DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

Las “reformas estructurales” recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el campo mexicano (la severa reducción de la participación del Estado en la promoción activa del desarrollo económico sectorial; la apertura comercial unilateral y abrupta, que remató en la inclusión completa del sector agropecuario en el TLCAN; y la reforma de la legislación agraria orientada a liberalizar el mercado de tierras) fueron presentadas como el infalible camino hacia la Tierra Prometida  de las mayores tasas de crecimiento de la inversión, la productividad y la producción agropecuarias, con las consiguientes derramas sobre el bienestar de la población rural.

Sin embargo, después de casi un cuarto de siglo de perseverante aplicación de las “reformas”, la

Tierra Prometida resultó ser un espejismo. Lo que realmente ha ocurrido en el campo mexicano —como demuestran los productos de investigación incluidos en este libro—, es exactamente lo contrario: una importante caída de la producción per cápita de alimentos y materias primas agropecuarias; un incremento dramático de las importaciones agroalimentarias; el desplome de los términos de intercambio de las cosechas básicas de la gran mayoría de los productores rurales, que hoy cobran —en poder de compra— la mitad o menos por unidad de producto; la dramática caída del capital de trabajo disponible en forma de crédito agrícola; la fuerte descapitalización de las granjas; y el agobiante incremento de la pobreza rural y de la migración allende la frontera norte.

Paradójicamente, “después del niño ahogado”, una visión realista es ahora compartida por el mellizo de Bretton Woods que más destacó como aguerrido promotor de las “reformas”, a través de sucesivos préstamos para el “ajuste” del sector agropecuario.

Este sector —reconoce el Banco Mundial— ha sido objeto de las reformas estructurales más drásticas (la liberalización comercial impulsada por el GATT y el TLCAN, la eliminación de controles de precios [id est, la supresión del sistema de precios de garantía o soporte, que constituía en México —y constituye en otros países, como Estados Unidos— uno de los más importantes instrumentos de fomento agropecuario: JLC] y la reforma constitucional sobre la tenencia de la tierra), pero los resultados han sido decepcionantes: estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural (The World Bank, Estrategia de Asistencia para el País 2002, Informe 23849-ME).

Tres años después, el propio Banco Mundial (véase Generación de ingreso y protección social para los pobres, 2005) observó: “la falta de dinamismo en el crecimiento agrícola y la ausencia de mejoras en la productividad de la tierra y el trabajo son una amenaza de consideración en términos de la pobreza rural”. Los reconocimientos se agradecen, aunque no cubran los costos del experimento neoliberal.

En el futuro, la cuestión crucial consiste en definir si el campo mexicano debe seguir siendo utilizado como un enorme laboratorio de experimentación de las recetas de “ajuste estructural”, o si hemos de reformular endógenamente nuestra estrategia de desarrollo rural, diseñando los instrumentos de política económica sectorial que abran los cauces del desarrollo sostenido con equidad.

Éste es precisamente el propósito de los trabajos incluidos en este libro: definir los cursos de acción y los instrumentos fundamentales de fomento para reconstruir y desarrollar nuestro sector agropecuario, forestal y pesquero, sobre bases socialmente incluyentes y ambientalmente sostenibles.

No se trata sólo de un asunto de conveniencia económica, social y ambiental; es también un asunto de seguridad alimentaria y de dignidad nacional. De afuera hemos aprendido —durante las últimas décadas— muchas malas ideas; habría que aprender las buenas ideas: “Somos una nación bendita porque podemos cultivar nuestros propios alimentos y por ello estamos seguros.

Una nación que puede dar de comer a su gente es una nación más segura”. Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente George W. Bush durante la firma de la Ley de Seguridad Agrícola e

Inversión Rural (Farm Security and Rural Investment Act of 2002), dentro de la tradición del nacionalismo estadounidense que considera su agricultura como sector estratégico, no sólo por razones económicas, sino también por razones de seguridad nacional.

