hombre es una isla, y al ser el hombre un animal eminentemente político, tal como lo definió Aristóteles, encontramos pues, inherente a tal naturaleza la necesidad de un orden, de un gobierno, para el bien común. Eso es lo que justifica la existencia de los gobiernos, del poder. Si bien, en muchas ocasiones ha imperado la ley de más fuerte, la experiencia acumulada de la humanidad ha ido poco a poco desechando lo que no nos sirve, por ello, la aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana: es la historia humana.
Así, las democracias van triunfando en todo el mundo, y es manifiesta una clara tendencia a transformar las estructuras institucionales y las formas de gobierno. Esto ha sido el leit motiv del Derecho Electoral en México y el mundo, la eterna dialéctica de las sociedades, nos lleva por las vías de la democracia y la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas, por la búsqueda de la convivencia pacífica y la tolerancia, evitando conflictos sociales, a través de la previsión con normas claras y canales institucionales de resolución de conflictos.
El análisis de la naturaleza jurídico doctrinal del Derecho Electoral, nos lleva a definir al Derecho Electoral como “la rama del derecho constitucional que, dotado de un alto grado de autonomía, regula los procesos a través de los que el pueblo, constituido en electorado, procede a la integración de los órganos del Estado, a la periódica sustitución de sus titulares, así como aquellos procesos en que el mismo electorado interviene en la función legislativa o en la definición de una cuestión critica de política nacional, por medio de la iniciativa, el referéndum o el plebiscito, según sea el caso”, siendo sus elementos característicos su autonomía, los valores protegidos, la constitucionalidad, la legalidad, el derecho electoral sustantivo y adjetivo, formando parte de su marco jurídico doctrinal.
El Derecho Electoral es pues, más allá de normatividad, un verdadero sistema de valores y principios como la justicia y la seguridad jurídica, que regula las relaciones humanas con motivo de la elección, designación y remoción de representantes, mandatarios y servidores
públicos.
Ya desde el siglo XIX podemos encontrar en la legislación muestras de cómo las sociedades pugnaban por reglas claras en cuanto a las condiciones en que debía gobernarse. El 2 de mayo de 1808, el pueblo español, harto de la opresión francesa, se levanta contra la invasión francesa. Al mismo tiempo que el pueblo se rebela, también se organiza políticamente, creando las llamadas Juntas. Hay una convocatoria de las Cortes de Cádiz, en las que se elabora una Constitución, la primera en España, que cree en las ideas ilustradas. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812 siendo, por supuesto, aplicable también en la Nueva
España.
Resultado de la Revolución Francesa, que revolvió al mundo en busca de libertad e igualdad y fraternidad, así como la Independencia de los Estados Unidos de América, todo el siglo XIX se vio inmerso en la búsqueda de nuevas formas de gobierno y ordenamientos jurídicos más justos, por lo cual, podemos encontrar en la historia, nuestra transición hacia la Independencia y por ende, la formación de una nueva Constitución para ese naciente Estado, donde se destaca, obviamente, al ser un estado independiente, con el derecho de elegir su forma de gobierno, autodeterminarse y elegir a sus gobernantes, todo un entramado orgánico con el fin de determinar normas, procedimientos e instituciones que forman el antecedente primero del Derecho Electoral del México independiente.
Tales ordenamientos fueron el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, La Constitución Federal de 1824, las Leyes Constitucionales de la República de 1836, Las Bases Orgánicas de la República de 1843, La Constitución de 1857, resultado del México liberal, siendo este último ordenamiento el que estuviera vigente a fin de siglo, cuando nuestro país vivía bajo la dictadura del General Porfirio Díaz, en tales condiciones, que se generaría el estallido de la Revolución Mexicana.
En este marco comienza el Derecho Electoral del siglo XX. Porfirio Díaz, además de ser Presidente de nuestro país por más de treinta años, violó la actuación independiente de los poderes legislativo y judicial, invadió la soberanía de las entidades federativas y limitó las libertades políticas, a favor de un mando cada vez más centralizado, personalista y autoritario. Las elecciones presidenciales eran meros rituales con los cuales pretendía legitimarse el dictador, y sus campañas no eran otra cosa que actos de auténtico autoculto al hombre, a través de una normatividad promulgada para tales efectos: la Ley Electoral de 1901.
Son estas condiciones políticas, aunado a la terrible desigualdad de clases sociales y a la pobreza que existía entre obreros y campesinos (la mayoría de los mexicanos) el caldo de cultivo que propicia, inexorablemente, la Revolución Mexicana encabezada por Francisco I.
Madero. El triunfo de dicha lucha se corona con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, vigente hasta nuestros días.
El periodo post revolucionario fue prolijo en la creación de leyes y decretos en materia electoral, 22 leyes y decretos de 1917 a 1991.
Dichos ordenamientos jurídicos pretendían en un inicio hacer válidos los principios fundamentales que dieron origen a la Revolución Mexicana: no reelección, sufragio efectivo, elección directa y mayor libertad en la participación política.
Es importante destacar, que si bien el sufragio popular era un derecho fundamental de la Constitución de 1857, éste mismo estaba restringido a los hombres mayores de edad y “con un modo honesto de vivir”. Es hasta 1953, que se publica en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional que rezaba: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”. Fue en 1955, en las elecciones del 3 de julio las mujeres acuden a emitir su voto a las urnas, para elegir Diputados Federales XLIII Legislatura.
La doctrina ha dividido en tres etapas el Derecho Electoral del México del siglo XX, a saber: a) la etapa formativa de 1946 a 1963, donde se gestó el PRI como partido hegemónico y nace el PAN, en 1939, como una oposición real al partido-gobierno; b) la etapa clásica de 1963 a 1979, caracterizada por la deformación de la representación política, la exclusión de actores importantes y la consecuente falta de credibilidad a los procesos electorales; y c) la etapa posclásica de 1976 a 1988, donde se consolida en México el llamado “Estado de Partidos”.
Los terribles excesos de esta “dictadura perfecta” como la llamaría el escritor peruano Mario Vargas Llosa, traerían como consecuencia que la oposición apuntara la necesidad de una nueva ley electoral y de una cruzada a para recuperar al menos un poco, la credibilidad en el sistema político mexicano impuesto desde hace más de 60 años.
En 1990, se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (COFIPE), con el consenso de cinco de los seis partidos representados en el Congreso, buscando la transparencia y credibilidad de los procesos electorales, el ideal de siempre, el postulado por Madero.
Así, nace un Instituto Federal Electoral (IFE) ciudadanizado, se instala el Tribunal Federal Electoral, se elabora un nuevo padrón electoral confiable, la nueva credencial para votar con fotografía, con reconocimiento de validez como documento oficial, así como reformas en materia penal electoral, tipificando conductas como delitos en materia electoral.
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