Un acercamiento a las diferencias entre los principios de certeza jurídica y seguridad jurídica

Un acercamiento a las diferencias entre los principios de certeza jurídica y seguridad jurídica

En esta entrega número 30 de la revista Derechos Humanos México podemos encontrar cinco colaboraciones que versan sobre temas de actualidad y pertinencia en la discusión permanente sobre la conceptualización y la garantía de los derechos humanos: por un lado una revisión sobre las dimensiones filosóficas y prácticas de los principios de certeza y seguridad jurídica; la propuesta de un test de razonabilidad para identificar a los derechos humanos, ante la reivindicación o emergencia de nuevos derechos; la mediación y los mecanismos alternativos de solución de controversias, como medios autónomos a la procuración de justicia en la salvaguarda de derechos; la problemática que se da actualmente en nuestro país para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos, vista desde la CNDH, así como la propuesta de acciones para su atención, y una revisión y balance del proceso de reforma que llevó a la modificación de la Ley General de Víctimas en enero del presente año.

En suma, como el lector podrá constatar por cuenta propia, éste es un número en el que se da espacio a la expresión plural de ideas y estudios en materia de derechos humanos, los cuales se ponen a su disposición a fin de fomentar el diálogo, la construcción conjunta del conocimiento, y el fortalecimiento de la cultura de respeto y protección de los mismos.

En primer lugar, en el artículo “Un acercamiento a las diferencias entre los principios de certeza jurídica y seguridad jurídica”, María Teresa Orozco Escobedo elabora una explicación sobre el concepto de certeza jurídica, y lo distingue del de seguridad jurídica, a partir de una revisión epistemológica y doctrinal. Respecto del principio de certeza jurídica, la autora subraya su importancia para la garantía de los derechos humanos, al dar claridad respecto de los derechos y obligaciones de las personas, así como sobre las consecuencias de sus actos u omisiones, lo cual es la base sobre la cual el Estado puede ejercer su autoridad e imponer el cumplimiento de la ley; pero, a su vez, encontrar las restricciones a su actuar.

Igualmente, señala que la certeza jurídica hace posible la seguridad jurídica de las personas, la cual equipara a la correcta aplicación de las disposiciones y los mecanismos diseñados para salvaguardar los derechos de las personas, entre ellos, la presunción de inocencia y el principio de legalidad.

Por su parte, Luis Antonio Sámano Pita, en el trabajo “Identificando falsos derechos humanos a través del control de razonabilidad”, en un contexto en el que nuevos derechos están siendo reivindicados y en el que la complejidad de la realidad social hace cada vez más frecuente que diversos derechos colisionen y sea necesario hacer ejercicios de ponderación y de delimitación de sus alcances en casos concretos, pone sobre la mesa de discusión la necesidad de identificar cuáles son efectivamente derechos humanos y cuáles no lo son.

Lo anterior a través de lo que él denomina “control de razonabilidad”, basado en la aplicación de los siguientes estándares: finalidad, naturaleza, legitimidad, adecuación, necesidad y proporcionalidad.

A manera de ejemplo, el autor aplica dicho test al derecho a decidir. Sin lugar a dudas, el planteamiento del autor dará lugar a diversas reacciones, todas las cuales deben escucharse a fin de avanzar en el mejor entendimiento de los derechos humanos, atendiendo al fin último de éstos, la protección de la dignidad humana.

Más adelante, Emiliano Carretero Morales, en “La adecuación de la mediación y los métodos alternos de solución de controversias como instrumentos para la salvaguarda de los derechos” hace una revisión de los sistemas de procuración de justicia en México y España, explica las características de los métodos alternativos de solución de controversias, particularmente de la mediación, y revisa su puesta en práctica en ambos países, especialmente en el ámbito penal. Como resultado de dicho análisis, el autor concluye que los métodos alternativos de solución de controversias son un complemento de los sistemas de procuración de justicia, aplicables para ciertos casos en los que la vía judicial no sea necesaria ni la opción que mejor satisfaga los intereses de las personas involucradas, y que tenga mejores posibilidades de poner solución a un diferendo.

En el caso del derecho penal, el autor llama la atención sobre el especial cuidado que deberá ponerse en la utilización de estos mecanismos respecto de las necesidades de las víctimas, por lo que es indispensable la intervención de personal especializado, a fin de vigilar que en ningún momento se dé una vulneración a los derechos de las mismas.