Contrario sensu, la dependencia alimentaría de México ha alcanzado dimensiones inquietantes: las importaciones de granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz), que en 1985 ascendían a 16.3% del consumo nacional aparente (cna), alcanzaron 28.2% del cna durante el trienio 2003-2005; las importaciones de oleaginosas (soya, cártamo, ajonjolí y semilla de algodón) representaron 90.7% del cna en el último trienio; las importaciones de carnes rojas, que en 1985 ascendían apenas a

3.4% del cna, alcanzaron 27.8% en el trienio 2003-2005; y las importaciones agroalimentarias globales, que en 1985 ascendieron a 2 129.4 millones de dólares (y a 1 790 mdd en 1982), alcanzaron los 13 553.8 millones de dólares anuales en el trienio 2003-2005.

Es un resultado natural de la aplicación de los dogmas del Consenso de Washington en la agricultura mexicana. Para reconstruir nuestra agricultura, el primer paso consiste en desechar la visión tecnocrática que considera al campo mexicano simplemente como un problema; pasando a una visión más amplia que considera al sector agropecuario como parte de la solución de los grandes problemas nacionales. De hecho, ningún proyecto nacional de crecimiento es bonancible. Teniendo los recursos naturales y humanos para producir nuestros propios alimentos, es inadmisible que estemos realizando enormes importaciones agroalimentarias, que en 2005 alcanzaron los 14 292.5 millones de dólares. No sólo estamos enviando al exterior, por ese concepto, divisas escasas que podrían utilizarse para otros fines, sino que estamos perdiendo empleos rurales, subutilizando nuestros recursos naturales, reduciendo los ingresos campesinos y aumentando la pobreza rural. Además, perdemos los efectos de arrastre de la actividad agropecuaria sobre la producción, el empleo y la inversión en otras ramas de la economía nacional.

Contrario sensu, un sector agropecuario vigoroso puede cumplir las funciones cruciales en el desarrollo futuro de México. Por una parte, la producción de una oferta interna suficiente de alimentos y materias primas agrícolas, contribuirá al equilibrio de las cuentas externas, sin que ello se contraponga a la generación de excedentes exportables en cultivos de alta densidad económica en los cuales México tiene, desde hace décadas, un lugar ganado en el mercado mundial, así como en nuevos productos exportables con nichos de mercado. Por otra parte, la generación de empleos agrícolas adicionales, vía sustitución de importaciones agroalimentarias, es una contribución que el campo puede hacer para reducir presiones sobre los mercados de trabajo urbanos y para generar efectos multiplicadores sobre otras ramas de la economía. (Además, no hay que olvidar la multifuncionalidad de la agricultura, la silvicultura y la acuacultura, que pueden contribuir también a la conservación y manejo de nuestra biodiversidad; a la preservación de nuestra cultura agrícola ancestral, que alberga un gran potencial de alternativas de producción; y a la conservación de nuestros recursos naturales y del paisaje rural. Precisamente la brecha entre las ganancias sociales y las ganancias privadas de la actividad primaria ha sido aducida como poderosa justificación de los fuertes apoyos que recibe la agricultura en los países más exitosos del planeta.)

Ahora bien, para hacer factible el cumplimiento de estas funciones del campo en el desarrollo futuro de México, es necesario impulsar su dinámica productiva mediante una política integral de fomento agropecuario, forestal y pesquero, diseñada e instrumentada de manera concertada con los productores rurales bajo un criterio incluyente de todos los mexicanos en las tareas y los beneficios del desarrollo.

Sin pretender resumir aquí las propuestas de políticas promociónales contenidas en este libro, cabe destacar algunos instrumentos fundamentales: un sistema de precios de garantía o soporte con horizonte multianual, con el fin de incentivar la oferta de productos rurales; un programa integral de investigación y extensionismo, que incluya no sólo tecnologías convencionales sino también tecnologías alternativas; ampliación y modernización de la infraestructura rural; impulso al crédito agropecuario, forestal y pesquero, fomentando especialmente las microfinancieras y los fondos de autoaseguramiento; e instrumentación de programas específicos que —sustentados en el conocimiento de la multimodalidad de nuestra producción rural— incentiven el desarrollo productivo de las pequeñas granjas familiares.

Un programa integral de fomento de la producción rural no sólo contribuirá al equilibrio de las cuentas externas, a la estabilidad de los precios internos y al dinamismo general de la economía mexicana, sino también a la armonía en el patrón de desarrollo, al mejoramiento ambiental, a la seguridad alimentaria y a la equidad social.

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