El derecho a la salud en México, Problemas de su fundamentación

El derecho a la salud en México, Problemas de su fundamentación

Los derechos económicos, sociales y culturales han sido abordados demeritando su naturaleza jurídica cuando no les atribuyen el estatus de derechos, sino de aspiraciones sociales motivadas, súplicas de beneficencia o justicia distributiva, programas o directrices, que se trata de generalidades y no de prescripciones concretas, o bien, que no son derechos humanos por no ser universales sino que están dirigidos a ciertas personas o grupos de personas, o porque son mercancías o servicios sociales.

El desconocimiento de sus propiedades jurídicas obedece a diversos motivos, entre ellos se pueden encontrar:

1. El reconocimiento jurídico-histórico dispar,

2. Los modelos económicos que observan incongruencias entre la planificación económica y los derechos humanos,

3. Las diferentes obligaciones estatales que implican, y

4. La heterogeneidad entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Los derechos civiles y políticos son reconocidos jurídicamente en un primer momento en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y enseguida en las Constituciones de los diferentes países; en cambio, los derechos económicos, sociales y culturales son reconocidos en los documentos constitucionales paulatinamente.

Las constituciones francesas de finales del siglo XVIII reconocieron la instrucción como una necesidad del hombre y del ciudadano, la enseñanza primaria gratuita y la educación profesional como un medio para el desarrollo del trabajo del ciudadano y la asistencia pública de los necesitados.

A partir del siglo XX, otros países como México y Alemania los incluyeron como derechos constitucionales y generaron su expansión de forma lenta pero continua.

El Estado liberal se complementó según las circunstancias que el hecho social reclamaba y en algunos países lo llevó a cabo bajo la forma de un Estado Social de Derecho o un Estado de Bienestar, y en otros sólo establecieron normas jurídicas con características sociales.

En esas formas de Estado la función de protección negativa de los derechos civiles y políticos no cambió, sino que la democracia amplió su espectro en áreas antes vedadas a su presencia o a su intervención, tales como: la economía, la educación, la cultura, la salud, la vivienda, el trabajo, las organizaciones sociales sindicales, partidarias, empresariales, religiosas, culturales, mercantiles, la seguridad social, las relaciones obrero-patronales, el comercio y la industria, entre otros.

A mediados del siglo XX los economistas, al revisar la complejidad de las sociedades, observaron que han requerido de estrategias de diversas disciplinas como las económicas, jurídicas y sociales, entre otras, para un mejor funcionamiento.

De igual manera, manifestaron que la planificación económica llega a coartar el ejercicio de los derechos, al grado de afirmar que no hay áreas de derechos individuales restringidas a los Estados respecto a los colectivismos, que al tener una finalidad unitaria deberían contar con un código ético, el cual reservaría un sitio para cada valor humano, sin embargo, se califica de una tarea imposible, por lo que dicho ordenamiento tendría numerosos espacios sin atender.

Lo anterior sólo muestra una continuidad de la materia económica considerada aisladamente respecto de la jurídica y una resistencia a efectuar esquemas integrales y transversales de actividades en las diferentes disciplinas.

En cuanto a las obligaciones de los Estados respecto de los derechos civiles y políticos, y de los económicos, sociales y culturales se han interpretado de forma distinta: respecto de los primeros se menciona que requieren un no hacer de las autoridades, una no interferencia en la vida privada de las personas (obligación negativa), y en cuanto a los segundos se señala que requieren de un hacer o de una obligación positiva, pero que además conlleva gasto público respecto a infraestructura, personal o bienes destinados a proporcionarlos.

Esa división no es tajante; de hecho, los derechos civiles y políticos también exigen gasto público en infraestructura y personal, por lo que ni siquiera las clasificaciones por separado son homogéneas.

Por lo anterior, en este trabajo decidimos primero analizar elementos cercanos o inmediatos a la realidad de los seres humanos, como las necesidades y los valores, para evaluar si podían identificarse las bases de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Nos interesa especificar el derecho a la salud de entre los derechos económicos, sociales y culturales, porque será el modelo para ejemplificar la realización empírica de lo que el orden jurídico mexicano y el derecho internacional de los derechos humanos establecen al respecto. Así comenzaremos con la exploración de la filosofía histórica en relación al tema de las necesidades, cuyo objetivo es revisar si ésas pueden establecer nociones de los derechos humanos, se recurre a estudiosos de los siglos XVII a XX porque se desea abordar la continuidad o evolución de la consideración de las necesidades.

Nos referimos a Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, Karl Marx, Agnes Heller, John Rawls, Amartya Sen, Nancy Fraser y Katharine G. Young. La indefinición de las necesidades nos obliga a abordarlas de acuerdo a las características de estudio con que han sido trabajadas, entre ellas: ontológicas, materiales, o como condiciones.

También se identifican los sujetos en las necesidades, cuál es su objeto y los medios utilizados para concretarlas. De tal análisis, nos dimos cuenta que por medio de ellas el ser humano identificó las cosas que eran valiosas para él mismo, que las necesidades han constituido lo directamente observable pero que dependen de un valor superior que las agrupa.

En ese sentido, se hace una exploración de los principales valores que han trascendido históricamente por medio del derecho, al ser incluidos en las Declaraciones de los Derechos del Hombre y enseguida en las primeras Constituciones, además de que continúan vigentes en ese tipo de documentos en los Estados occidentales.

Los valores y su relación con el derecho se revisan para saber si los primeros se incluyen en el segundo, cuáles han sido identificados y se recurre a autores clásicos como Locke, Montesquieu y Rousseau, y a contemporáneos como Santiago Nino, Ronald Dworkin, Zagrebelsky, Norberto Bobbio, Jürgen Habermas, Manuel Atienza y John Rawls. Ante las posiciones con respecto a que los valores sí pueden identificarse en el derecho, específicamente como principios jurídicos, revisamos dos recursos más para precisar a qué valores nos referimos y porqué, que fueron la obra de Rawls, La teoría de la Justicia y la concepción de la dignidad.

De tal forma, visualizamos la conexión entre los resultados obtenidos de la revisión teórica con los valores establecidos en las primeras constituciones, y los específicos y reiterados fueron: la libertad, la igualdad, y la seguridad jurídica, aunque de la revisión advertimos que hacía falta un valor soporte de las necesidades económicas y sociales y agregamos el de la adaptabilidad social a una vida plena, los cuales se encuentran representados en el derecho como principios jurídicos y desglosados como derechos de acuerdo a las necesidades de las personas.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_DerSaludMexico.pdf

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