Sin duda el trabajo de Rodrigo Santiago Juárez, “Un contexto adverso para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México (estudio introductorio a las Recomendaciones Generales 24 y 25 de la CNDH)”, es una colaboración muy útil para contextualizar la necesidad de los referidos pronunciamientos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el sustento y la pertinencia de sus recomendaciones para prevenir y evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos de las personas que ejercen el periodismo y que defienden los derechos de otras.

Respecto de la Recomendación General 24, se precisa que, si bien el tema de afectaciones a las personas que se dedican a la actividad periodística ya había sido materia de dos pronunciamientos previos por este Organismo Nacional (en las Recomendaciones Generales 17 y 20, de 2009 y 2013 respectivamente), la prevalencia de agravios en contra del gremio periodístico justifica la emisión de un nuevo pronunciamiento en el que se actualice el diagnóstico de la situación así como la formulación de recomendaciones.

Particular énfasis merece en el estudio la impunidad que impera en este tipo de actos, pese a que se ha avanzado en el reconocimiento de la problemática, en el diseño de mecanismos de protección y en el establecimiento de unidades especializadas para su investigación. Por su parte, en relación con la Recomendación General 25, se llama la atención no sólo sobre la inexistencia de unidades y protocolos especializados en la investigación de los delitos cometidos en su contra, sino también la estigmatización de la que han sido objeto estas personas.

En ambos casos, queda claro que la preocupación por la prevención, investigación y sanción de las agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos está reforzada por la función social y la contribución que estos sectores realizan a la garantía de los derechos de la sociedad en su conjunto. Finalmente, en la sección de artículos, Mónica M. Cruz Espinosa, en su colaboración “Hacia una garantía efectiva de los derechos de las víctimas.

La reforma a la Ley General (2016-2017): balance y propuestas”, hace una revisión sobre los antecedentes de la citada Ley, emitida en 2013, así como del diagnóstico sobre sus resultados a tres años del inicio de su implementación, el cual motivó un proceso de análisis en el seno del Congreso de la Unión que tuvo lugar en 2016, particularmente en el Senado de la República, impulsado principalmente por colectivos de víctimas pero también por organizaciones civiles, especialistas e instituciones públicas nacionales e internacionales, que cristalizó con la publicación de un decreto de reformas en enero del presente año.

En su estudio, la autora hace una sistematización de las inquietudes y propuestas formuladas por los colectivos de víctimas en distintos foros, así como de las distintas iniciativas de reforma al ordenamiento que integrantes del Senado habían formulado desde 2013, analiza el proceso de dictaminación de las mismas realizado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado, y concluye con un balance sobre los acuerdos alcanzados, resaltando los aspectos atinados de la reforma pero también aquellos que no tienen justificación desde una perspectiva de garantía de los derechos de las víctimas, y aquéllos cuyo éxito dependerá de una adecuada implementación.

En la sección de comentarios cinematográficos, Arturo Guillermo Larios Díaz nos presenta una reseña sobre Monsieur Chocolat del director Roschdy Zem, película estrenada en 2016 y basada en basada en el libro Chocolat clown nègre. L´histoire oubliée du premier artiste noir de la scène franҫaise, de Gerard Noiriel. En su colaboración titulada “Monsieur Chocolat, o la discriminación racial reflejada en el mundo del espectáculo a inicios del siglo XX, en Francia”, el autor realiza una detallada descripción de los elementos claves de la obra, acompañada de datos que nos ayudan a ubicarla en el momento histórico en el que se desarrolla la trama, basada en la historia real de Rafael Padilla, payaso de origen afrocubano que logró convertirse en un reconocido comediante en la Francia de finales del siglo XIX y principios del XX.

La pertinencia y actualidad de la película, desde una perspectiva de derechos humanos, es innegable cuando se observa con preocupación el resurgimiento en diversas partes del globo de discursos de odio motivado por el origen étnico, nacional o el color de la piel de las personas. De ahí la invitación a ver Monsieur Chocolat y reflexionar sobre lo que ha hecho posible que, a un siglo del fallecimiento del Rafael Padilla, no nos encontremos tan lejos del escenario social en el que vivió y actuó.

Por último, en esta edición Eugenio Hurtado Márquez nos obsequia una selección bibliográfica sobre Constitución y derechos humanos, en la que se puede observar la amplia gama de temas que son analizados desde una perspectiva de derechos humanos a partir del marco constitucional y los mecanismos establecidos en la Carta Magna para su protección.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Rev_Derechos_30.pdf

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